El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está solo. El apoyo político que recibió ayer en el contexto de una declaración firmada por representantes de partidos, del Legislativo y el Gobierno, quedó solo en el papel porque el fallo constitucional que anula parcialmente las elecciones judiciales no podrá ser revertido, según reconocieron ayer voceros oficiales. A esto se suma la primera demanda “por desobediencia”, planteada contra los vocales electorales.
La acción legal llegó de la mano del abogado Hugo Vargas Palenque, un postulante a candidato a magistrado que fue marginado durante el proceso de selección que tuvo lugar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El jurista pidió a los dos vocales de la Sala Constitucional Primera del Beni llevar adelante, incluso una acción penal contra el TSE, además de cargos pecuniarios.
Vargas solicitó la aplicación de “multas progresivas de 15.000 bolivianos para cada uno y por día”. “Asimismo, de persistir en su desobediencia, se remitan antecedentes al Ministerio Público para su procesamiento correspondiente conforme al art. 179 del Código Penal” se lee en el escrito divulgado a los medios.
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, además de los vocales Francisco Vargas, Tahuichi Tahuichi Quispe, Nancy Gutiérrez Salas, Nelly Arista Quispe, Yajaira San Martín Crespo y Gustavo Ávila, están en la lista de los acusados por desobedecer el fallo emitido el 4 de noviembre por el TCP.
“En caso de no obedecer, los accionados, dentro de nuestro estado de derecho, incluso se debe proceder a la prohibición al Órgano Ejecutivo (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) de continuar con los desembolsos de los recursos económicos, hasta aquí malversados por el OEP, por llevar adelante una elección judicial sin la presencia de indígenas originarios campesinos y omitir en las listas a candidatas a mujeres”, se lee en la querella codificada con el Nurej 8087020.
El día después de la “cumbre política” convocada por el TSE para salvar las elecciones judiciales, autoridades del Ejecutivo y representantes de la facción arcista del MAS se refugiaron en la legalidad constitucional del fallo que golpeó el proceso electoral. Sucedió poco antes de que la querella sea aceptada en estados del Beni.
Dos magistrados del TCP emitieron un fallo que anula la renovación de las más altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Beni y Pando, debido a demandas de aspirantes a esos altos cargos. Además, los magistrados René Yván Espada Navía y Gonzalo Miguel Hurtado dejaron sin efecto el proceso electoral para cambiar a los magistrados del mismo TCP donde ellos están en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija. Se trata de la sentencia 070/2024, que ahora es parte de una acción legal contra las autoridades electorales.
“Todas las sentencias constitucionales se obedecen; eso de que son autoprorrogados y no sirven es un discursito nomas; porque los del Tribunal Constitucional, cuando estaban totalmente vigentes, sacaron esa sentencia que dice: ‘les vamos a entregar (los cargos) cuando ustedes elijan’”, declaró este martes el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.
“Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno”, establece el artículo 203 de la Constitución.
“La posición del Ejecutivo es el cumplimiento de la sentencia. (…) También el incumplir una sentencia constitucional iría en contra del principio de independencia y separación de poderes”, señaló el ministro de Justicia, César Siles sobre el fallo del TCP.
El TSE también planteó “una ley corta” para viabilizar “de manera integral” la celebración de las elecciones el 15 de diciembre. “En este momento no da por el tema de los tiempos, por esta razón es que el acuerdo básicamente radica, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra.
El TSE pidió una enmienda al TCP para que no solo sean dos los magistrados sino toda la sala plena que valide ese fallo. A esto se suma el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que espera esos comicios. El abogado Rubén Darío Cuéllar del Observatorio de DDHH cree que este caso puede llegar hasta la Corte-IDH.
