La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) recordó este jueves los cuatro años de su detención y encarcelamiento por la crisis de 2019 en el país, periodo en el que dijo haber sufrido los «abusos del sicariato judicial, fiscal» y del oficialismo.
«Cuatro años de injusticia. Cuatro años de tortura ‘blanca’. Cuatro años de ilegalidad tras ilegalidad. Cuatro años de indefensión en audiencias donde no dan la cara sus verdugos», señaló la exmandataria en un mensaje en sus redes sociales.
También sostuvo que está privada de la libertad desde hace cuatro años «por asumir la responsabilidad de garantizar la continuidad de la democracia, pacificar el país y convocar a nuevas elecciones generales tras el fraude electoral» que hubo en 2019 para supuestamente favorecer al expresidente Evo Morales (2006-2019), al que llamó «huido».
Áñez acusó al exgobernante de «gestar una convulsión social violenta y fraticida» tras renunciar a la Presidencia ese año e irse primero a México y luego a Argentina.
Agregó que son «cuatro años de abusos del sicariato judicial, fiscal y masista -del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS)-. Cuatro años de procesos judiciales inconstitucionales e ilegales, con condena anticipada confesada por Evo Morales e Iván Lima Magne», exministro de Justicia de Luis Arce.
Evo Morales dimitió y salió del país asegurando ser víctima de un «golpe de Estado», en medio de protestas ciudadanas por denuncias de un fraude electoral a su favor en las elecciones generales de 2019 que luego fueron anuladas.
Áñez era, hasta ese momento, una política con poca relevancia que activó dos días después de la renuncia de Morales un mecanismo de sucesión, sin el cuórum necesario en el Parlamento, donde la mayoría le pertenecía al MAS.
Esa acción fue respaldada en su momento por el Tribunal Constitucional tras una interpretación a la norma sobre casos de vacío de poder.
La política fue detenida y encarcelada en marzo de 2021 dentro del proceso conocido como ‘golpe de Estado I’, iniciado por la exdiputada del MAS Lidia Patty, y en 2022 fue sentenciada a 10 años de prisión por otro caso, el ‘golpe de Estado II’, en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión en 2019.
La Fiscalía y el Gobierno consideran que Áñez se proclamó presidenta vulnerando los reglamentos parlamentarios y que esa responsabilidad debía caer sobre un legislador oficialista, mientras que la defensa de la exgobernante defendió que hubo un vacío de poder tras la renuncia de Morales.
El juicio por el caso ‘golpe de Estado I’ avanzó en los últimos meses teniendo como principales acusados al gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y al exlíder ciudadano del departamento andino de Potosí y excandidato a la Vicepresidencia Marco Pumari.
Ambos lideraron las protestas poselectorales en 2019, cuando eran presidentes de los comités cívicos de sus regiones.
Áñez fue apartada de ese proceso porque ya fue juzgada y sentenciada por los mismos hechos en el caso ‘golpe de Estado II’.
La política siempre ha reclamado un proceso especial como expresidenta y en 2023 denunció al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.
Además de estos casos, Áñez afronta al menos siete procesos en la justicia ordinaria, entre ellos los casos conocidos como ‘Sacaba’ y ‘Senkata’, por las muertes de civiles durante la crisis de 2019.
