Un sector de la privada Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) pidió este jueves la mediación de Colombia, Cuba, México, Nicaragua y Venezuela en la disputa entre el Gobierno Luis Arce y el sector leal al expresidente Evo Morales (2006-2019).
Con una carta enviada a los embajadores de los países mencionados en Bolivia, el activista Édgar Salazar, que preside una facción de la APDHB señalada de ser afín al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), expresó «la más profunda preocupación ante la escalada de tensiones» entre los dos lideres.
«Estamos profundamente alarmados por el potencial conflicto social, de que esta situación se deteriore y desemboque en hechos de conflicto social, de mayores proporciones, con graves consecuencias para la vida y la seguridad de todos los involucrados», mencionó.
En el escrito se pide la intercesión de esos gobiernos para «facilitar un diálogo constructivo entre las partes», «garantizar el respeto a los derechos humanos de todos los ciudadanos», «prevenir la violencia y proteger la vida de los involucrados» y «promover una solución negociada» que satisfaga las aspiraciones de todos.
La facción de Salazar disputa la titularidad de la representación de la APDHB con el bloque histórico de esa entidad que lidera la española-boliviana Amparo Carvajal, quien ha sido crítica tanto a Morales como a Arce.
Los sectores leales a Morales mantienen hace 18 días un bloqueo de caminos en el que pide que el Gobierno levante los procesos judiciales contra el exmandatario por estupro y trata de personas, que consideran es una persecución política.
También, exigen soluciones a la situación económica del país y el respeto de un congreso del MAS que se celebró el año pasado, en el que los partidarios de Morales lo proclamaron como «candidato único» para las elecciones presidenciales de 2025.
En la víspera, el presidente Luis Arce exigió a los manifestantes «el levantamiento inmediato de todos los puntos de bloqueo» y mencionó que «no puede haber ningún diálogo» si no se suspenden las medidas de presión y que de lo contrario usará las «facultades constitucionales».
También el miércoles, Morales advirtió en una entrevista con EFE que si lo detienen habrá un «levantamiento» contra Arce por parte de los movimientos indígenas y que se amotinarán policías y militares.
Arce y Morales están distanciados desde 2021 por diferencias en la administración del Estado y de control del MAS.
El más reciente reporte oficial estableció que existen 24 zonas de bloqueo en Bolivia, la mayoría en la región de Cochabamba (centro) que es el principal bastión político y sindical de Morales, además de enlace de las carreteras que unen el occidente y oriente del país.
Los intentos de desbloqueo por parte de la Policía han terminado en enfrentamientos con los manifestantes, en los que hubo mayoritariamente heridos de parte de las fuerzas de seguridad.
Mientras que algunos gobiernos regionales además de sectores civiles y sindicales pidieron al Gobierno que declare «estado de excepción» para que se levanten los bloqueos, que según el Gobierno han causado una pérdida de 1.700 millones de dólares.
