9 de diciembre de 2024, 13:22 PM
9 de diciembre de 2024, 13:22 PM
Los sectores productivos de Santa Cruz representados por la Cadex, CAO, Cainco, gremiales, transportistas, industria oleaginosa, junto al Comité Pro Santa Cruz, se declararon en estado de emergencia, la mañana de este jueves, a raíz del riesgo que se encuentra la seguridad alimentaria del país y en rechazo al proyecto del Presupuesto General del Estado 2025 (PGE 2025).
En un pronunciamiento leído por el presidente de la Cadex, Oswaldo Barriga, las instituciones manifestaron que les inquietan las acciones que ha tomado «arbitrariamente» el Gobierno Nacional de suspender unilateralmente las exportaciones de aceite y la intervención «abusiva» a los ingenios arroceros. “Rechazamos de manera contundente estas acciones porque van en detrimento del sector, la población y de la obtención de dólares”, aseveró.
Del mismo modo, mencionaron que la represión y las restricciones económicas no garantizan el abastecimiento de alimentos. Al contrario, obstaculizan la producción, desaceleran la economía y ponen en riesgo el acceso a productos básicos.
“Desde hace casi dos décadas, las políticas restrictivas han limitado las exportaciones, han impuesto bandas de precios y han establecido cupos que, lejos de cumplir con su objetivo, han aumentado la dependencia de productos importados. Ahora, enfrentamos una escalada de precios debido a la falta de dólares y a un contexto de incertidumbre económica que afecta al pueblo boliviano, tanto a productores como a consumidores”, sostuvo Barriga.
Sostuvo que la forma correcta de solucionar estos problemas es con políticas fiscales, monetarias y cambiarias que corrijan el grave desequilibrio macroeconómico causado por las políticas erradas del Gobierno Nacional que por años han incentivado el contrabando. El país necesita soluciones inmediatas y contundentes.
Acciones Concretas
Los sectores exigieron al Gobierno acciones concretas en los siguientes puntos:
• Rechazo del proyecto de Presupuesto 2025 mientras no incluya medidas y soluciones para la crisis económica que vive el país y afecta a la población, comenzando por la eliminación inmediata de la cláusula transitoria séptima del proyecto.
• Garantizar la seguridad jurídica para reactivar la inversión y fortalecer las cadenas productivas, dejando de lado acciones arbitrarias como la prohibición de exportaciones y la confiscación de productos.
• Solucionar definitivamente el desabastecimiento de diésel, elemento clave para mantener la producción en marcha.
“Nos declaramos en estado de emergencia y en reunión permanente para defender la seguridad alimentaria y los derechos de las familias bolivianas, en especial la estabilidad económica. No permitiremos que decisiones políticas mal diseñadas debiliten aún más el tejido productivo del país”, se leyó en el documento.
Al mismo tiempo, las instituciones firmantes exigieron al Gobierno Nacional y a la Asamblea Legislativa a priorizar las soluciones que beneficien a todos los bolivianos. “Nosotros, como instituciones representativas, reafirmamos nuestro compromiso con la generación de empleo, el fortalecimiento del aparato productivo y la construcción de un país más justo y próspero”, concluyó.
