La idea de aumentar el número de escaños en un Parlamento que gasta más de Bs 263 millones al año no seduce. Diputados de regiones pequeñas y cívicos de esos departamentos creen que no hay beneficio por tener una más representación.
“Potosí va a perder curules, qué podemos hacer nosotros como regiones, yo soy de Potosí; nuestro Alcalde nuestro Gobernador están en la cárcel. ¿Quién ha sido responsable de ese voto? La población. Entonces, esas son las consecuencias. Cada sociedad tiene los líderes que merece y tenemos que asumir las consecuencias de la reducción de escaños tras el Censo”, dijo lapidaria la senadora Daly Santamaría (CC).
El 23 de marzo se realizará el Censo de Población 2024 en Bolivia. Sus resultados serán entregados al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en septiembre para la redistribución de escaños según esos datos. La Constitución Política (CPE) fija 130 diputados divididos en tres grupos: Plurinominales, uninominales y circunscripciones especiales.
El ministro de Justicia, Iván Lima, propuso hace poco, el 22 de febrero, que se podría plantear una reforma constitucional e incrementar los 130 diputados a un número no determinado para evitar los conflictos con las regiones y de este modo aplicar los resultados del Censo.
La senadora Virginia Velasco (MAS-ala arcista) afirmó que se puede abrir un debate sobre esa propuesta y aumentar el número de diputados, porque el número de pobladores también es diferente a los censos pasados. Fue la única legisladora que apoyó la propuesta.
“Se requiere de una reforma constitucional efectivamente, pero no creo que esté sea el momento oportuno, estamos viendo que para leyes de rutina no podemos ponernos de acuerdo, no creo que sea el momento para hacer una reforma constitucional”, opinó la senadora y ex magistrada, Silvia Salame.
Desde 2009, la distribución de escaños está a cargo del TSE. En la CPE de 1967 no figura el número de representantes en la Cámara de Diputados. El artículo 60 de esa norma le daba la potestad al propio legislativo de elaborar una ley que fije la cantidad de diputados.
En la reforma constitucional de 1994 se cambió la redacción del artículo 60, pero mantuvo la potestad para que el legislativo defina, a través de una ley, la distribución de 130 escaños en Diputados en función de la población. En el Senado, la representación es territorial.
“La distribución del total de escaños entre los departamentos se determina por ley en base al número de habitantes de cada uno de ellos, de acuerdo al último censo nacional. Por equidad, la ley asignará un número de escaños mínimo para los departamentos con menor población y menor grado de desarrollo económico. Si la distribución de escaños para cualquier departamento resultare impar, se dará preferencia a la asignación de escaños uninominales”, señala ese Artículo 60 (CPE:1967).
La Carta Magna de febrero de 2009 otorgó esa labor al TSE y la norma pasó al Artículo 146. Señala que la distribución de escaños se determinará por el ente electoral en base al número de habitantes, según el último censo. La distribución debe ser ratificada por ley.
En ese contexto, las pugnas por escaños fue una constante en la historia legislativa del país. El antiguo edificio del Congreso fue escenario, hasta la legislatura 2015-2019, escenario de esa pugna. Diputados, en su mayoría varones, muchas veces se agarraron a trompazos para defender la representación regional.
A seis meses de conocer los primeros resultados del Censo, el clima político del país tomó distancia de la pérdida o ganancia de curules. Hasta el momento, ninguns fuerza regional o política fijó postura sobre el tema. Santa Cruz es la región que mayor expectativa tiene al respecto.
Antecedentes. En 2001, en la presidencia de Jorge Tuto Quiroga, se realizó el Censo de Población y Vivienda. Para las elecciones de 2003 debían distribuirse los escaños, pero evitaron ese problema. En 2005, luego de la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y cuando ejercía la presidencia, Eduardo Rodríguez Veltzé, se produjeron las pugnas. Desde julio de ese año comenzaron los reclamos porque Santa Cruz pedía cuatro escaños, en desmedro de las Potosí y Cochabamba.
En el Parlamento de 2005 hubo peleas, huelgas de hambre y repliegue de brigadas, como la cruceña, potosina y cochabambina. Llegó fin de octubre de ese año y nadie cedían en sus demandas. El 1 de noviembre, Rodríguez Veltzé promulgó el Decreto 28429, por el cual mandó a distribuir los escaños ante la imposibilidad de acuerdos.
Así, la Cámara de Diputados se distribuyó del siguiente modo: La Paz 29 escaños; Santa Cruz 25 curules; Cochabamba 19; Potosí 14; Chuquisaca 11; Oruro, Tarija y Beni nueve cada uno y Pando se quedó con cinco diputados. Esa distribución duró hasta 2013, cuando ya se había realizado otro Censo en 2012 y se aproximaban las elecciones de 2014. Pese a que el MAS tenía el control total del Parlamento, no fue fácil la aprobación de una ley. El 4 de octubre de 2013 la mayoría masista impuso su criterio en medio de peleas dentro el hemiciclo. Varios vidrios del lugar se rompieron.
La Ley 421 distribuyó los escaños con mucha resistencia. La Paz conservó los 29 curules; Santa Cruz sumó 3 y llegó a 28; Cochabamba mantuvo 19; Potosí perdió 1 y se quedó con 13; Chuquisaca bajó a 10, Oruro y Tarija conservaron nueve; Beni perdió uno y llegó a ocho curules y Pando mantuvo los cinco.
“Nos parece que ahora se está buscando aumentar la cantidad de escaños para equiparar las fuerzas. Hoy por hoy en la Asamblea Legislativa el arcismo es minoría”, lanzó el diputado Alejandro Reyes (CC).
Los diputados de Santa Cruz están seguros que su región pasará a ser la primera en representación. En agosto de 2023 el Instituto Cruceño de Estadística (ICE) proyectó una población de cuatro millones en la región. El Gobierno rechazó esa cifra a la espera de este Censo.
Según el Presupuesto General del Estado, aprobado en enero, la Asamblea tiene Bs 263.276.582. El gasto en sueldos será de Bs 182.127.207. Los diputados titulares ganan Bs 22.633 al mes y los suplentes Bs 7.544. Solo en Diputados hay 278 escaños 139 titulares y otros 139 suplentes. La planilla de sueldos de todos los diputados llega a Bs 4.194.598 cada mes.
ANÁLISIS
Es señal de que no quiere pelear con las regiones
Paul Antonio Coca –
CONSTITUCIONALISTA
La Constitución Política del Estado (CPE) se puede modificar con un referendo efectivamente, pero en realidad es una salida del Gobierno que no quiere meterse en nuevos problemas. Se sabe que después del Censo, previsto para este 23 de marzo, hay regiones que van a querer más escaños por la migración interna y obviamente los departamentos más poblados tienen que ganar. En esa lógica, los menos poblados tienen que perder.
Entonces, esta (propuesta) de incrementar los escaños para cada una de las regiones, sería una salida muy apresurada del Gobierno. Creo que ya están dando una señal de que no quieren pelear con las regiones y prefiere hacer un referéndum antes de las elecciones 2025, unos comicios clave para el futuro.
Otra cosa. Hay que ver si hay recursos económicos suficientes para un referéndum. Se debe medir la organización del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y si los plazos dan, porque primero está la elección judicial, luego tienes elecciones primarias, entonces, cómo hacemos con las elecciones generales, en los plazos previos a los comicios.
La última redistribución de escaños fue durante el gobierno del presidente Eduardo Rodríguez Veltzé con un Decreto Supremo, fue cuando el legislativo no se puso de acuerdo, pero Rodríguez no distribuyó los escaños que tenía que ser sino fue lo mínimo necesario, para generar una gobernabilidad y llevar adelante las elecciones de 2005. Este es un detalle importante.
Ahora, la situación ha cambiado, en la época Rodríguez Veltzé se tenía un Tribunal que respetaba la ley y que tenía el mandato de llamar a una elección. Hoy vamos a ver que cualquier norma de esa naturaleza puede ser impugnada por evistas o por opositores. El escenario no es igual y hay que ver si los escaños se asignan en este mismo año.
