10 de abril de 2024, 19:43 PM
10 de abril de 2024, 19:43 PM
Arturo Murillo no esperó más de tres días como ministro de Gobierno para realizar compras grandes. El 16 de noviembre de 2019 el exministro empezaba un negocio grande con la adquisición de armamento no letal. Solicitó este tipo de armas para enfrentar las protestas, pero no fue hasta 2020 que ese proceso de compra se hizo realidad, pero con mucho sobreprecio. Hoy, Murillo, detenido en una cárcel de Miami, debe indemnizar a Bolivia con 6.287.525,42 dólares en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos.
En 2019, a la semana de irrumpir en el poder Jeanine Áñez, Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS), quien fue intermediaria con la firma brasileña Cóndor. Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales, según las investigaciones, $us 2,3 millones fueron sobreprecio.
Hoy Murillo está encerrado en una cárcel de Miami. Era el “hombre fuerte” del gobierno de Jeanine Áñez. Es el preso número 02358-506 y se lo vio en más de una oportunidad de color naranja, con el traje de preso. Está encerrado por participar de un plan de soborno y utilizar el sistema financiero de Estados Unidos para “lavar” 2,3 millones de dólares que él y sus amigos desviaron de la compra de granadas de gas de triple acción, cartuchos con perdigones de goma y bombas lacrimógenas de corto y largo alcance para el Gobierno de Bolivia.
Las que eran las oficinas de Bravo Tactical Solutions (BTS) estaban a una cuadra de la cárcel donde está Murillo. Fue desde esta empresa desde donde, según el proceso judicial, Murillo conspiró para delinquir junto a sus amigos de infancia de su natal Cochabamba. El exminsitro mezcló la amistad, los negocios, la política y la corrupción y le fue muy mal.
¿Quiénes fueron los socios de Arturo Murillo?
Entre sus amistades están Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, hoy preso en la cárcel de San Pedro de La Paz luego de ser deportado desde Estados Unidos; Philip Lichtenfeld; Luis Berkman Littman y su hijo, Bryan Samuel Berkman. Todos ellos estaban detenidos en Miami, pero algunos consiguieron beneficios. Con ellos armó un plan para desviar dinero del Estado cuando aún Bolivia se sanaba de la crisis poselectoral de 2019.
La investigación del agente especial Jonathan Eades, del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se realizó en 2020, registra que el 16 de noviembre de 2019, con tres días en el poder, Murillo envió un correo a sus amigos de Estados Unidos Luis Berkman Littman y Bryan Samuel Berkman para que le realizaran una cotización de gas lacrimógeno, pese a que el proceso de compra ya lo había iniciado su antecesor Carlos Romero, por 5,6 millones de dólares y con la empresa brasileña Condor.
Luego, Murillo desactivó las gestiones que estaban en curso. El 26 de noviembre, “mediante nota Cite: MG/DGGA/Nº1463/2019, comunica a la empresa CONDOR que se tomó la decisión de realizar la adquisición de productos no letales por excepción, a través de la empresa intermediaria BRAVO TACTICAL SOLUTIONS LLC (SIC)”, señala el informe de la comisión legislativa que investigó este caso en 2020.
La influencia de Murillo en el gobierno de Áñez
Tres días después, el gobierno de Áñez promulgó el Decreto Supremo 4090, que autorizó la compra del gas lacrimógeno “por excepción”. Ese no sería el único decreto, se promulgaron otros dos más para que los gases fueran adquiridos a través del Ministerio de Defensa, en el exterior del país y que los costos de importación fueran asumidos por el erario nacional.
Ahora, Murillo debe pagar al Estado boliviano más de seis millones de dólares por daño económico en un juicio civil que inició Bolivia contra la exautoridad por el caso de «gases lacrimógenos». La Procuraduría General del Estado informó ayer que la sanción no sólo es contra Murillo sino contra su exjefe de gabinete Sergio Méndez que en este caso también fue sentenciado en una primera condena por la justicia estadounidense.
La Procuraduría contrató al consorcio de abogados estadounidenses Greenberg Trauring PA, para su defensa y mediante el que se logró en la vía de reparación civil dos sentencias emitidas por la jueza Lisa Walsh de Miami Florida. La primera fue contra Méndez emitida el 3 de abril y la segunda que fue contra Murillo se emitió ayer, martes 9 de abril.
