5 de noviembre de 2024, 8:00 AM
5 de noviembre de 2024, 8:00 AM
Por Jenny Marquez y Jesús Vargas/ Investigación de Connectas y Verdad con Tinta
“Llegó el diablo” se rumoreaba en el pueblo en un soleado sábado de abril de 2018. Pero, a diferencia de aquel que se describe en los libros religiosos, este solo hacía diabladas en la cancha y, con unos kilitos de más y el mismo toque mágico de los años 90, llegaba con un aire de esperanza.
Aquel diablo era Marco Antonio Etcheverry, el futbolista que había comandado el histórico equipo boliviano que llegó por mérito propio al mundial de Estados Unidos 94. Esta vez, el jugador conocido como el Diablo era una de las leyendas convocadas para participar en el partido de las estrellas del fútbol boliviano que se jugó el 7 de abril de 2018 en la inauguración del estadio El Tonel del municipio de Uriondo del departamento de Tarija.
Estadio El Tonel, ubicado en el municipio de Uriondo. (Foto: Atemporal)
“¡Qué día más bonito para Uriondo con la inauguración del estadio municipal El Tonel!”, presumía el alcalde de ese entonces Álvaro Ruiz García. Las graderías, con una capacidad para 13.500 personas, estuvieron cerca de llenarse, por lo menos en el sector de preferencia.
La euforia fue tan corta que aquel partido inaugural fue también el último evento importante que se ha llevado a cabo en la infraestructura deportiva. Ni ese ni ningún otro día se ha llenado. Por el contrario, como un tonel, seis años después solo lo ocupa una oficina para la atención de la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia y de vez en cuando juegan algunos equipos de la liga interprovincial, donde son protagonistas algunos como el Villarreal La Angostura o Deportivo Chocloca.
El resto del edificio está inutilizado. La maleza crece alrededor del camino de tierra que lo bordea, un intenso sol va desgastando sus graderías y al sector de boletería lo tapan los escombros, mientras las parejitas aprovechan el olvido para escapar de los ojos del pueblo.
Igual que otras construcciones en el departamento de Tarija, el estadio municipal El Tonel fue financiado por el Tesoro General de la Nación (TGN) a través del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) en el mejor momento del boom del gas.
Verdad con Tinta y CONNECTAS recorrieron algunos proyectos icónicos en Caraparí, Uriondo, Yacuiba y Yunchará, diferentes parajes de esta sureña región, y encontraron monumentos al derroche construidos en la época de mayores ingresos.
Varias de esas obras estaban sobredimensionadas y hoy languidecen entre la maleza y la desidia de las autoridades que no deciden qué hacer con ellas y siguen subutilizándolas.
Ni fútbol ni festival en Uriondo
El estadio El Tonel es una muestra exacta del despilfarro de los dineros recogidos con el impuesto directo a los hidrocarburos: según el censo de 2024, Uriondo tiene 15.954 habitantes, es decir que en sus 13.500 plazas cabría el 85 % de su población.
Testimonios recogidos en el lugar indican que la gente acude poco a los eventuales partidos de fútbol que se programan en el escenario, porque los 5 bolivianos (menos de un dólar) que cuesta cada boleto son mucho para sus escasos ingresos. “Cuando hay eventos los chicos vienen, pero tenemos que pagar para entrar a ver. Casi no asistimos. Vivimos de la siembra, y este año, por la helada, ha salido muy poco”, dice una mujer de pollera al pasar por el lugar con su canasta de frutas.
En El Tonel se juega la fase definitoria de la liga provincial, lo que es considerado positivo por algunos como el periodista deportivo Ruddy Valeriano. Sin embargo, la cancha y el estadio muestran descuido y no son aptos para un partido del fútbol profesional, según especifica el propio reglamento de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).
A la falta de fútbol y de dinero para las entradas se añade una paradoja: aunque Uriondo es considerada “la tierra del vino de altura” y todos los años congrega artistas de renombre nacional e internacional en el festival de la vendimia, irónicamente, la alcaldía prefiere celebrarlo en la antigua cancha y no en el moderno estadio.
Esta obra monumental para el tamaño de la población fue ejecutada por el Ministerio de la Presidencia durante el Gobierno de Evo Morales Ayma, con una inversión de casi 34 millones de bolivianos, un aproximado de 5 millones de dólares. Hizo parte del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple.
Boleterías utilizadas como depósitos de escombros, basura y maleza alrededor del estadio El Tonel, ubicado en Uriondo. (Foto: Atemporal)
Pero El Tonel no es la única infraestructura desperdiciada. En la visita para esta investigación se encontraron otros proyectos abandonados como el museo colgante, la pinacoteca y las plantas de néctares y politubos. Todos fuera de funcionamiento.
La pinacoteca de Uriondo, por ejemplo, es un centro cultural inaugurado en 2019 con la exposición de obras de arte y el desfile de modelos con los cuerpos pintados. Como el estadio: inauguración y cierre.
La obra tuvo un costo cercano a los 3,2 millones de bolivianos, más de 500 mil dólares. “Clausurado. Gracias”, dice un pequeño papel pegado a una puerta de este centro cultural. La basura y los escombros se apropian de un lugar que había sido diseñado para el teatro, la tertulia, las pasarelas y las exposiciones.
El alcalde de Uriondo, Javier Lazcano Quiroga, si bien no es autor de ninguna de estas obras, no supo dar respuesta sobre lo que ocurre con ellas en el presente.
Ya en su despacho pidió tiempo para dar una información más detallada.
“Déjenme pedir los informes para contestarles con mayor precisión”, pero desde esa oportunidad y tras varias llamadas telefónicas y por lo menos seis mensajes de WhatsApp, no hubo respuestas.
A diferencia del actual ejecutivo municipal, don Josué Cuéllar Areco, exalcalde de Uriondo y dueño de una pequeña librería en ese municipio, se anima a hablar al escuchar que los clientes son periodistas. “Está muerto”, dice en referencia al estadio, al tiempo que lamenta con frustración que tampoco se esté haciendo algo para utilizarlo.
Don Josué gobernó en Uriondo en el año 2000, una época en la que, según dice, aún no había conciencia sobre los beneficios que traería el IDH, por lo menos en lo económico. Agrega que, pese al ingreso posterior de esos dineros, “no ha cambiado nada” en la calidad de vida en la región.
También recuerda cómo el entonces presidente Evo Morales decidió construir el estadio en un lugar donde ya había una pista olímpica y luego se olvidaron del mismo. “Cuando había dinero, las autoridades no sabían bien en qué gastarlo”, refiere.
Complejo deportivo sin usuarios e invernaderos sin agua en Yunchará
Visto desde Google Maps, Yunchará parece una pequeña mancha en medio del altiplano.
Es la capital de la provincia José María Avilés en el departamento de Tarija, un pueblo pequeño y coqueto que se puede recorrer en menos de media hora. Igual que Uriondo, Caraparí y Yacuiba, recibió grandes cantidades de dinero del impuesto directo a los hidrocarburos y no supo manejarlas.
Nativo Villa, subgobernador de Yunchará, lo resume: “No estábamos listos; era tanto dinero que recibieron las autoridades por IDH que no tenían la capacidad de administrarlo, nos faltó una mejor planificación”. Villa se refiere, por lo menos, a dos obras emblemáticas de este municipio de 4763 habitantes.
La primera es el Complejo Deportivo Zona Alta, que, en la entrada al pueblo, destaca por su costo y tamaño. La inversión superó los 14 millones de bolivianos (unos 2 millones de dólares) y marca un impresionante contraste con el entorno que lo rodea.
Complejo Deportivo Zona Alta, ubicado en el municipio de Yunchará. (Foto: Atemporal)
El proyecto incluye un gimnasio, un coliseo polideportivo, canchas polifuncionales, un restaurante, un albergue para mil personas, áreas verdes, parqueos y zonas recreativas. La ejecución comenzó el 17 de octubre de 2013 durante la gestión del gobernador Lino Condori Aramayo y se completó el 29 de junio de 2017 en la gestión de Adrián Oliva Alcázar.
Para la investigación se intentó en diferentes ocasiones contactar a Condori, pero no se obtuvo respuesta ni de las llamadas ni de los mensajes.
Como representante de la gestión de Adrián Oliva, a la cual le tocó inaugurar gran parte de estas obras, el exsecretario de Coordinación Waldemar Peralta Méndez argumenta en un breve mensaje que, según las normas de contratación pública vigentes en Bolivia, existe una “responsabilidad administrativa” por la paralización de proyectos, lo que obliga a concluirlos.
De lejos, la infraestructura del complejo deportivo se observa en buen estado, pero al recorrerla hay basura regada por el camino que la rodea; el césped sintético de los parques está deteriorado y el coliseo muestra signos de falta de mantenimiento, con láminas de calamina tiradas en el suelo.
Instalaciones descuidadas del Complejo Deportivo Zona Alta en Yunchará. (Foto: Jenny Marquez)
Casi ninguno de esos bloques funciona. Una parte del albergue se convirtió en el Instituto Tecnológico de Yunchará, cuya apertura fue en el año 2018 y que al comienzo ofreció cuatro carreras técnicas: Industria Textil y Confección, Turismo, Mecánica Automotriz y Veterinaria. Solo dos se mantienen en la actualidad: Industria Textil con 9 estudiantes y Turismo con 2. En total, 11 alumnos para todo el politécnico. La docente Celia Noemí relata que en la zona hay una fuerte deserción por las faltas de oportunidades laborales. “Prefieren irse de la comunidad para buscar trabajo”.
El instituto enfrenta problemas económicos. Los aportes del Ministerio de Educación han disminuido y ahora la institución depende en gran medida del apoyo de la Gobernación, lo que ha complicado el acceso a recursos y subvenciones. Además, el transporte para los estudiantes, que llegan desde lugares lejanos como la comunidad de Atacama en la zona alta de Tarija, es un problema recurrente.
El subgobernador de Yunchará, Nativo Villa Miranda, ha señalado que, a pesar de ser una infraestructura nueva, los costos de mantenimiento son altos. Admite que la dimensión de la obra es “excesiva” para la comunidad y argumenta que hubiera sido preferible invertir en sistemas de riego en lugar de esta construcción, tomando en cuenta el problema de escasez de agua en su región.
Pero ya no se invirtió. ¿Qué hacer, entonces, con el complejo deportivo?
El subgobernador solo atina a decir que, por ahora, lo mejor es darle mantenimiento con los recursos que tienen y buscarle una mayor funcionalidad como la promoción de las ferias ganaderas. De hecho, este lugar es utilizado para organizar ferias, reuniones y eventos deportivos escolares. El día de la visita al lugar, en los patios externos había una exposición de alpacas y llamas, ganado propio del altiplano.
La segunda obra construida con dineros del IDH mencionada por el subgobernador son los 32 invernaderos comunales que fueron construidos en 2014. El proyecto estuvo a cargo de la Gobernación de Tarija e implicó una inversión total de algo más de 27,2 millones de bolivianos (casi 4 millones de dólares).
Invernaderos sin uso ni agua en Yunchará. (Foto: Nativo Villa)
El objetivo era proporcionar infraestructura agrícola avanzada a 32 comunidades para fomentar la producción local y mejorar las condiciones económicas. Pero, según Villa, los invernaderos fueron instalados en zonas sin acceso adecuado al agua y “están inoperativos”.
A cada comunidad se le asignó un invernadero, pero, dice Villa, un metro cuadrado por persona es insuficiente para producir de manera efectiva. En la visita se constató que los motores de los invernaderos están abandonados; según el subgobernador, han cumplido su vida útil.
¿Qué se puede hacer? Se le volvió a preguntar al funcionario y, esta vez la respuesta fue más contundente: “Nada. No tiene solución”.
Las obras en la tierra del gas
“Caraparí capital gasífera”, dice el letrero de ingreso al pueblo en la carretera principal. Lejos de la denominación que lleva a imaginar un sitio pomposo con un alto nivel de ingresos, el visitante se encuentra una pequeña ciudad con necesidades básicas sin solucionar.
Letrero de ingreso a Caraparí. (Foto.Jenny Marquez)
El problema de esta pequeña ciudad de 15.650 habitantes no ha sido la falta de dinero, pues igual que otros municipios de Tarija se ha beneficiado del impuesto a los hidrocarburos. Entre 2006 y 2014 recibió un aproximado de 1.018 millones de dólares, según datos de Jubileo (cerca del 20% de todo lo recaudado por renta petrolera en el departamento).
En el patio de comidas del Mercado Central de Caraparí está Zulema, una cocinera que sostiene a sus dos niñas y su esposo. “No se hicieron cosas que generaran empleo”, menciona con cierta resignación. Mientras sirve un plato de milanesa, la mujer agrega que solo queda trabajar “como peón” en cargos públicos o como comerciante en esta región. ”La gente se está yendo”, refiere.
Con ella coincide el ejecutivo regional del Gran Chaco, José Luis Abrego, que ha sido crítico de la administración de los recursos de la región y considera que la inversión debió dirigirse a fortalecer la sostenibilidad económica de los municipios. Para él, “Caraparí enfrenta hoy las consecuencias de una inversión mal planificada, con una región endeudada por las anteriores autoridades».
El cementerio de obras: Albergue de niños San Rosa, complejo deportivo Caraparí, ubicado en la localidad de Santa Rosa de Caraparí. (Foto: Atemporal)
Uno de los proyectos sobredimensionados construidos con dineros del IDH en esta zona es el albergue para niños huérfanos y abandonados Santa Rosa de Caraparí. En este lugar habitan 15 menores, aunque la infraestructura está diseñada para recibir a más de 200.
El proyecto del albergue fue ejecutado por el Gobierno Regional del Chaco, con un costo total de casi 34 millones de bolivianos (próximo a los 5 millones de dólares). La fecha de entrega fue el 31 de mayo de 2015.
El ingreso principal está tapado por un monte y abundante maleza; es prácticamente imposible llegar a la puerta principal. Para ingresar se debe ir por la parte lateral que aún lleva un banner publicitario con el nombre del ejecutivo regional de Caraparí, Amilcar Pérez. “No es un ambiente amigable para los niños”, sostiene el gerente de Aldeas Infantiles SOS Tarija, Marcelo Vargas Amás.
Albergue de niños sin acceso a la entrada principal, ubicado en la localidad Santa Rosa, Caraparí. (Foto: Jenny Marquez)
Sobre esta obra, José Luis Abrego, ejecutivo regional del Gran Chaco, explica que están “negociando” con municipios vecinos como Villa Montes para trasladar hasta el hogar Santa Rosa a menores de edad con problemas parentales.
Desde Aldeas Infantiles consideran que esa es una solución “inadecuada” para niños y adolescentes. Marcelo Vargas precisa que estas políticas van en contra de la propia normativa internacional de protección de los menores.
Un informe de la Red Latinoamericana de Acogimiento Familiar y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) indica que los centros de acogimiento residencial deberían ser pequeños y estar organizados en función de los derechos y las necesidades del niño, “en un entorno lo más semejante posible al de una familia o un grupo reducido”. Agrega que la existencia de “grandes instituciones” implica por sí misma un problema desde la perspectiva del derecho internacional.
Es decir, la política pública en este caso va en sentido contrario de las recomendaciones establecidas por Unicef.
“Persiste la idea de hacer megainfraestructuras para 180 o 150 niñas, niños y adolescentes cuando apenas llegan a 20 los acogidos”, especifica el informe. Incluso, revela que al no contar con el número suficiente, hay albergues que están alquilando cuartos a personas adultas, poniendo en riesgo la integridad de los niños que residen ahí.
A unos metros del albergue de niños se encuentra un complejo deportivo también construido con dineros del IDH, que no solo no se encontró en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), como es obligatorio en Bolivia, sino que ni siquiera tiene una placa inaugural; solo una infraestructura olvidada, dañada y llena de basura.
Abandono del complejo deportivo Caraparí, utilizado como botadero y depósito de escombros. (Foto:Jenny Marquez)
Ariel, un taxista local, comparte su frustración: “Nunca se le dio uso a ese complejo, está abandonado. Ahora lo utilizan como depósito de basura y camionetas viejas. Lo inauguraron hace 2 o 3 años, parece un cementerio de obras olvidadas”.
¿Cuál es la solución para superar la crisis en Caraparí?
El ejecutivo regional José Luis Abrego apuesta a generar proyectos productivos, planteando una nueva inversión en plantas industriales. Ante la consulta por las malas experiencias con obras de ese tipo, sin titubear afirma que las inversiones en industrias serán específicas, especialmente para la agricultura y la ganadería.
La petroquímica: un sueño inacabado en el desierto de la promesa
En la región fronteriza de Yacuiba, un ambicioso proyecto petroquímico destinado a transformar el paisaje industrial boliviano se encuentra en un estado de incerteza y frustración. La planta Carlos Villegas (nombre de un exministro de Hidrocaburos), prometida como un hito en la industria del plástico, ha visto una serie de avances y retrocesos que han dejado a la región con más preguntas que respuestas.
La función de la industria petroquímica es transformar el gas natural y algunos derivados del petróleo en materias primas, las cuales representan la base de diversas cadenas productivas. En el caso boliviano se había pensado en los plásticos.
El proyecto original incluía una planta separadora de líquidos que sí fue construida, pero de la que actualmente solo funciona una de las torres para la separación de gas. Lo demás está en desuso.
También proyectaba una planta para la producción de plásticos semirrígidos derivados del propano, específicamente propileno y polipropileno. Esta parte nunca pasó de la fase de estudio y construcción.
Según el Sicoes se utilizaron 31,5 millones de bolivianos (cerca de 4.5 millones de dólares) entre estudios, consultorías y levantamientos topográficos en la zona, relacionados con el acceso vial a la separadora de líquidos del Gran Chaco. El costo total de la construcción de la planta separadora de líquidos fue de 695 millones de dólares.
Para la investigación se envió al Ministerio de Hidrocarburos y Energía una solicitud de información sobre el proyecto del complejo petroquímico de Yacuiba, en general, y sobre la planta de separación de líquidos, en particular. La respuesta fue sencilla: “La información solicitada en su nota se encuentra en la página web de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos”. El documento está firmado por el viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenamiento de Hidrocarburos, Adams Hurtado Morales.
La información de YPFB destaca que la planta desde el inicio de operaciones hasta junio de 2024 registró una producción de 1,35 millones de toneladas métricas de GLP para el mercado interno y 563.704 toneladas métricas para el externo. Agrega que el “complejo hidrocarburífero” se constituye en el “puntal del desarrollo económico de la región”, al fomentar la inversión en infraestructura, servicios y desarrollo humano.
Complejo petroquímico Carlos Villegas, ubicado en Yacuiba. (Foto: Atemporal)
El complejo petroquímico se diseñó y construyó sobre un cálculo de reservas de gas que, a la postre, no se encontraron. Por eso, un funcionario de YPFB dice “no le veo”, al salir de las instalaciones petroleras en Yacuiba. No ve que petroquímica funcione.
La realidad es que la producción de gas abastece el mercado nacional, pero hay señales de alarma: “Esa planta está obteniendo muy poco líquido y GLP, lo que pone en riesgo el suministro del mercado interno”, alerta el analista en hidrocarburos y energía de la fundación Jubileo Raúl Velásquez.
Al mismo tiempo, las exportaciones han disminuido considerablemente. Después de 18 años de un comercio que generó cerca de 19 mil millones de dólares para el país, Bolivia dejó de exportar gas natural a Argentina.
“Si no hay gas que vaya a la Argentina, la planta pierde sentido, ya no hay el proyecto de extracción de líquidos”, sentencia el analista Velásquez.
El congelamiento del proyecto de la planta industrial de plásticos y el hecho de que las grandes tuberías que aparecen en la parte sur de Yacuiba no estén operando lleva a funcionarios de YPFB a expresar, desde el anonimato, su escepticismo frente a la petroquímica.
Sin embargo, el presidente Luis Arce Catacora prometió en una de sus visitas al departamento de Tarija reactivar el proyecto. “Teníamos el tema pendiente de la industrialización de la petroquímica acá en el Chaco, tantas tareas pendientes, poco a poco, gradualmente vamos a cumplirlas”, dijo en un discurso en el barrio Gremial de Yacuiba en febrero de 2021.
Contrario a lo que se indica en el discurso, hasta el último informe de rendición de cuentas del año 2023 del Ministerio de Hidrocarburos y Energías no se toma en cuenta la ejecución del complejo petroquímico.
Un taxista en Yacuiba recuerda que el anuncio de la industrialización con la petroquímica había creado un ideal en la región de que se tendría un complejo industrial, que crearía suficientes espacios laborales para transformar la economía, algo que no ocurrió. Yacuiba sigue dependiendo del sector público y el comercio informal. “La gente no tiene trabajo”.
El dinero que se hizo gas
Entre los años 2005 y 2022 el departamento de Tarija recibió un total de 5.800 millones de dólares por renta petrolera, según un estudio de la fundación Jubileo. Esos recursos fueron distribuidos entre el Gobierno Departamental, la universidad pública Juan Misael Saracho, el Gobierno Regional del Chaco y las alcaldías.
“¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Cuánto se ha transformado esa economía?” son las preguntas que lanza Raúl Velásquez, investigador y analista de Jubileo.
“Pedimos generar un fondo de desarrollo para esos momentos de caída”, recuerda Raúl al referirse a las negativas de las instancias estatales para la gestión de los recursos. En ese momento se optó por la inversión.
La situación cambió cuando la Gobernación tarijeña pasó de recibir 708 millones de dólares en 2014 a 12 millones de dólares en 2024, una caída en picada de los ingresos por la renta petrolera de 71 %, según el informe de Jubileo. “Quienes hoy administran los gobiernos departamentales se enfrentan a un escenario de crisis, en el que tienen que pagar por los resultados de otras personas que no hicieron bien la tarea”, analiza.
El asambleísta departamental Mauricio Lea Plaza Peláez indica que la mayoría de esos recursos se fueron en tres grandes conceptos: megaobras, gastos de un Estado rentista y obras “mixtura”, que vienen a ser pequeñas construcciones como canchas o tinglados.
Lea Plaza reconoce que los estadios, complejos deportivos o la planta de polietileno y polipropileno del Chaco son parte de las megaobras que se encuentran “regadas” por todo el departamento sin cumplir su función.
“Ahora que estamos en época de vacas flacas hay que revisar esa política”, dice el legislador sobre los gastos que debe hacer la Gobernación de Tarija cuando los ingresos ya no son los mismos.
El analista Raúl Velásquez, de Jubileo, refiere que en la época del boom del gas no se invirtió en programas o proyectos que hagan circular el dinero y generen un polo de desarrollo, simplemente se derrocharon en obras que no tienen mayor beneficio para la población.
“Hay un montón de elefantes blancos, un montón de industrias que se han instalado y que no funcionan, no hubo una buena y eficiente administración de los recursos; de lo contrario, Bolivia hubiera dado un salto económico, porque hemos tenido más plata que en toda nuestra historia republicana junta”, analiza el actual gobernador de Tarija, Óscar Montes Barzón.
Para Montes se debe cambiar el modelo económico de dependencia del gas, aunque para los denominados elefantes blancos no encuentra una solución tangible.
Estadios sobredimensionados, invernaderos sin agua, plantas de gas sin gas y complejos deportivos abandonados son solo una muestra de las inversiones realizadas en el departamento de Tarija, el mayor productor de hidrocarburos de Bolivia y, a la vez, uno de los más pobres. La ruta de los elefantes blancos en el sur es más larga y poco atractiva.
