Desde el 1 de enero del 2025, la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 se encuentra publicada en la Gaceta Oficial. En la misma se encuentra la polémica disposición adicional séptima que ha puesto en alerta a empresarios, productores y gremiales.
Esta disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025 señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
El sector industrial fue uno de los últimos en manifestar su rechazo contra la disposición advirtiendo que esta pone en riesgo los derechos fundamentales de las empresas, como la propiedad privada, el trabajo, el comercio y la industria, por lo que implica un retroceso económico para el país.
“La disposición adicional séptima abre la puerta a actos discrecionales que podrían derivar en confiscación de bienes, afectando la inversión y promoviendo la inseguridad jurídica en un momento crítico para la economía del país”, señaló Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI).
Hace unos días, el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó que el Gobierno está convocando al sector productivo empresarial, industrial, gremiales, minoristas y comerciantes para trabajar la reglamentación de la mencionada disposición.
Agregó que la aplicabilidad de esta disposición está en «pausa» y no se hará efectiva hasta que se trabaje su reglamentación de forma concertada y aclaró que esta norma no afecta a los gremiales, minoristas comerciantes, sino a las personas que se dedican almacenar, esconder los productos alimenticios para venderlos a precios altos.
