El consumo de contenido audiovisual pirata en Bolivia ha alcanzado niveles alarmantes. Según el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina (Cet.la), el país registra el mayor porcentaje de visitas a sitios y plataformas ilegales de la región, con un 65% de usuarios optando por servicios no autorizados. Esto significa que solo el 35% navega regularmente en plataformas legales.
Entre los contenidos más consumidos de manera ilícita están los eventos en vivo, videos bajo demanda y servicios de TV no autorizados, como Magis TV. El informe alerta que los accesos a sitios ilegales superan en un 88% a los legales, siendo la brecha más alta en América Latina.
“La piratería en línea socava los derechos de propiedad intelectual, genera pérdidas financieras para la industria y los gobiernos, y plantea riesgos en términos de ciberseguridad y exposición a contenidos nocivos”, señala Cet.la en su reporte, que analiza datos de 10 países de la región.
Perjuicio económico y social
El impacto de la piratería en Bolivia no se limita al acceso gratuito a contenidos. Según el reporte, el país tiene un mercado potencial de televisión paga de 855.688 usuarios. Sin embargo, al primer semestre de 2024, solo 549.779 cuentan con suscripciones legales, dejando una brecha de 305.909 usuarios.
El informe del segundo trimestre de 2024 de la Alianza contra la Piratería Audiovisual estima que las pérdidas anuales para el sector formal superan los 56 millones de dólares. Además, los ingresos de las plataformas ilegales en Bolivia ascienden a casi 60 millones de dólares, dinero que evade tributos.
“Los efectos económicos de la piratería incluyen la pérdida de empleos en las industrias relacionadas, así como la disminución de las ventas de plataformas y operadores legales”, destaca el reporte. A esto se suma el impacto en las finanzas públicas: la Alianza estima que Bolivia pierde alrededor de 15 millones de dólares anuales en impuestos no recaudados debido a la piratería.
Riesgos para los usuarios
Más allá de las pérdidas económicas, la piratería expone a los usuarios a importantes riesgos de seguridad. Aplicaciones ilegales que ofrecen acceso a canales internacionales y películas suelen contener software malicioso, que puede robar datos personales, activar cámaras de dispositivos y rastrear la ubicación de los usuarios.
Esto pone en peligro información financiera y datos sensibles, dejando a las personas vulnerables a estafas y robos.
El informe hace un llamado a las autoridades, empresas y ciudadanos para abordar esta problemática de forma integral. Combatir la piratería no solo requiere medidas legales más estrictas y campañas de concienciación, sino también fomentar el acceso a contenidos legales a precios accesibles.
“La expansión de vías ilegales afecta no solo a la industria, sino también a los consumidores, quienes terminan expuestos a riesgos innecesarios. Es necesario un esfuerzo conjunto para proteger los derechos de propiedad intelectual y garantizar un entorno digital seguro y justo para todos”, concluye cet.la.
Esta problemática evidencia la necesidad de reforzar la protección de la industria audiovisual en Bolivia, promoviendo un mercado legal que beneficie tanto a los creadores como a los consumidores, mientras se mitigan los riesgos para los usuarios.
