El rechazo a la disposición adicional séptima y a la actual situación económica del país, movilizó el lunes a distintos sectores en casi todo el país. Marchas en La Paz, Cochabamba, Oruro y Santa Cruz, lideradas principalmente por trabajadores gremiales, pidieron la abrogación de la polémica disposición que -según afirman los comerciantes- fue metida de “contrabando” en la ley del Presupuesto General del Estado (PGE 2025) para decomisar alimentos, bajo la figura de agio y especulación.
Como estaba previsto, la tarde del lunes, se realizó al ampliado multisectorial en Santa Cruz, con la participación del sector agropecuario, empresarios, transportistas y los gremiales, como de los organizadores. Luego de la reunión, en conferencia de prensa, se leyeron los nueve puntos de la resolución, en la que se da un plazo de 14 días al Gobierno para derogar la disposición, caso contrario, las movilizaciones empezarán el 27 de enero en todo el país.
César Gonzáles, ejecutivo de los trabajadores gremiales de Bolivia, leyó el documento, que llama al segundo ampliado multisectorial, para el día lunes 20 de enero en la ciudad de La Paz, donde se convocará a otros sectores, como: turismo, educación, salud y juntas vecinales. “(Hasta) Agotar todas las instancias que existan antes de llegar al bloqueo en todo el territorio nacional”, leyó Gonzáles en el sexto punto acordado.
El noveno y último punto declaró ‘estado de emergencia’ y reuniones permanentes para llamar a la movilización del día 27 de enero, la cual está sujeta a ratificación por el ampliado multisectorial.
“El Gobierno nacional tiene como plazo prudente todo este tiempo para escuchar las diferentes demandas que tienen estos nobles sectores, que no son una carga para el Estado, que nos generamos nuestro propio empleo, que trabajamos 12, 18 horas al día sin seguro de salud, sin jubilación y que estamos cansados de que la normativa salga por debajo, de contrabando, en contra de estos sectores que hasta la presente fecha habíamos estado movilizándonos de manera independiente”, expresó el dirigente gremial.
En la reunión participó también el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, José Luis Farah, quien, previo a la conferencia hizo un llamado a defender la propiedad privada y la producción.
“Siempre hemos estado avasallados en nuestras propiedades, incluso con títulos de propiedad (…). Debemos estar unidos toda esta cadena de abastecimiento por el bien de los 12 millones de bolivianos”, expresó.
Por su parte, el dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, Juan Yujra, manifestó que a partir de ahora la lucha será de todos los sectores económicos del país: “El Gobierno no se va acercar nunca con nosotros, son pura charla, solo engañan a la gente”, aseveró.
Analizan impugnación
El presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Pablo Camacho, ratificó el rechazo a la disposición adicional séptima, que se hizo en diciembre junto a la CAO y otros entes empresariales del país, porque consideran que la medida es discrecional, arbitraria y, en algún momento, puede ser extorsiva.
“Ya hay una norma anticontrabando, entonces, ¿por qué ir contra el sector formal, contra el empresario? Los contrabandistas son los que se están llevando los recursos y no es solo el tema de los alimentos. Hay una estimación que, por ejemplo, que son más de 600 millones de dólares que se lleva el (contrabando) combustible, de la subvención de los bolivianos”, aseguró.
Al mismo tiempo, Camacho manifestó que la situación es de “alta preocupación” y se está analizando, con otras cámaras empresariales, tomar posiciones por la vía legal. “Vamos a tener que impugnar (la disposición), no queda otra (…). Nuestra vocación es productiva, no conspirativa. Entonces vamos en ese rumbo. Son 700 mil fabriles y 39 mil industrias de riesgo”, aseveró el presidente de la CNI.
