12 de junio de 2024, 4:00 AM
12 de junio de 2024, 4:00 AM
La situación jurídica de Misael Nallar Viveros se complicó después que fuera imputado por la Fiscalía de Viacha por el delito de tentativa de homicidio y lesiones graves. En una audiencia de medidas cautelares, la justicia ordenó ayer que el sujeto permanezca con detención preventiva por 180 días más (seis meses) en la cárcel de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro, ante el amotinamiento y violenta golpiza que lideró contra un teniente y otros uniformados del recinto penitenciario.
Jorge Tamayo, abogado del acusado, dijo que lo ocurrido el sábado en el penal al caer la tarde, fue pretexto para que se abra un nuevo proceso en contra de su defendido. Por ello, afirmó que conoce de “dónde viene la mano” con esta imputación para que no salga de la cárcel.
Sobre Nallar pesa una acusación por dos delitos y también asesinato, este último por el cual la Fiscalía de Santa Cruz se mantiene firme en su posición de que el sujeto sea sentenciado con la pena máxima de 30 años sin derecho a indulto, por el asesinato a sangre fría de dos policías y un voluntario del Gacip en la ruta a Porongo en 2022.
En mayo de este año se conoció que el Ministerio de Gobierno fue apartado del proceso por decisión de los vocales que componen el Tribunal Séptimo de Sentencia en Santa Cruz, algo que fue duramente cuestionado por el ministro Eduardo Del Castillo quien denunció a los vocales de presuntamente buscar beneficiar a Nallar, y por ello presentó una recusación. Un juez de La Paz decidió paralizar todos los actuados hasta que se resuelva el incidente, según informó a EL DEBER el ministro de Justicia, Iván Lima.
Ayer (martes) durante la presentación del informe de los hechos acaecidos en Chonchocoro, Del Castillo informó que “existen jueces probos” en el país que nuevamente decidieron que su entidad sea integrados en el caso como parte querellante.
“Felizmente tenemos autoridades probas en distintas zonas del país y hemos logrado reincorporarnos a este proceso, para lograr una sentencia en contra del señor Misael Nallar”, afirmó em conferencia de prensa.
Cuestionan celeridad
La noche del lunes, en una audiencia virtual la jueza de Sentencia, Gabriela Salas, aceptó una tutela planteado por la defensa de Nallar y ordenó que sea trasladado hasta un centro médico, para que sea atendido por médicos especializados, debido a los golpes que recibió por parte de los policías durante la gresca.
El ministro de Gobierno, informó que la orden fue cumplida en horas de la madrugada y que no permaneció mucho tiempo en el hospital. Según el reporte, la recomendación de los médicos que revisaron a Nallar, es que debe permanecer en completo reposo, en el interior de la cárcel, “hasta que se recupere al 100% de las lesiones que ha sufrido”.
Al respecto, diferentes voces cuestionaron la celeridad del Gobierno en el traslado del sujeto acusado de asesinato, a diferencia de las múltiples peticiones que hizo la defensa del gobernador Luis Fernando Camacho, para que sea trasladado hacia un centro médico por la enfermedad degenerativa que padece.
Martín Camacho, abogado de la primera autoridad, manifestó que la vida de su defendido corre peligro por lo sucedido, y por ello insistió en que sea trasladado a Santa Cruz. “Está secuestrado por una venganza política”, dijo.
Chonchocoro es para los sentenciados
Exdirector de régimen penitenciario
Chonchocoro es una cárcel hacinada, viven 800 internos en una construcción para 330 personas. Los espacios comunes como los pasillos, áreas comunes y comedores están habilitados para camas de los reclusos.
Alguien que tiene dinero por narcotráfico es rodeado por gente amiga, existe empatía en el lugar y sobre todo con expectativas que un señor que tiene recursos puede hacerle llegar un poco, no solo a reos.
Decimos que los policías cuando detiene o reduce a una persona en la calle, es una tarea meritoria, ese policía es un héroe, pero no pueden estar en otros ambientes como son los penitenciarios porque esos ambientes están destinados a gente especializadas a rehabilitar.
En teoría penológica, los policías no deben estar en las cárceles. Otra instancia distinta a la Policía tiene que hacerse cargo, por eso es el mundo penitenciario, por eso se dieron los hechos en Chonchocoro y se dan de vez en cuando en las cárceles bolivianas. No es solo trasladar privados de libertad, hay que tener referencia criminológica muy importante, un penólogo tiene que mirar esto, no son cosas u objetos.
El gobernador Luis Fernando Camacho está en un lugar distinto a las poblaciones, pero un motín grande que se pueda dar en esa cárcel por supuesto que va a afectarlo y podría suceder cualquier desgracia.
Lo que debería hacerse en general es que no haya detenidos preventivamente en Chonchocoro, esa cárcel es para sentenciados, de alta peligrosidad y Camacho está de forma preventiva. Él debería estar en otro centro.
