15 de marzo de 2024, 4:00 AM
15 de marzo de 2024, 4:00 AM
El sistema de radares funciona sin reglamentación. Los 13 aparatos están instalados en diferentes regiones del país y ya empezaron a identificar a aviones y avionetas irregulares en espacio aéreo boliviano. La Policía y la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) no pueden interceptar estos vuelos -dedicados en su mayoría al narcotráfico- porque no existe un reglamento, que debe ser aprobado a través de un decreto supremo. Además, el mantenimiento de los radares se lo realizará con recursos que se obtengan del aumento de tarifas a pasajeros externos.
El diputado Óscar Balderas, de Comunidad Ciudadana (CC), envió -a través de la Presidencia de Diputados- una Petición de Informe Escrito al ministro de Defensa, Edmundo Novillo, para que explique en qué medida están funcionando los radares, entre otras consultas.
“El Ministro de Defensa no ha respondido aún a nuestra Petición de Informe Escrito, en la que justamente le preguntábamos que nos explique si ya están cobrando los sobrevuelos a las líneas aéreas extranjeras. También le hemos preguntado muchas otras cosas, por ejemplo, si la empresa Thales ha cumplido con el contrato, si su tecnología es adecuada, cual es el rol del Sidacta (Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo) en la lucha contra el narcotráfico”, detalló Balderas en contacto con este medio.
En agosto de 2016, Bolivia adquirió 13 radares de tecnología francesa por el valor de $us 225 millones. Estos equipos fueron instalados en 22 puntos del país. Están en todos los departamentos y en Santa Cruz funcionan en el aeropuerto Viru Viru, en Roboré y en San Ignacio de Velasco. El de Viru Viru es de uso para los vuelos comerciales.
En 2022 hubo cuatro intentos para llegar un acuerdo interinstitucional. El Ministerio de Gobierno pidió en cuatro ocasiones -con notas oficiales- a su par de Defensa firmar un convenio de coordinación interinstitucional para la utilización de los radares en la lucha contra el narcotráfico.
Ese acuerdo llegó a mediados de 2023. El ministro Novillo informó que hubo acercamientos con Gobierno, sobre todo para establecer cómo se iban a interceptar los vuelos ilegales. La idea es que en el aire opere la FAB y en tierra la Policía Boliviana. Todo ese trabajo debía estar plasmado en un reglamento, que debe estar elevado a rango de decreto supremo.
Novillo indicó en noviembre de 2023 que el Ejecutivo emitirá un decreto supremo que regule los trabajos de detección junto a una “acción excepcional” que permita derribar al avión interceptado en “legítima defensa” cuando se identifique un comportamiento hostil. Ese documento debía pasar por la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (Udape) y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conapes). Este medio revisó la Gaceta Oficial y no encontró ningún decreto supremo que regule el funcionamiento de los radares.
Existe preocupación por el aumento de narcopistas en Bolivia y la cantidad de avionetas secuestradas al narcotráfico. Las pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico se duplicaron en un año. En la gestión 2022, el Gobierno destruyó 67 aeródromos ilegales en diferentes zonas del país y en 2023 la cifra creció a 122.
Para Jorge Santistevan, analista y coronel en servicio pasivo, existen aeronaves repotenciadas para poder trasladar por lo menos entre 500 a 800 kilos de droga y que son acondicionadas con un segundo tanque de combustible para alargar la autonomía de vuelo. El experto en temas de seguridad consideró que es necesario tener la reglamentación para que estas avionetas puedan ser detenidas.
“A las autoridades no les da la gana de controlar la cantidad de gasolina de aviación que sale del aeropuerto del Trompillo. Lo que hacen (las mafias) es acumular el combustible y ese es un negocio muy grande para el narcotráfico”, dijo Santistevan.
La diputada Deisy Choque, del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS), pidió al Ministerio de Defensa terminar con el reglamento para poder avanzar en la lucha contra el narcotráfico.
Mientras, el diputado Héctor Arce, del bando evista del MAS, cuestionó que el Gobierno no haya aprobado ese reglamento a pesar de que existe un aumento de narcopistas. El legislador apuntó al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de “encubrir” a las mafias del narcotráfico.
“Hay personeros del Gobierno, como el ministro de Gobierno, que están encubriendo el narcotráfico. Ellos tienen sus propios datos: el número de narcopistas se duplicaron y hay más avionetas dedicadas al narco. Ellos lo saben y no hacen operar los radares que se adquirió en la gestión de Evo Morales para combatir el narcotráfico”, cuestionó Arce.
Seis de los 13 radares se utilizarán para los vuelos civiles y comerciales y estarán bajo administración de la autoridad estatal de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). Para el mantenimiento de esos radares se usarán recursos del aumento del impuesto a tarifas de pasajes al extranjero.
