7 de mayo de 2024, 19:57 PM
7 de mayo de 2024, 19:57 PM
Organizaciones vecinales y políticas tomaron la decisión de salir a las calles a protestar contra el Decreto 5143 con el que el gobierno del presidente Luis Arce ordenó la digitalización de la oficina de Derechos Reales que está a cargo del registro de la propiedad privada.
La primera protesta tendrá lugar a partir de este viernes en varias ciudades del país. La exigencia es la derogación de la norma y por eso también un recurso abstracto de inconstitucionalidad y se una el anuncio de queja internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Activista, políticos de partidos de oposición y de la facción evista del MAS aseguran que el presidente Arce pudo vulnerar la Constitución con “la imposición” de un decreto que no fue concertado; además observan el intento del Ejecutivo de regular el registro que está bajo control del Consejo de la Magistratura, una entidad que es parte del Órgano Judicial.
Desde el Gobierno, niegan que el Decreto 5143 ponga en riesgo la propiedad individual, y ante los diversos anuncios de rechazo y protestas ven afanes políticos para confundir a la población.
El decreto crea un único registro digital de todos los bienes de la ciudadanía para lo cual “se debe aplicar las herramientas del Gobierno Electrónico” con instancias como la Agetic (Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación) que depende del Órgano Ejecutivo. Este aspecto generó desconfianza respecto al registro de las propiedades.
“El Sistema Único de Derechos Reales debe inter-operar con sistemas de otras entidades públicas a fin de simplificar y optimizar sus servicios, procedimientos y trámites”, establece el parágrafo II del Artículo 16 del decreto.
“Estado de emergencia”
“Son varios hechos preocupantes que están ocurriendo en la normativa nacional. Lo que más preocupó fue el Decreto 5143 implica un manoseo político como hace el Gobierno en todo lo que maneja”, afirmó a EL DEBER el diputado Miguel Roca de Comunidad Ciudadana (CC).
El 3 de mayo se reunieron en Santa Cruz de la Sierra parlamentarios de las bancadas opositoras CC y Creemos, representantes de plataformas ciudadanas como El Búnker, Hijos de la Patria y organizaciones sociales como las Fejuves, gremiales y transportistas, que analizaron la norma y crearon el Consejo Nacional de Defensa de la Propiedad Privada.
“Nos declaramos en estado de emergencia a nivel nacional”, dice el pronunciamiento de la organización que alista acciones de protesta para exigir al Gobierno que anule el Decreto 5143.
Tras esta movilización, el 20 de mayo se realizará otra marcha de protesta contra el Decreto 5143 pero esta vez a escala nacional.
La senadora de Creemos Centa Rek afirmó que el espíritu del Decreto 5143 atenta contra la ciudadanía y es una muestra de que el Gobierno de Arce ha decidido eliminar todos los órganos del Estado como el Legislativo y subordinar al Judicial a través de los auto prorrogados.
“Al haber aprobado un Decreto Supremo, y no una ley (el Ejecutivo) está, ipso facto, eliminado al Legislativo que es donde se deben generar las leyes. Definitivamente el poder manejar Derechos Reales por decreto le posibilita generar arbitrariedades”, dijo la legisladora.
Silva ve afanes políticos
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, rechazó las acusaciones contra el Decreto 5143 y calificó los anuncios como medidas enteramente políticas.
“Es una posición absolutamente política, malintencionada, maliciosa que tiene el único fin de generar susceptibilidad de la población a través del rumor y la mentira. Ninguno de los argumentos que ellos mencionan es válido porque hacen una mezcolanza de conceptos que son absolutamente falsos. No es una posición técnica ni responsable”, afirmó Silva a EL DEBER.
La autoridad defendió la norma con dos argumentos: Primero que el Decreto 5143 abroga Decreto Supremo número 27957 de 24 de diciembre de 2004 del gobierno de Carlos Mesa, quien a su vez abrogó el decreto reglamentario de la Ley de 15 de noviembre de 1887.
Segundo, dijo que es necesario aplicar herramientas para evitar irregularidades que están cometiendo los actuales funcionarios de Derechos Reales, entre ellas la extorsión que sufren los usuarios que deben hacer trámites en esas oficinas, la falsificación de documentos y de sellos de notarios, entre otros.
“He visitado en dos años todas las oficinas de Derechos Reales en el país y el común denominador de la gente con la que he conversado es la extorsión (…). Uno de los varios casos es en La Paz donde hemos recuperado una casa de unos inquilinos que sacaron de la propiedad a los nietos del dueño. Ellos decían ‘mi abuelo ha muerto hace 20 años, mi padre ha heredado, pero él murió con el Covid. Y nosotros hicimos la declaratoria de herederos, pero hace dos años le han hecho revivir a mi abuelo, ha aparecido un documento de transferencia con el que han inscrito la propiedad en Derechos Reales y tienen un folio real’. Como ese caso hay muchos”, contó Silva.
Recurso de inconstitucionalidad
Esta semana, el bloque evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) se sumó al rechazo del Decreto 5143. Desde el expresidente Evo Morales hasta legisladores de su línea exigieron la abrogación de la norma que “va contra la Constitución y pone en riesgo la propiedad privada”.
El diputado del MAS Santos Mamani anunció que presentará ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso abstracto de inconstitucionalidad de la norma, pero para que dicha acción sea revisada por los nuevos magistrados, y no así por los actuales, porque “los actuales prorrogados no están en vigencia”.
“Este Decreto es inconstitucional, va en contra de la ley y la Constitución. Debe abrogarse en su totalidad (…) Está ingresando el Ejecutivo a través de la Agetic, que es una instancia del Ministerio de la Presidencia para controlar la propiedad privada. Señores, pueblo de Bolivia, familias bolivianas, el Gobierno va a controlar sus terrenos, sus casas, sus propiedades agrarias. El Ministerio de la Presidencia va a ingresar a controlar donde nunca antes había controlado”, dijo el diputado Santos.
También argumentó que en vez de un decreto lo que corresponde constitucionalmente, cuando se trata de los derechos fundamentales de las personas, es aprobar una ley. “No es posible que ahora el Ejecutivo actúe al estilo dictatorial tomando el control de las instancias judicial y legislativa”.
De su lado, el senador evista Leonardo Loza exigió la inmediata abrogación del Decreto 5143 porque va contra la Constitución Política y contra la propiedad privada.
“Tiene que abrogarse, no puede quedarse así para el libre manejo del Gobierno a su gusto y antojo, es un decreto totalmente inconstitucional porque este tema solo puede manejarse en base a una ley. El pueblo tiene que movilizarse”, apostilló.
En esa línea, Evo Morales también reiteró que es urgente la abrogación de este decreto porque aseguró que atenta los derechos de los bolivianos.
“El Decreto Supremo 5143 aprobado por el gobierno, entre gallos y medianoche, atenta contra el derecho de propiedad de la población, tanto del área urbana como rural y genera un control a la privacidad de las familias bolivianas, a sus bienes inmuebles y a todos sus activos”, se lee en su cuenta de la red X.
¿Cómo se garantiza que el Ejecutivo no utilizará los datos de las personas para otros objetivos?, consultó este medio a Silva y la autoridad aseguró que “la garantía es que Derechos Reales va a seguir dependiendo del Consejo de la Magistratura” que es parte del Órgano Judicial.
“Es decir, no va a intervenir el Órgano Ejecutivo en estos temas. Los datos que tiene el Segip lo podrá compartir con Derechos Reales, los datos que tiene el Serecí lo podrá compartir y podrán interoperar con Derechos Reales. Los datos que tienen las alcaldías podrá interoperar con Derechos Reales, no con el Gobierno, no con el Ministerio de Justicia ni con ninguna instancia del Ejecutivo”, aseguró Silva.
