Los gremiales de Bolivia dieron al Gobierno nacional hasta fin de mes para que retire la disposición adicional séptima de la Ley 1613 del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 de lo contrario volverán las movilizaciones.
“Se da plazo al Gobierno nacional hasta el 31 de enero para que pueda retirar el punto pertinente del decomiso y confiscación si no lo anula se reactivan las movilizaciones en todo el territorio nacional”, indicó Jesús Cahuana, dirigente gremial, tras finalizar el ampliado nacional.
La disposición adicional séptima de la Ley del PGE 2025, que a puesto en alerta a empresarios, gremiales y productores, señala que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Hace unos días, el viceministro de Defensa del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, indicó que el Gobierno está convocando al sector productivo empresarial, industrial, gremiales, minoristas y comerciantes para trabajar la reglamentación de la mencionada disposición.
Añadió que la aplicabilidad de esta disposición está en «pausa» y no se hará efectiva hasta que se trabaje su reglamentación de forma concertada y aclaró que esta norma no afecta a los gremiales, minoristas comerciantes.
