“La privación de libertad de Luis Fernando Camacho es arbitraria (…) el remedio adecuado sería poner al Sr. Camacho inmediatamente en libertad”, es la conclusión y pedido del grupo especial de las Naciones Unidas. Esa postura es apoyada por la Fundación Human Rights, y así dos instancias mundiales ponen en la agenda internacional el caso “Golpe I”.
Apoyado en ese informe de Naciones Unidas, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien está recluido en la cárcel de Chonchocoro desde hace dos años, cuatro meses y cuatro días, anunció que su equipo jurídico iniciará “las acciones jurídicas pertinentes ante organismos internacionales” contra todos los funcionarios del Gobierno de Luis Arce, del Órgano Judicial y del Ministerio Público, responsables de su detención, de sus procesos y actuaciones en su contra calificadas como “torturas y violaciones a los derechos humanos”.
“Es absolutamente claro que este caso va a generar procesos y sanciones internacionales (…) las autoridades judiciales que decidan mantenerme secuestrado, serán llevadas a proceso internacionales para que respondan ante los diferentes organismos internacionales y sus Estados miembros por sus decisiones violatorias contra mis Derechos Humanos”, afirmó Camacho.
En ese marco, la primera autoridad cruceña fue trasladada ayer a una audiencia más por el caso “Golpe I” en la ciudad de La Paz. Camacho estuvo arropado por su familia y seguidores, quienes exigieron la inmediata liberación de su persona y del excívico potosino Marco Antonio Pumari.
El informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de Naciones Unidas (ONU), realiza un diagnóstico sobre el caso de Camacho y destaca cinco puntos, entre ellos: la detención de Camacho fue “arbitraria”; su privación de libertad viola “el principio de igualdad de los seres humanos”, ya que estuvo motivada por “su opinión política”; con este caso el Estado boliviano vulnera dos tratados internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Es por eso que Naciones Unidas determina que corresponde la inmediata libertad de Camacho, además de “concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”.
El informe fue totalmente respaldado por la Fundación HRF en Bolivia, instancia que además dijo que las conclusiones de ese documento tienen un carácter vinculante, porque Bolivia es parte de las Naciones Unidas y está adscrita a los tratados internacionales que sustentan el informe, hecho que está en la Constitución Política del Estado. Por lo tanto, el Estado “está obligado a cumplir esta decisión y proceder a la liberación inmediata de Luis Fernando Camacho”.
Más allá de Camacho
Y el informe de la ONU también alcanza a otros líderes encarcelados por el mismo caso. “Al determinar un ‘patrón de persecución de líderes políticos opositores al gobierno’ esta decisión también pone de manifiesto la preocupante situación de otros presos políticos en Bolivia que enfrentan condiciones similares de detención arbitraria. Entre ellos destacan la expresidenta Jeanine Áñez y el líder cívico indígena Marco Pumari, ambos sometidos a procesos judiciales marcados por irregularidades y motivaciones políticas”, destacó HRF.
Al respecto, la expresidenta Áñez afirmó que el informe de la ONU “es una prueba más de que en Bolivia las detenciones de los presos políticos han violado nuestros derechos, la Constitución y el derecho internacional en todas sus formas”.
La familia del gobernador Camacho exigió la inmediata liberación de la autoridad y ratificó que su encarcelamiento es ilegal.
“Desde el 28 de diciembre de 2022 hasta la fecha, mi esposo se encuentra secuestrado en el penal de Chonchocoro por el presidente Luis Arce Catacora”, dijo ayer Fátima Jordán, esposa del gobernador Camacho.
Defensa de Camacho descarta a Evo, Arce, García y Romero como testigos
En la audiencia presencial que se realizó ayer lunes, 31 de marzo, por el caso “Golpe I”, el expresidente Evo Morales, el presidente Luis Arce, y otros personajes del oficialismo vinculados al proceso, no se presentaron a declarar en calidad de testigos, hecho que no le sorprende a la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho; es más, ya fueron descartados.
“No se presentaron a declarar, no presentaron ningún justificativo; sin embargo, hemos escuchado a otros testigos que son suficientes. Se presentaron tres personas que para la defensa del gobernador es bastante y con la finalidad de acelerar el proceso y lograr la libertad de forma inmediata es que hemos prescindido de los demás testigos”, dijo el abogado Martín Camacho.
La próxima audiencia en el caso será el 10 de abril, cuando sea el turno de dar su posición el ministerio de Gobierno, que es una de las partes acusadoras, y posteriormente se entrará a la fase de alegatos. Camacho está acusado de terrorismo, cohecho activo y uso indebido de bienes.
