1 de julio de 2024, 6:00 AM
1 de julio de 2024, 6:00 AM
“El mismo alcalde identificó como 100 terrenos de dominio municipal que están con alguna condición de avasallamiento, y que supuestamente se están recuperando. Sin embargo, siempre pusimos como ejemplo que el caso Mutualista es apenas la punta del iceberg”, dijo el concejal José Alberti, sobre esta problemática que cada vez cobra más cuerpo, y que se ensaña con terrenos que son de los cruceños.
Para Alberti, este avasallamiento es sistémico y ocurre en complicidad con autoridades jerárquicas de la Alcaldía y también de Derechos Reales, que luego ponen a sus ‘palos blancos’.
Dijo que el levantamiento de datos que hacen sobre este tema surge de las denuncias de los vecinos.
Otro concejal, Federico Morón, cree que los avasallamientos son un mecanismo de corrupción que abarca más de una gestión.
Lamentó que, como legisladores, les resulte difícil seguir el hilo a todos los casos porque este mecanismo tiene una estructura de personas que trabajan para estos fines en el Gobierno Autónomo Municipal (GAM) cruceño.
“Son los funcionarios que tienen acceso a toda la información, que son los mismos que no la comparten porque genera negocios. Estas áreas no se aseguran por falta de voluntad política. Podemos ver los casos de Colinas del Sur, Mutualista, Cordón Ecológico, Guapilo, y así por toda la ciudad”, aludió.
Sobre las declaraciones de una funcionaria, de que existía una plataforma abierta a concejales para ver la situación de los predios municipales, Morón respondió que haría el pedido, porque la realidad es que los concejales andan a ciegas.
“Qué condiciones tienen los concejales y ciudadanos de fiscalizar esto, si es un tesoro guardado por la cantidad de plata que implica el manejo de esta información”, insistió.
Millonaria pérdida
La concejala Lola Terrazas indicó que solamente ella hace seguimiento a siete casos, de los que le ha costado obtener la información.
Enumeró el avasallamiento en el distrito municipal DM-14, por Colinas de Sur, “emblemático por el tamaño de la superficie, 42 ha, que están destinadas a un parque urbano”, informó.
Según Terrazas, ya tenía una resolución de orden de desalojo en 2013, con Sandra Velarde, pero pasó el tiempo y en 2021, cuando empezó esta gestión, los vecinos y dirigentes, nuevamente hicieron la denuncia.
Dijo que entre los abogados de estos asentados figura una ex candidata a concejal de Angélica Sosa.
“Nosotros visitamos el lugar y la respuesta de Planificación fue contundente, son 42 ha cedidas por la Urbanización Credicasas Lafuente al GAM. Julio Novillo cedió al municipio como ordena la norma”, informó y agregó que la zona cumple una función ambiental porque hay áridos, “y donde hay áridos también hay reservas de agua”.
Otra observación de Terrazas es que nuevamente se hizo un proceso administrativo sobre el caso, que volvió a cero porque se hizo mal el trabajo. “Es lamentable porque hay plazos. No sabemos si fueron errores premeditados”, dijo.
Para ella, es necesario saber quiénes fueron esos funcionarios y de qué manera se los ha sancionado. “No puede ser que esto siga ocurriendo”, sobre la recurrencia de este problema que hace perder procesos al Municipio.
Otro caso es de los 300.000 m2 en la final Tres Pasos al Frente, detrás del Jardín Botánico, terrenos de acuerdo a uso de suelo para regulación de aguas pluviales. “El proceso administrativo concluido para el desalojo, pero sigue tomado por los avasalladores”, dijo.
También añadió que va por cuatro desalojos, el último en febrero de este año.
Otro de muchos casos es el de la avenida principal de la Radial 10, décimo anillo, proceso concluido y desalojado, pero “el Municipio no ha tomado acciones judiciales, al menos no tenemos información”, informó Terrazas.
Un cuarto caso es de los 1.900 m2 de área verde en la UV 249, DM-13, proceso administrativo de más de dos años paralizado. La concejala denunció que colombianos y venezolanos se encentran custodiando el lugar.
También está la toma del camellón central de las avenidas Transcontinental y 22 de Septiembre, en el barrio Jhonny Fernández, DM-8, donde se impide que continúe la obra de la avenida.
Citó los terrenos del Barrio Guapilo Junín, DM-7, UV 226, con una superficie de 1771,04 m2, y por último el conocido caso del Cordón Ecológico. “Esto permanece en investigación, es sobre predios municipales”, dijo.
El caso del mercado Mutualista evidenció que dos funcionarias también se ‘equivocaron’ al responder que no existía derecho propietario del Municipio sobre ese terreno.
En el Cordón Ecológico, se han pagado consultorías y se elaboraron estudio de biodiversidad y plan maestro, requisitos para zonificar el lugar, pero no se ejecutó hasta ahora.
Servicios básicos
Pablo Morales, dirigente del DM-14, donde están avasalladas 17 de las 42 ha del terreno para parque urbano, denunció a Cooplan SRL por instalar servicios básicos en un predio que es municipal y que además está en litigio.
Similar situación se da en el Cordón Ecológico, donde los habitantes nuevos de la final Canal Isuto tienen instalaciones, a pesar de las prohibiciones, mientras que en Ambrosio Villarroel y Puerto Busch se les niega este beneficio.
Normativa favorecedora
Varias normas, como la Ordenanza 172/2013, propuesta por Desirée Bravo; la Ley Municipal 186/2015: y la Ley Municipal 1193/2019, estas dos últimas de las gestiones de Percy Fernández y Angélica Sosa, de manera excepcional y temporal abren la posibilidad de aprobación técnica de planimetrías de barrios.
Hace un par de semanas entró al Ejecutivo un nuevo proyecto de ley, del concejal Miguel Fernández, para la regularización de los barrios.
Si bien al principio deja claro que está prohibido habitar zonas negras o de riesgo, luego abre la posibilidad al dejar esta decisión en manos de la Alcaldía. El Cordón es una de estas zonas negras, por ejemplo.
Otro punto dentro de este proyecto es que entre los requisitos para aprobar barrios hay un periodo corto, de solo tres años de asentamiento “pacífico”, pero además de acuerdo al visto bueni de juntas vecinales.
Fede Morón aseguró que el proyecto fue observado en el Concejo, pero que además hay juntas vecinales de todo tipo, como las afines a partidos políticos.
Se buscó a Arturo Morón, asesor de Miguel Fernández, para que explique mejor el proyecto, pero no respondió.
A Morón le preocupa la intensidad con la que se está socializando esta iniciativa de ley, y apuntó al concejal Denis Guzmán, además de Miguel Fernández.
Subalcaldías, un rol clave
En 2020, Angélica Sosa lanzó el decreto edil 936/2020, cuestionado hoy por varios legisladores.
En esta resolución se otorgan competencias a los subalcaldes para el cuidado y protección de los terrenos municipales.
“Este cambio de normativa deslinda de responsabilidad a la MAE porque deja todo a los subalcaldes, que son designados directamente por el alcalde. Si algo sucede, el incumplimiento no es del alcalde, sino del subalcalde”, observó Lola Terrazas.
Para Fede Morón, la Alcaldía es centralista, pero al momento de resguardar los bienes municipales sí deja fluir a la autonomía, aunque sin presupuesto o equipo legal suficiente. “Inteligentemente quedamos en un limbo”, opinó.
Alberti dijo que este decreto fue para que la gente se entre y avasalle los predios de dominio municipal. “Cómo es posible dar una competencia tan importante de resguardar los bienes municipales de los diferentes distritos, sin ápice de capacidad técnica, presupuestaria, o los recursos, sistemas”.
Mostró el POA de esta gestión, que otorga Bs 200 mil por subalcaldía, en total Bs 3 millones para todos los distritos, frente a “peces gordos como Isidro Umaña”, aludió.
EL DEBER pidió contraparte a Planificación, Jurídica y Dircom, pero hasta el cierre no hubo respuesta.
PARA SABER
PROYECTOS
Lola Terrazas informó que tiene un proyecto normativo para evitar la impunidad de los avasalladores, que en muchos casos son clanes familiares reincidentes. Por su parte, Alberti explicó que también introdujo un proyecto de ley para inventariar y resguardar el patrimonio municipal, pero lamentó que siga “durmiendo en la Comisión de Constitución” del Legislativo cruceño.
SUBALCALDES
Ex concejales explicaron que no reciben presupuesto, sino compras cotizadas y decididas desde la Secretaría.
