El país se escandalizó con el caso de los Estados Unidos de Kailasa. Algunos atribuyen el asombro -incluso internacional- a que se trata de un grupo religioso, extranjero, y que involucra a un fugitivo de la India. Sin embargo, el tráfico de la tierra, como tipifica la denuncia por Kailasa la diputada María René Álvarez ante la Fiscalía General del Estado (así como también organización criminal), se agrava desde hace una década, al extremo de incluir el uso de armas y la impunidad histórica.
Son varios los casos de relevancia nacional. Entre estos figuran los avasallamientos a Las Londras, las reservas Choré, Bajo Paraguá, el Parque Nacional Otuquis, Ñembi Guasu, Kaa Iya, territorios indígenas como Monte Verde; y la reducción de las ex concesiones forestales, hoy denominadas Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), con la nueva Constitución Política del Estado (CPE) de 2009.
Entre los casos que involucraron violencia armada, los más conocidos fueron Las Londras y Bajo Paraguá. En el primer ejemplo, en octubre de 2021, siete periodistas fueron secuestrados y golpeados por un grupo de avasalladores, junto a policías, en esa zona en Guarayos. Casi cuatro años después, no existe ningún detenido, y las víctimas desistieron de peregrinar en la justicia.
En medio de las denuncias, un reportaje de EL DEBER reveló que Las Londras está inserta en el negocio inmobiliario internacional, y que a nombre de la zona, empresas de bienes raíces agrícolas han gestionado créditos millonarios. Pero además existe una oferta de venta aproximada de seis mil dólares por hectárea.
Hasta ahora, los avasalladores se encuentran produciendo granos y es imposible sobrevolar el lugar con garantías, dato constatado hace poco, cuando un equipo de EL DEBER buscó cotizaciones, y la respuesta de las empresas fue que disparaban a las avionetas que se acercaban.
En Bajo Paraguá, ante las denuncias, a inicios de 2021 EL DEBER se trasladó a esa área protegida municipal y también reserva forestal, donde evidenció el inicio de desmontes, brechas y repartición de parcelas, hecho que fue denunciado, y por el que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT) inició procesos administrativos, de los que hasta ahora se desconoce el estado, a pesar que se ha consultado en varias oportunidades, incluso por carta.
Asimismo, las personas que construyeron viviendas en Bajo Paraguá, de acuerdo a los reportes de las autoridades municipales ignacianas, se hicieron ‘contar’ para el censo.
Además, se verificó con las placas que los vehículos en Bajo Paraguá provienen de al menos dos departamentos y siete municipios cruceños, además se encontró una cisterna de la Alcaldía de San Julián, hecho que en esa oportunidad se preguntó al alcalde, que no dio respuesta.
Fue en esa misma zona, en septiembre del año pasado, tras una inspección de autoridades y control social, que un grupo armado se instaló en Bajo Paraguá, exigiendo ser incluidos en el territorio, e incluso impidiendo el paso de los bomberos a los puntos de incendios forestales.
Similar situación se dio en Choré, donde los bomberos denunciaron que era imposible pasar con las garantías mínimas, por la presencia armada. Finalmente llegaron, custodiados por uniformados, pero no lograron luchar contra las llamas.
Y lo que antes era una reserva forestal, con blindaje en cuanto a la otorgación de permisos, desde 2024, por decreto del presidente Luis Arce, pasó a ser Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), modificación que abrió la puerta a las actividades antrópicas, como ganadería y agricultura.
Tras el decreto 5202, la Fundación Tierra alertó que con esa medida se recortaron 224.000 hectáreas bajo la figura de ANMI, eliminando las prohibiciones y legalizando títulos otorgados con anterioridad por el INRA, de manera irregular. Eulogio Núñez, director del INRA, dijo que por lo menos en su gestión no se dieron tales autorizaciones.
Otra situación, que se hizo pública en 2024, fueron permisos de desmonte en tierras fiscales chiquitanas, de parte de la ABT, específicamente en los puntos denominados Casa Grande y Romano.
Los datos del INRA y sentencias agroambientales dan señales que ambos puntos son propiedad del Estado boliviano, hoy en manos de privados locales y extranjeros. Van 9.000 ha afectadas en un solo sitio. Asimismo, informes internos (documentados) de la ABT confirman irregularidades en estos permisos.
En Guarayos, aparte de Las Londras, los avasallamientos están presionando, en la actualidad, a las Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), como la de Marabol y Vasber.
En la primera ATE ya hubo un desalojo el año pasado, y por encima de este, los autores se encuentran actualmente cultivando y cosechando granos, según las denuncias de los beneficiarios de la ATE. En Vasber, un avasallamiento más antiguo, confirmaron que hasta la fecha no se ha procedido con el desalojo.
En el Parque Nacional Kaa Iya, según denuncias de funcionarios del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), la presión por la tierra ya se encuentra en el límite de esta reserva natural, colindante está el Área de Conservación e Importancia Ecológica Ñembi Guasu, creada por decisión de la Autonomía Indígena de Charagua Iyambae. Por encima de esa determinación, tanto el INRA como la ABT emitieron autorizaciones en esa zona.
El 21 de enero de 2025, en el Tribunal Agroambiental de Camiri, el Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC) de Charagua Iyambae logró una victoria judicial en la protección de su territorio ecológico. En 2021, el GAIOC Charagua Iyambae inició una Acción Ambiental Preventiva contra el INRA y la ABT, en busca de proteger su biodiversidad, los derechos de los pueblos ayoreos en aislamiento voluntario y el ecosistema natural del territorio guaraní.
En el Parque Nacional Otuquis, el año pasado fue destituido el director que inició el desalojo de tierra fiscal en esta área protegida. Marco Canaviri fue retirado de su cargo por decisión de la oficina central del Sernap, en La Paz.
Según un audio enviado a EL DEBER por personal del Sernap, Canaviri fue presionado por un dirigente indígena de la Cidob para permitir la entrada a Otuquis. Si bien Canaviri permitió el ingreso, después inició un proceso judicial, que fue ganado por el Sernap, pero hasta la fecha, los empresarios brasileños (naturalizados bolivianos) involucrados, permanecen en el lugar, incluso con sentencia agroambiental favorable al Sernap.
Sobre esa superficie de 2.000 ha, el INRA confirmó que se trata de tierra fiscal no disponible, y que nunca fue habitada. Los títulos son de 1972, año cuando, según Jhovana Morales, de la Fundación Tierra, se otorgaron varios papeles en condiciones irregulares.
En Tres Cruces, por la zona de Pailón, una superficie cercana a 10 mil hectáreas, de un total de 18 mil ha, dotada por el Estado a la UAGRM, se encuentra habitada por tres colonias menonitas y una familia boliviana. En el caso de los menonitas, por encima del título de la UAGRM, estos se encontraban regularizando título, y obtuvieron una resolución suprema que después fue anulada.
Aunque la universidad ya tiene la orden de desalojo para los cuatro puntos ocupados, los asesores legales denunciaron que no han podido ejecutar, y denunciaron injerencia de la Embajada de México, además de corrupción judicial.
Consultada sobre el tema, la Embajada de México respondió que resguarda la confidencialidad de sus ciudadanos (menonitas). Estos acceden a la tierra tras naturalizarse como bolivianos.
Recientemente, el hecho más comentado fue el contrato de los representantes de Kailasa con tres pueblos amazónicos y uno guaraní, por más de medio millón de hectáreas, con unas condiciones que atentaban contra la misma CPE, pues negociaban el territorio a perpetuidad, y con derechos totales sobre el espacio aéreo y los recursos bajo el suelo, entre muchas otras cláusulas.
Según la Central Indígena Paiconeca de San Javier (CIPSJ), en este momento, avasalladores están entrando desde Guarayos a la TCO Monte Verde, aprovechando la huella de los incendios. A través de una carta a EL DEBER, dieron a conocer la sirtuaición «alarmante» de ese territorio, reclamando que además sentaron la denuncia en la ABT, en fecha 21 de marzo.
Crédito INRA
A través de sus redes sociales, Eulogio Núñez, director nacional del INRA, pidió a la Asamblea Legislativa Plurinacional que facilite la aprobación de un crédito de 40 millones de dólares del BID, para seis años, que ayudaría a finalizar el proceso de saneamiento, e implementar un catastro rural descentralizado en los nueve departamentos.
Según Núñez, la no aprobación perjudicaría a más de 300.000 poseedores de las tierras rurales y a la seguridad alimentaria. En respuesta, casi una veintena de senadores y diputados firmaron el pasado viernes un pronunciamiento de rechazo al crédito. Según la nota, este financiamiento tiene como objetivo la destrucción de las áreas de producción de alimentos en el Oriente boliviano, el loteamiento y el tráfico de tierras, “bajo el argumento del saneamiento de tierras”.
Asimismo, los legisladores pidieron informe del dinero invertido en el proceso de saneamiento que, según la Ley 1715, tenía que culminar en diez años, “y ya va por 29”.
PARA SABER
FORO POR LA TIERRA
El año pasado, la diputada por Creemos María René Álvarez organizó un foro para tratar la problemática de la tierra. En esa ocasión asistió el director nacional del INRA, además de representantes indígenas, empresariales y autoridades departamentales y municipales. Se evidenció que Santa Cruz tiene mucha tierra fiscal no disponible, actualmente la más asediada por los incendios, desmontes y avasallamientos.
PRIVADOS
En el foro, la asesora legal de la CAO reclamó al INRA que más de la mitad de los predios privados no están con el proceso de saneamiento concluido.
