8 de diciembre de 2024, 4:00 AM
8 de diciembre de 2024, 4:00 AM
A una semana de que se realicen las elecciones judiciales parciales para el Órgano Judicial y para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), exparlamentarios y juristas expertos, plantean cinco posibles escenarios para acabar y anular el poder de los magistrados auto prorrogados.
Estas salidas van desde una nueva Asamblea Constituyente que trabaje en una nueva Constitución Política del Estado en la que se suprima el TCP, hasta un acuerdo político electoral que le reste poder a cada uno de los candidatos que provengan de todas las corrientes del Movimiento Al Socialismo (MAS).
Mientras, desde la capital de Bolivia, la ciudad de Sucre, los magistrados del TCP y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se muestran ante el país en una unidad monolítica, priorizan las sentencias políticas que se emiten en tiempo récord para blindar las judiciales parciales, y amenazan a sus subalternos, los vocales de las salas constitucionales departamentales, con procesos penales si desobedecen sus instrucciones.
El TSJ apunta a los medios de comunicación y a los actores políticos de hacer campañas de desprestigio en contra de todos los magistrados, aseguran que sus funciones tienen respaldo legal del TCP, y responsabilizan a la Asamblea Legislativa por todos los tropiezos que hubo en torno a las elecciones judiciales y su demora de un año.
Las posibles salidas
Desde cuatro flancos de la sociedad: vocales del TSE, legisladores opositores y evistas, políticos y abogados constitucionalistas, ven que en los últimos 12 meses los magistrados prorrogados del TCP, en especial Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano y René Iván Espada Navia, se han colocado por encima de todos los órganos del Estado como un “suprapoder”, y emiten sentencias que ordenan acciones de cumplimiento obligatorio, como es el caso de las judiciales parciales.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, afirmó que los magistrados del TCP les manejan como “marionetas” y que esa situación no puede continuar, plantea un cambio de fondo, es decir, convocar a una Asamblea Constituyente para modificar la Constitución Política del Estado (CPE) y suprimir al TCP y en vez de ello blindar con un artículo constitucional el principio de preclusión.
“Propongo una Asamblea Constituyente para discutir los roles y competencias que tiene el Tribunal Constitucional y las salas constitucionales, o en definitiva deberían desaparecer. Además, en la Asamblea Constituyente debería insertarse en la Constitución Política el principio de preclusión, que señale que nadie puede vulnerar la preclusión, porque como está ahora los futuros procesos electorales están en vilo. No se puede jugar así con la democracia”, afirmó Tahuichi a EL DEBER.
Para la oposición y los evistas, la orden del TCP de hacer judiciales parciales y con ello asegurar la continuidad de cinco de los nueve magistrados prorrogados del TCP en sus cargos, es una estrategia política para “favorecer” al Gobierno de Luis Arce, que con esos cinco prorrogados que hacen mayoría, puede garantizar su blindaje político.
No obstante, ahí surge la segunda salida planteada que consiste en que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que establezca la cantidad de magistrados del TCP. Por ejemplo, como en este caso se van a elegir cuatro, ése sea el número establecido.
“La Asamblea Legislativa puede modificar la ley del Tribunal Constitucional y determinar su funcionamiento con menos miembros de manera excepcional. En la primera elección de 2011, los miembros del TCP eran siete y se eligió a los siete magistrados en circunscripción nacional”, afirmó a EL DEBER el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.
La autoridad recordó que la CPE no establece la cantidad de miembros que debe tener el TCP, lo cual se puede ajustar mediante una ley. En cambio, en el caso de los vocales del TSE, la norma suprema dicta la cantidad que son siete vocales electorales.
De su lado, el vocal Tahuichi, plantea que se realice una reforma parcial de la CPE, tarea que puede ser impulsada desde la Asamblea Legislativa para revisar y modificar el rol del Tribunal Constitucional y sellar el principio de preclusión para todos los procesos electorales.
También se anota la solución más lógica, pero a la vez, la menos probable y es que la Asamblea Legislativa realice cuanto antes una nueva convocatoria y un proceso para elegir a los magistrados del TCP y del TSJ en los departamentos donde se ha declarado desierta la convocatoria.
La sentencia del TCP 0770/2024 que instruye al TSE realizar elecciones judiciales parciales y declara desierta la convocatoria, no ordena a la Asamblea Legislativa, emitir en un plazo establecido una nueva convocatoria para así completas el proceso eleccionario.
La presidenta de la Comisión de Constitución de Diputados, Olivia Guachalla, aseguró que esa instancia legislativa tiene como “prioridad” trabajar una “ley complementaria a las judiciales”. No obstante, desde que empezó la nueva legislatura, esa comisión apenas sesionó una sola vez, así como el pleno de la Cámara Baja.
Para les legisladores de Comunidad Ciudadana (CC), con las judiciales parciales que garantizan la permanencia de cinco magistrados prorrogados del TCP, esta instancia se ha convertido en un “suprapoder”, y que a estas alturas, el verdadero riesgo está en las elecciones generales.
“Existe mucho riesgo de que no se lleve a cabo las elecciones, el presidente Luis Arce está con una seria intención de auto prorrogarse, lo que rechazamos”, dijo la senadora Andrea Barrientos.
Mientras, el TCP emite sentencias y autos para que las elecciones judiciales parciales se realicen el 15 de diciembre, bajo amenazas de procesos penales, desde el TSJ, su presidente Marco Jaimes, defendió la prórroga en sus cargos y apuntó a los medios y a los políticos de una campaña en su contra.
“Cabe recalcar que nuestro mandato viene de la Constitución y el pueblo. El pueblo nos eligió, pese a una campaña contraria a la realización de las elecciones judiciales, el pueblo nos eligió de manera legítima y democrática, cumplimos con la declaración constitucional que dispuso la continuidad de funciones de las máximas autoridades del Órgano Judicial”, dijo Jaimes.
La autoridad, agregó además que en esta coyuntura las dificultades en torno a las elecciones judiciales “fueron un efecto de una labor desatendida por la propia Asamblea Legislativa”, y que a pesar de los embates políticos y mediáticos en su contra, ellos continuaron en sus funciones.
Una salida a la crisis es no votar por arcistas, evistas ni andronicistas
Siempre hay posibilidades de que se resuelva esta crisis de institucionalidad democrática. La primera opción es que los bolivianos dejen de votar por el MAS el 2025, ya sea por arcistas, evistas o andronicistas, quienes en 20 años han demostrado que son un partido con una cúpula antidemocrática y por culpa de esa cúpula es que el país está sumido en esta crisis.
¿Qué implica?, que si en estas elecciones no se vota por el MAS va a haber una nueva correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa que puede generar que hagan juicios de responsabilidades contra los auto prorrogados porque han llevado al país a una desinstitucionalización con consecuencias políticas muy graves.
La segunda posibilidad es que los magistrados que sean elegidos el próximo domingo, tengan el valor de decir que no se van a sentar junto a los auto prorrogados porque son inconstitucionales y están usurpando funciones. Eso los puede obligar a renunciar.
La otra posibilidad es que los bolivianos desobedezcamos abiertamente todas las decisiones del Tribunal Constitucional porque ya no es un Tribunal Constitucional, es un grupo de auto prorrogados donde hay dos personas que están asumiendo decisiones en contra de la Constitución porque tienen respaldo del partido de Gobierno.
Los magistrados del TCP ya no están respaldados por la Constitución porque están usurpando funciones y si están ahí es porque tienen un respaldo político, porque el Gobierno los respalda y el Gobierno administra a su antojo el Ministerio Público.
Entonces, cada vez que amenazan con juicio saben que tiene ese brazo operador, incluso los vocales del TSE se han acobardado y se han sometido a estas dos personas, a estos dos auto prorrogados.
Una reforma de fondo requiere condiciones y que el MAS deje el Gobierno
Se debe pensar en una reforma de fondo. Hay que cerrar el Tribunal Constitucional para que no continúe operando en contra de la voluntad de la población, como la sentencia de que la reelección es un derecho humano.
Para evitar esto hay que cerrar el TCP abrir salas constitucionales en el Tribunal Supremo de Justicia, y que los magistrados encargados del control constitucional sean parte de un cuerpo mayor que haga más difícil las manipulaciones partidistas.
Si se generan condiciones y si lo que se busca es corregir toda la Constitución, sí se va a necesitar una Asamblea Constituyente. Hay muchas cosas que hay que modificar de la Constitución y tan urgentes como este tema del Tribunal Constitucional, sobre todo en temas económicos y adoptar un modelo de libre mercado que resuelva la crisis se requiere una reforma en la Constitución.
Entre las condiciones para una Asamblea Constituyente está primero que haya cambios en el Gobierno, un cambio político nacional, segundo, cambios políticos en los departamentos que se van a expresar en las subnacionales de 2026. Tercero: el nuevo Gobierno y las fuerzas políticas deben proponerle al país con toda claridad un texto con reformas claras de la Constitución y como cuarto requisito, en las elecciones de la Asamblea Constituyente se debe capturar la mitad más uno de respaldo.
También se puede pensar en una reforma parcial de la Constitución a través de la nueva Asamblea Legislativa después de las elecciones de 2025. El primer requisito para todo eso debe ser que el MAS deje el Gobierno y que en las elecciones gane una fuerza ideológica y filosóficamente diferente al MAS.
La Asamblea debe sacar ley que blinde las elecciones generales y a los vocales del TSE
José Luis Santistevan/ Abogado
Tenemos un factor principal tomando en cuenta que en febrero empieza el calendario electoral, la clase política debería sacar una convocatoria y cerrar con llave el proceso eleccionario de 2025 y también dar seguridad jurídica a los vocales del TSE e incluirlos en la Ley 044 de caso de corte, porque si no cualquier demanda de un juez puede encarcelar a los vocales.
Si la Asamblea Legislativa quiere revertir esta situación desastrosa que se ve entre senadores y diputados, por un lado, arcistas y evistas y por el otro lado, los de la posición en cinco, seis bloques, más bien deberían aprobar una ley de convocatoria a elecciones generales porque ya no queda tiempo para nada más.
Yo creo que la madre del cordero es proteger las elecciones generales de 2025 con una ley de convocatoria que cierre y eche llave al proceso.
Los vocales del Tribunal Supremo Electoral también tienen que redireccionar su política porque son un poder del Estado y encuadrarse bien en lo que son sus competencias.
En cuanto a las elecciones judiciales, se debe analizar si realmente vale la pena continuar. La mayoría de los candidatos son deshonestos, copiones, vinculados al MAS, un desastre, y no hay que sentir temor en decirlo porque son recursos públicos.
Esas elecciones no tienen ningún sentido porque no va a cambiar en nada el estado de la justicia, para qué nos vamos a engañar si va a ganar otra vez el nulo y el blanco.
Los juristas independientes propusimos cambios y el Gobierno nos hizo la vida imposible. El poder político no quiere que haya reforma judicial entonces es mejor asegurar las elecciones generales con una ley.
El Estado gastará 120 millones de bolivianos adicionales para las elecciones judiciales complementarias que deberán ser convocadas recién en abril de 2026
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) necesitará unos 120 millones de bolivianos adicionales para administrar las elecciones judiciales complementarias, pero por los plazos este proceso deberá empezar en abril de 2026, informó a EL DEBER el vocal Tahuichi Tahuichi.
“Realizar elecciones judiciales complementarias a segunda parte le va a costar al Estado boliviano aproximadamente unos 120 millones de bolivianos”, precisó la autoridad.
Hasta la fecha, el TSE ejecutó 110 millones de bolivianos del presupuesto destinado para estas elecciones que son de 183 millones de bolivianos, dinero erogado por el Tesoro General de la Nación. Es decir que en total las judiciales le costará al Estado 303 millones.
Tomando en cuenta los plazos, este proceso complementario “recién tendrá que arrancar en abril del año 2026” cuando el Legislativo deberá aprobar una ley de convocatoria a elecciones judiciales parciales complementarias.
Desde abril de 2025 hasta marzo de 2026 la agenda del TSE está repleta con las elecciones generales y después las subnacionales. “Hay que recordar que por mandato constitucional la elección judicial debe ser única y exclusiva”.
