7 de noviembre de 2024, 14:49 PM
7 de noviembre de 2024, 14:49 PM
La pugna política entre el Gobierno de Luis Arce y el expresidente y líder del oficialismo en Bolivia Evo Morales (2006-2019) tiene como epicentro desde hace casi un mes al Trópico de Cochabamba, una zona en el centro del país que es el bastión del exmandatario que sigue liderando al mayor sindicato de cocaleros afincado en ese territorio.
El Trópico, situado en la región central de Cochabamba, abarca las provincias del Chapare, Tiraque y Carrasco, en donde Morales desarrolló su carrera política desde hace más de tres décadas y es una de las principales zonas donde está autorizada la producción de hojas de coca, aunque también hay plantaciones ilegales.
En ese territorio está gran parte de los sectores afines a Morales que sostuvieron por 24 días bloqueos de carreteras, cerrando el paso entre el oriente y occidente.
Esta semana, Morales pidió por segunda vez a sus seguidores hacer una pausa en la protesta y los bloqueos se levantaron progresivamente este miércoles, aunque en varios puntos, sobre todo en el Trópico, aún hay grupos de campesinos que mantienen vigilias, según constató EFE.
Con esta medida, los seguidores de Morales exigen el retiro de los procesos judiciales por estupro y trata de personas contra el exmandatario y el reconocimiento a un congreso del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que lo proclamó candidato «único» para las elecciones presidenciales de 2025.
Huelga de hambre
Morales habló con EFE en la localidad de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, donde desde el viernes pasado está en huelga de hambre junto a cuatro dirigentes, en el salón de un edificio donde también funciona la radio cocalera Kawsachun Coca, para exigir un diálogo con el Gobierno.
El político aseguró que se «opuso permanentemente» a los bloqueos, pero que unos «6.000 dirigentes» de su sector leal decidieron en una reunión asumir esa medida.
El exmandatario remarcó la necesidad de entablar un diálogo sobre la situación económica del país, resolver las diferencias internas en el MAS, y que el Gobierno dé garantías para la liberación de los detenidos durante los operativos de desbloqueo.
Morales reiteró sus críticas a Arce, a quien responsabilizó de «acabar» con el «Estado Plurinacional».
En el patio de la radio, están aún los dos vehículos prestados a Morales por Venezuela que fueron blanco del ataque armado que denunció el 27 de octubre.
Sobre ese hecho, insistió en que fue un atentado «planificado» por Arce y dos de sus ministros, mientras que el Gobierno le acusó de evadir un control antidrogas y de disparar contra agentes policiales.
«La comunidad internacional que me dé seguridad (…) si algo pasa conmigo será culpa de Lucho Arce, de la Justicia y el Gobierno», enfatizó.
Sitio con «reglas propias»
El lugar en el que se encuentra Morales está protegido por al menos tres anillos de seguridad conformados por campesinos, quienes ejercen una especie de control policial exigiendo identificaciones o autorizaciones a cualquier persona ajena que intente acercarse o pedir una reunión con el político.
En poblaciones del Trópico como Lauca Ñ, Shinaota o Villa Tunari no se ve la presencia de la Policía, mientras que los negocios locales funcionan a medias debido al poco flujo de vehículos y la escasa presencia de visitantes.
Tampoco operan las estaciones de combustible, los conductores se quejan de que el precio de la gasolina se ha incrementado a 15 bolivianos (2,1 dólares), casi cinco veces por encima del coste oficial de 3,74 bolivianos (0,5 dólares).
El analista político Paul Coca dijo a EFE que los bloqueos reflejaron que el Trópico de Cochabamba es un sitio en el que «las leyes del Estado boliviano no tienen ninguna jurisdicción» y donde se aplica un «control sindical férreo» sobre los ciudadanos que viven en esa zona.
«Es un sector altamente conflictivo y propenso al terrorismo, es un potencial escenario de guerrillas y un sector subversivo que se ha sublevado al orden constitucional», dijo por su parte a EFE el abogado constitucionalista Williams Bascopé.
A juicio de la diputada indígena del partido opositor Comunidad Ciudadana (CC) Toribia Lero, en esa zona «se está usando a la gente indígena bajo amenazas» como la aplicación de multas o la expulsión de esas tierras en caso de que no se sumen a las protestas o decisiones.
