Por segunda ocasión, representantes del sector agropecuario, industrial y exportador no asistieron a la mesa de diálogo convocada por el Gobierno para abordar la normativa que busca combatir el agio y la especulación en productos de la canasta básica. Ante este escenario, el Ejecutivo ratificó su llamado al encuentro e incluyó a nuevos actores, entre ellos la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB).
El ministro de Justicia, César Siles, junto a sus pares de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, y de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, además de viceministros, esperaron la presencia de los empresarios para debatir la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE).
Según Siles, los representantes empresariales adoptaron “posturas políticas” y, en algunos casos, “bastante radicales” para justificar su ausencia en la mesa de diálogo. La normativa en cuestión faculta a las entidades estatales a realizar controles, fiscalizaciones e incluso decomisar productos almacenados con fines especulativos.
“Lamentamos esta posición, que responde más a intereses políticos que técnicos. El único objetivo del Gobierno es garantizar el abastecimiento de alimentos esenciales para la población, y esta disposición está respaldada en normativas previas a la Ley Financial”, afirmó el ministro.
Al igual que el pasado 20 de enero, no asistieron los representantes de la Cámara Nacional de Industria (CNI), la Cámara Nacional de Comercio (CNC), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara de Exportadores de Bolivia (Cadex), quienes exigen la derogación de la disposición observada.
Pese a la ausencia, el Gobierno insistirá en reabrir el diálogo. “Convocamos nuevamente a estos sectores a deponer actitudes intransigentes y a acudir al Ministerio de Justicia y a las instancias competentes para un diálogo constructivo, sin posturas radicales ni políticas”, sostuvo Siles.
En esa misma línea, el ministro Flores anunció la ampliación de la convocatoria a otros sectores interesados en la reglamentación de la norma, entre ellos la CEPB, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y la Cámara de Pequeños Productores del Oriente.
“No nos vamos a quedar con este rechazo. Seguiremos insistiendo porque el diálogo debe ser constructivo y permitir soluciones consensuadas”, enfatizó Flores.
Como parte de este proceso, las autoridades del Gobierno se reunirán este miércoles con representantes de la Confederación de Gremiales de Bolivia, los gremiales de El Alto y la Federación de El Alto Sur, en busca de acuerdos con sectores productivos y comerciales.
