4 de junio de 2024, 19:00 PM
4 de junio de 2024, 19:00 PM
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), integrado por magistrados denominados ‘auto-prorrogados’ en sus cargos, confirmó el fallo de vocales del Tribunal de Justicia de Santa Cruz que, aplicando la inteligencia artificial, ordenaron a tres periodistas el retiro de imágenes difundidas de una mujer ultrajada por un abogado docente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm).
El dictamen fue emitido contra los periodistas que divulgaron esas imágenes como denuncia de un hecho violento.
La sentencia del TCP, con el rótulo de “privado”, generó alarma a la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, la Asociación Nacional de Periodistas y gremios de comunicación del país que ven con preocupación que “se pretenda abrir una ventana para la autocensura y un directo atentado contra la libre expresión”, un derecho protegido por la Constitución.
La asesora de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero, consideró que con esta sentencia del TCP, “se busca acallar a los periodistas para ser censurados y auto censurados ante cualquier denuncia de violación a los derechos fundamentales de ciudadanos del país”.
Raquel Guerrero advirtió que los magistrados ‘auto-prorrogados’ han cometido el delito de prevaricato, resoluciones contrarias a la CPE, no gozan de legitimidad en sus actos por que cumplieron sus mandatos el 31 de diciembre del 2023.
La sentencia contra los periodistas fue emitida el 29 de abril de este año por la Sala Tercera del TCP que está conformada por los magistrados Petronilo Flores Condory y Isidora Jiménez Castro.
El primer dictamen salió el 17 de abril de 2023 por la sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia de Santa Cruz de los vocales Yimmy López y Diego Ramírez.
¿Cómo se originó este caso?
La mujer víctima publicó fotografías de las lesiones sufridas en todas las partes del cuerpo. Esas imágenes fueron publicadas por periodistas con consentimiento de la víctima, pero sin mostrar rostro ni identificando a la ultrajada protegida por ley.
Luego, la misma mujer demanda con una acción de privacidad. La misma acción fue planteada por el agresor, docente Carlos G.R.E. asegurando vulneración de sus derechos, a la intimidad, imagen, honra y reputación.
Los tres periodistas de Santa Cruz aseguran en su defensa que accedieron a publicar con la finalidad de proteger la integridad física y la vida de la víctima dando a conocer públicamente el hecho real.
Asimismo, los periodistas confirmaron que la víctima de la agresión había publicado en su Facebook las mismas imágenes que entregó a los informadores.
Eliminar las imágenes
El TCP confirmó en todas sus partes la resolución de los vocales de Santa cruz que ordenaron se elimine las imágenes publicadas por los periodistas, lo que significa que se obligó a bajarlas de todos los sistemas.
“Esto significa tender un muro de protección o coraza a los políticos en general para que busquen el pretexto de la sentencia ilegal de autoprorrogados para que todos los periodistas se apliquen la autocensura, callen las voces y la libertad de expresión que es una conquista histórica y que se ve ahora afectada en todas sus áreas y alcances”, dijo la jurista de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, Raquel Guerrero.
Las consecuencias del fallo fueron abordadas el lunes 3 de junio durante un encuentro realizado a instancias de la Asociación de periodistas de Santa Cruz, con el jefe de la sección política de la Delegación de Unión Europea en Bolivia, Andreas Pérez Fransius.
El representante de la Unión Europea escuchó y aseguró que uno de los principales objetivos es velar por los derechos y proteger a los periodistas contra las demandas judiciales, no solo en Bolivia, sino en Europa, donde pasa lo mismo.
¿Qué pasó con el agresor?
El principal acusado, el docente universitario señalado por la víctima de permanentes ultrajes físicos y sicológicos durante mucho tiempo, nunca fue citado por la Fiscalía. Al contrario, las organizaciones de periodistas denunciaron que usó influencias y presiones para manipular a la propia víctima y calificar a los periodistas como vulneradores de privacidad. El agresor sigue ejerciendo de catedrático en la Uagrm.
