5 de diciembre de 2024, 4:00 AM
5 de diciembre de 2024, 4:00 AM
En una coyuntura donde el Gobierno necesita recursos, principalmente dólares, la figura del endeudamiento público a partir de créditos externos y préstamos internos es una alternativa en el Presupuesto General del Estado (PGE 2025) que espera su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Germán Molina, analista económico, considera que la Ley Financial del próximo año, tiene una seria de artículos y disposiciones que se enfocan en “reducir la dependencia de la Asamblea Legislativa en lo referido a la aprobación de créditos externos. El Ejecutivo busca tener mayor independencia para captar dólares”.
En este sentido, es en el artículo 19 de las Disposiciones Específicas, donde se autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB), “poner en garantía sin desplazamiento las reservas en oro, para respaldar dichas operaciones (el endeudamiento público)”.
Es las Disposiciones Adicionales, sexta punto dos, se determina que el BCB se podrá endeudar, para fortalecer las Reservas Internacionales, al “autorizar al BCB a contratar créditos y recurrir a cualquier otro tipo de fuente de financiamiento (…) sean estas públicas o privadas, o con organismos internacionales, sin comprometer los recursos del Tesoro General de la Nación, pudiendo constituir colaterales financieros con las Reservas Internacionales”.
Asimismo, se remarca que la entidad emisora podrá emitir, colocar y realizar operaciones con títulos “valor en los mercados internacionales con inversionistas del sector público o privado.
René Martínez, de la Fundación Jubileo, sostuvo que poner en “prenda las reservas en oro, responde a la desesperación del Gobierno por conseguir recursos. En un escenario que ya es insostenible y donde los correcto sería reducir el gasto corriente y no incrementarlo”, observó Martínez.
Para el economista el incremento de la deuda pública interna y externa, “no es otra cosa que un sistema que tiene el Gobierno para ganar tiempo en donde se busca colocar en los mercados internacionales unos $us 3.000 millones, mediante Bonos Soberanos, pero con las calificaciones negativas en cuanto a riesgo país, donde estamos a un paso default, es difícil lograr buenos resultados” remarcó Martínez.
Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, puntualizó que el artículo 19 de las Disposiciones Específicas no es otra cosa que una muestra del Gobierno central de su necesidad de divisas.
“El Estado boliviano busca recursos a partir de los Bonos Soberanos, por un valor de $us 3.000 millones y pone de garantía el oro de las reservas internacionales. Se dice que esa garantía será no desplazada, es decir que no habrá un movimiento físico del oro, pero más del 95% de las reservas en oro ya están desplazadas, pues se encuentran en entidades financieras del exterior y un porcentaje mínimo que no llega a una tonelada está en poder del Banco Central de Bolivia. En este escenario existe la duda que se monetice las reservas en oro y se las liquide para financiar el gasto público a corto plazo”, subrayó Romero.
Molina remarcó que la necesidad de recursos del exterior se aprecia en el artículo 13 de las Disposiciones Específicas en donde se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a realizar operaciones de deuda pública “en los mercados de capital externos por un monto de hasta $us 3.000 millones”.
También precisó que otra fuente de ingreso externo son los $us 400 millones que se autoriza, en el artículo 15, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas contrata de la Corporación Andina de Fomento (CAF), “para la emergencia o desastre nacional”.
Sobre el tema, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) de Santa Cruz, señaló que el presupuesto prevé contraer Bs 14.000 millones en deuda externa, lo que representa cerca de $us 2.000 millones. Cainco cuestiona que la estrategia gubernamental dependa exclusivamente del endeudamiento sin fomentar sectores clave como las exportaciones o la inversión extranjera.
En un comunicado lo institución señala que el Ejecutivo continúa vulnerando leyes como la del Banco Central para obtener financiamiento por encima de los límites establecidos. Esto, según la institución, debilita la capacidad del BCB para implementar políticas monetarias efectivas.
El proyecto de ley del PGE 2025 tiene contemplado inyectar con $us 424 millones al Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem), a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), con el objetivo de diversificar “la matriz productiva y la sustitución de importaciones”.
Al respecto, Romero indicó que el PGE 2025 tiene previsto destinar un monto millonario a las empresas estatales nacionales, “entre ellas hay varias que son deficitarias, por lo que no sería lo más sensato seguir invirtiendo y lo lógico debería ser una reorientación del gasto público hacia sectores sean más rentables en términos económicos y sociales”, dijo Romero.
Otras de las observaciones que sigue latente es la referida al artículo 7, punto I, del proyecto de la Ley Financial donde se especifica un control y comiso de la producción no declarada correctamente.
Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, volvió a defender las disposiciones previstas en el documento, en el sentido de que combatirán el agio y la especulación en los precios de los productos de la canasta familiar.
“Ha sido el resultado del pedido que ha recibido el presidente (Arce) en varias regiones, que se haga un control a la especulación ¿O nos vamos a inventar que estaban saliendo productos alimenticios por las fronteras? ¿O es un invento del gobierno que, tanto arroz, huevo, carne salen de las fronteras, porque hay una demanda alimenticia en toda la región? ¿Qué vamos a hacer, como país, para hacer este tipo de medidas de control? Y justamente se requiere una normativa con rango de ley”, sostuvo Montenegro.
Que puntualizó que el pedido de insertar un artículo “de esta naturaleza” no es para estigmatizar a los productores, porque los productores se dedican a producir.
“Los buenos intermediarios, cuidan la industria, no están en ese afán de hacer actos de especulación, de ocultar, de hacer agio, sino son algunos intermediarios, incluso que aparecen esporádicamente para beneficiarse. Esta es la situación que se les explicó al Directorio de CAO y obviamente ellos han hecho sus propias argumentaciones”, manifestó Montenegro.
