Las filas por combustibles en los surtidores volvieron a incrementarse esta semana en varias regiones del país y la situación tiende a saltar al ámbito jurídico, ya que YPFB anunció “medidas muy duras” contra los surtidores que estarían ocultando combustible, lo que habría provocado la escasez en el mes de enero.
El vocero de la estatal petrolera, Misael Franco, advirtió el martes que “se van a tomar medidas muy duras, porque este mes de enero no tenía que haber filas en las diferentes estaciones de servicio. Es por eso que el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, va a anunciar las medidas duras”, aseguró.
Una fuente cercana a la estatal señaló que se alista “un paquete de medidas” que serán implementadas junto a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y no se descarta la figura de “intervención”, lo que significa sanciones que van desde la suspensión de la licencia de operación, hasta el cierre temporal o definitivo de la estación de servicio.
Según un reporte de medios estatales, la ANH dio a conocer que existen al menos 11 estaciones de servicio en Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz que fueron precintadas por desviar combustibles en medio de la creciente demanda. EL DEBER intentó conocer las versiones de la Asociación de Surtidores (Asosur) y de la ANH, pero los voceros no atendieron a las llamadas telefónicas realizadas el miércoles.
El titular de la Vicepresidencia Nacional de Operaciones de YPFB (VPNO), Ariel Montaño, manifestó a EL DEBER que la petrolera, conforme sus competencias, no realiza un control directo en las estaciones de servicio. Sin embargo, durante la segunda quincena de enero se ha evidenciado una sobre demanda de gasolina.
“Por ejemplo, en Santa Cruz, el despacho durante este periodo fue de 2,6 millones de litros por encima del programado y, a pesar de este sobre despacho, se presentaron filas de manera esporádica, ante esta situación se realizaron operativos donde se identificó que algunas estaciones de servicio reportaban saldos menores a los que realmente tenían o debían tener, toda esta información será enviada mediante informes al Ente Regulador (ANH)”, indicó.
Consultado sobre las proyecciones para los próximos días, Montaño anunció que YPFB planifica realizar las importaciones de combustible en función a la demanda proyectada para cada mes. “Esta demanda es trabajada en conjunto con el Ministerio del sector, YPFB y ANH. Para febrero se tiene programado comercializar 183 millones de litros de diésel y 199,2 millones de litros de gasolina a nivel nacional”.
Según el funcionario, para cumplir con estos volúmenes se realizará la importación de combustibles desde cuatro países diferentes y siete plantas distintas, todas ellas se encuentran habilitadas y operando.
¿Qué significa intervención?
La abogada experta en el sector hidrocarburos, Daniela Durán explicó que una intervención a una estación de servicio, si se encuentran indicios suficientes de haber cometido alguna violación a lo establecido en la normativa, significa que no solo le pueden suspender la licencia de operación, sino el cierre temporal hasta el definitivo.
Al mismo tiempo, mencionó que en ese lapso la puede administrar el Estado por un tiempo determinado e, incluso pasar a manos de otra administración, como de YPFB. “Y también le pueden iniciar procesos penales a los encargados”, indicó Durán.
“La ANH tiene la potestad de otorgar las licencias de operación, de fiscalizar e intervenir las estaciones de servicio. En el caso de una intervención, pueden ser tres meses, seis meses, nueve meses, varía, pero máximo un año. Pasado ese tiempo, toma la determinación de qué es lo que sucede con la estación de servicio y la licencia de operación”, afirmó.
Consultada sobre los operativos que realizó YPFB en algunos surtidores a finales de enero y que el mismo presidente de la estatal indicó que los informes fueron derivados a la ANH, Durán señaló que esa acción es usurpación de funciones y es ilegal. “La ANH tiene que crear sus propios informes. En realidad, lo que ha hecho YPFB es usurpación de funciones, eso es ilegal, no puede fiscalizar porque no es fiscalizador, no tiene esa facultad”, apuntó la abogada.
Agregó que, en materia de venta de combustibles, la petrolera lo único que puede hacer es firmar contratos, por ejemplo, con grandes consumidores (Graco), a través de su Gerencia Comercial. “En el marco del contrato (YPFB) puede ver dónde están destinados los volúmenes, pero una vez llegue ese volumen (de combustibles) a destino y se carga en el tanque de la estación de servicio, a partir de ese momento, la fiscalización es atribución de la ANH y no de YPFB”, aclaró.
El 28 de enero, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, denunció que existe un “sabotaje” de parte de las estaciones de servicio para generar zozobra en la población y alimentar la especulación respecto a la escasez. “Lo hemos verificado el fin de semana, hemos hecho operativos como YPFB, no es algo que nos corresponde, pero lo hemos hecho. Estaciones de servicio que decían estar en ‘alerta’ de combustible tenían más de 20 mil litros en tanque. Levantaban una alerta cuando no tenían necesidad”, aseveró.
“YPFB miente”
El analista de hidrocarburos, Germán Richter, aseguró que, si se ponen en una balanza las declaraciones de Asosur y las de YPFB, la estatal sale perdiendo porque “mienten constantemente”, dijo al referirse a las declaraciones de sus ejecutivos. “Asosur no tiene porque tener ese tipo de actitudes (de esconder el combustible), porque la finalidad de ellos es vender; cuanto más rápido vendan, más rápido ganan plata”.
Manifestó que, en caso de ser ciertas las acusaciones de YPFB, “es fácilmente detectable” cuando ves que ellos, la única manera de expender su combustible es a través de la bomba. Y todos están controlando para que no vendan combustible en envases. “Yacimientos (YPFB) miente todos los días. Y si no es por costumbre, es para no perderla (…) La ANH hace comentarios sobre disponibilidad, embarques, envíos, ella tiene que fiscalizar nomás, pero es portavoz de Yacimientos; Germán Jiménez (director) sale justificando la producción, los embarques, los recibimientos en Arica. Él no tiene nada que ver con Arica”, opinó.
De acuerdo con Richter, la acusación de YPFB es parte de una estrategia para encubrir “verdaderas razones” de la escasez de combustible. “¿Y cuál es el problema? La venta que ellos hacen exclusivamente a la minería de La Paz, no le falta un litro (…) reciben de Riberalta, ¿y quién manda a Riberalta el diésel? Yacimientos”, remarcó el analista.
