25 de abril de 2024, 8:15 AM
25 de abril de 2024, 8:15 AM
En medio de una serie de cuestionamientos en contra de su gobierno, el presidente Luis Arce pidió no instrumentalizar la muerte de Juan Carlos Montenegro, exgerente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), con fines políticos.
“Quiero expresar mi profundo pesar por el fallecimiento de Juan Carlos Montenegro. Envío mi más sentido pésame a la familia y seres queridos en estos momentos. Asimismo, hago un llamado para que no se instrumentalice el dolor de esta pérdida con fines políticos mezquinos. Es momento de respeto y solidaridad ante el dolor de la familia”, escribió Arce cerca de la medianoche del miércoles en su cuenta en X.
El mismo miércoles 24 de abril se conoció que fue encontrado muerto Montenegro y que había dejado una carta póstuma en la que asegura que no se prestará “a ser vejado y humillado por una justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor”, después de que fuera involucrado en los presuntos hechos de corrupción en la construcción de piscinas industriales de evaporación de YLB.
El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, dijo que Montenegro fue “víctima de persecución política”.
“El fracaso de la industrialización del litio por parte del Gobierno Nacional no sólo genera la detención ilegal y abusiva de honestos profesionales, sino la muerte de hermanos que podían seguir aportando al crecimiento de nuestra amada Bolivia. El plan gubernamental de Lucho (presidente Arce) y David (Choquehuanca, vicepresidente del Estado), de ocultar el fracaso de su estrategia en la extracción directa del litio, está ocasionando tragedias como la que hoy estamos viviendo con el hermano Montenegro y es su responsabilidad”, afirmó Morales.
Por su parte, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé señaló que “el uso abusivo de la acusación penal, para exigir responsabilidades por el ejercicio de la función pública ante fiscales y jueces, que sumisos disponen la inmediata ‘detención preventiva’ de los acusados, sin investigación previa y a sola solicitud gubernamental, es una práctica habitual contraria a las garantías del debido proceso y a los derechos humanos”.
Agregó que esa situación seguirá siendo una práctica para judicializar la política “sin voluntad para iniciar una reforma judicial”.
