10 de mayo de 2024, 8:55 AM
10 de mayo de 2024, 8:55 AM
Un video o el testimonio de un agente servirán para juzgar a personas acusadas de robo y bajo un nuevo tipo penal planteado en un proyecto de ley que fue presentado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. En el acto, que tuvo lugar en la Casa Grande del Pueblo, estuvo el presidente Luis Arce.
“Cuando sea aprehendido, el investigador de la Policía Boliviana va a emitir un informe de acción directa y escribirá que fue en el nuevo procedimiento denominado sumarísimo penal. Ya los fiscales no emitirán una imputación, directamente emitirán una acusación penal en contra de estos delincuentes”, explicó la autoridad durante la presentación de la iniciativa.
“¿Qué quiere decir esto?” —continuó Del Castillo— “Que la primera y última audiencia que tengan estos delincuentes se los sentenciará a siete años (de prisión)”, precisó tras justificar la necesidad de la normativa que permita encarcelar de manera efectiva a los ciudadanos acusados de “robos, hurtos, abigeatos y jukeo (robo de mineral) entre otros”.
“Si ya tenemos a los testigos, si ya lo aprehendimos en flagrancia, si tenemos videos de seguridad ya no entendemos qué más se tiene que investigar; si el pueblo boliviano los ha visto”, complementó Del Castillo, quien puso en marcha varios procedimientos para exhibir a sospechosos de delitos, a pesar de observaciones de organizaciones de Derechos Humanos.
Del Castillo mostró las cifras de un estudio que realizó su despacho sobre esta problemática. Desveló que 21.330 delitos contra la propiedad se cometieron en 2023, una cifra mayor a las 20.406 trasgresiones cometidas en 2022. De hecho, de acuerdo con los datos mostrados ayer por la autoridad, el registro del año pasado fue el mayor de los últimos cinco años.
Lamentó que el 80% de los aprehendidos en 2023, un total de 2.400 responsables de delitos contra la propiedad, fueron liberados en medio de procesos legales. Además, cuestionó que a merced de los procesos abreviados las penas contra se reduzcan a dos años de prisión que al final no se cumplen. “Tenemos cada año 500 delincuentes que vuelven a las calles”, dijo.
Destacó el papel de la Policía y los Fiscales para capturar a los sospechosos, pero cuestionó al sistema penal que termina liberándolos, a pesar de haber sido detenidos en flagrancia. Por eso, justificó la creación del tipo penal de “apoderamiento flagrante de cosa ajena” que permitirá penas de siete años, dos años más en caso de ser reincidentes o extranjeros en situación irregular que sean responsables.
En la presentación, funcionarios del Ministerio del Gobierno mostraron carteles con los que expresaban la necesidad de contar con “una Ley Bukele”, en alusión a la política penal que puso en marcha el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que construyó mega-cárceles para neutralizar a las pandillas y el crimen organizado en su país. Esta estrategia fue cuestionada por varias organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.
EL DEBER hizo algunas consultas a fiscales en Santa Cruz. Desde esa dependencia observaron que la imputación y los procedimientos que están vigentes forman parte de las garantías constitucionales.
“La inflación de delitos y penas sin una política criminal que se ocupe de entender las causas que impulsan el delito y de promover políticas de prevención (…) no se resolverá ningún problema. Actualmente, las cárceles ya están llenas de presos preventivos (70%)”, señaló el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El exdignatario también señaló que en país hace falta “un sistema judicial con fiscales y jueces que garanticen debido proceso, imparcial y oportuno”. También apuntó a la necesidad de aplicar una codificación actualizada de delitos junto un Régimen Penitenciario que garantice derechos y rehabilitación. Observó que “sin mecanismos de reparación de víctimas”, tampoco se resolverá el problema de la criminalidad descrito por el ministro.
