Este sábado se conoció el auto constitucional 0538/2024-CA, mediante el cual el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad concreta, que planteó el gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, en contra del delito de terrorismo. El objetivo es sacar del Código Penal este delito, uno de los principales del juicio por el caso ‘golpe I’.
“Admitir la acción de Inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Luis Fernando Camacho Vaca, demandando la inconstitucionalidad del art. 133 del Código Penal, por ser presuntamente contrario a los arts. 13.IV, 14.III, 21.3, 4 y 5; 109.11, 116.II, 256.1 у 410.II. de la Constitución Política del Estado; 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, señala el segundo párrafo del auto constitucional, firmado por los magistrados ‘autoprorrogados’: Karem Gallardo, Isidora Jimenez y René Espada.
De acuerdo con el documento legal, la demanda fue presentada el 13 de octubre de 2024, ante el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz y este tribunal negó el pedido que hacía la defensa del gobernador. Pero como todos los casos pasan en revisión al TCP, este caso llegó el 8 de noviembre hasta Sucre y el auto de admisión fue dictado el 2 de diciembre de 2024.
El 27 de febrero de este año, el exministro de Justicia Iván Lima había alertado que este memorial se encontraba en etapa de admisión y advertía del riesgo que se corría en el juicio del caso ‘golpe I’, porque el principal delito podía quedar anulado. Sin embargo, lo cierto era que la admisión ya había sido dictada en diciembre del pasado año y recién este 8 de marzo notificaron a las partes.
Camacho está acusado por seis delitos en el juicio del caso ‘golpe I’: terrorismo, financiamiento al terrorismo, cohecho activo, seducción de tropas, instigación pública a delinquir y asociación delictuosa, de acuerdo con la acusación formal que presentó la Fiscalía para ir a este juicio. Según el Código Penal el delito de terrorismo tiene una pena de 15 a 20 años.
Si el delito de terrorismo se declara como “inconstitucional”, se tendría que modificar todo el proceso contra Camacho y los otros acusados del juicio por el caso ‘golpe I’, y se retrasaría nuevamente.
El exministro señaló que la anulación de los delitos de sedición y terrorismo en el Código Penal boliviano forma parte de las recomendaciones del GIEI para adecuar el texto a estándares internacionales.
También manifestó que beneficiaría al caso de los dirigentes evistas Humberto Claros, Ramiro Cucho y el centenar de campesinos detenidos en Parotani y Mairana en el último enfrentamiento por bloqueo de caminos en noviembre de 2024.
