3 de septiembre de 2024, 18:51 PM
3 de septiembre de 2024, 18:51 PM
Ante el incremento de los casos de avasallamientos de tierras, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, exigió este martes a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la aprobación de un crédito de $us 40 millones para terminar el saneamiento de tierras y brindar seguridad jurídica.
De acuerdo al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) desde la llegada del presidente Luis Arce al poder el saneamiento de predios pasó de un 86% a un 93%, lo que representa 7,3 millones de hectáreas.
En este periodo, se han entregado 207.593 títulos de propiedad, principalmente a pequeños productores, comunidades y Territorios Comunitarios de Origen (TCO).
“Estos 40 millones de dólares son para garantizar que los pequeños productores, los medianos y los empresarios tengan seguridad jurídica y no se vayan desarrollando algunos conflictos en el tema de la tierra, como los avasallamientos”, dijo Flores.
En lo que va del mes de agosto, en el departamento de Santa Cruz se han registrado al menos cuatro avasallamientos de tierras, de los cuales dos tuvieron su cuota de violencia e incluso en uno de ellos se registró un robo.
La autoridad explicó que con ese financiamiento externo la finalidad es cumplir lo planificado por el Gobierno, de llegar al 100% de las tierras totalmente saneadas, en el país, hasta el 2025, año del Bicentenario.
“Queremos pedirles a los diputados y senadores que piensen en Bolivia y sobre todo en los productores porque el dueño de la tierra invierte más y produce más (…). Dejen de hacer política con el trabajo que se está desarrollando desde el Gobierno nacional”, exhortó.
Dijo que se hará las gestiones que sean necesarias y ya se coordina con las organizaciones sociales y productores (pequeños, medianos y empresarios) para que este proyecto de ley de crédito de $us 40 millones sea aprobado rápidamente.
A la fecha son más de $us 1.000 millones en proyectos de ley para créditos externos destinados a obras de inversión pública e infraestructura, que se encuentran bloqueados en su aprobación en el Legislativo.
