26 de junio de 2024, 4:08 AM
26 de junio de 2024, 4:08 AM
Desde 2014 hasta septiembre del 2023, el país registró 4.804 matrimonios de adolescentes mujeres, de los cuales el 38% son de 16 años y el 62% de 17 años, según un informe de la Defensoría del Pueblo.
Del análisis de los datos proporcionados por el Servicio de Registro Cívico (Sereci) se constató la existencia de 487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años, posterior a la promulgación de la Ley N° 603 que establece que la edad mínima para contraer matrimonio en Bolivia es a los 16 años, resalta el documento.
El Defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya, presentó el informe denominado Sueños Interrumpidos, que analiza la vulneración de derechos de niñas y adolescentes mujeres, emergentes de los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, y del embarazo infantil forzado en Bolivia, que fue desarrollado en la gestión pasada.
También es una realidad que hay niñas y adolescentes en concubinato y uniones libres que no son parte de los registros oficiales.
Bolivia Sánchez, jefa de la Unidad de Derechos Generacionales y Género, señala que no existe un registro de este tipo de uniones; sin embargo, “la investigación establece que, entre las niñas menores de 18 años de edad, las uniones o concubinatos predominan en relación con los matrimonios, pudiendo indicar que, por cada 15 matrimonios formales, existirían 85 informales o en subregistro”.
En ese sentido, considera “que la aprobación de una normativa que prohíba el matrimonio de personas menores de 18 años no eliminará ni reducirá los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas, más aún si tomamos en cuenta las características de la idiosincrasia boliviana”.
Manifiesta que urge dejar de invisibilizar esta problemática social que continúa siendo justificada bajo el pretexto de los usos y costumbres del país, lo cual vulnera los derechos humanos de miles de niñas y adolescentes mujeres cada día.
Sánchez indica que los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas se constituyen en una violación de los derechos de las mujeres y niñas que afecta la decisión y construcción de sus proyectos de vida de forma libre y sin ninguna forma de coacción o violencia
Si bien esta situación se da en todas las clases sociales, tanto en el ámbito urbano como rural, activistas, líderes de organizaciones indígenas y funcionarios encargados de proteger los derechos humanos de la niñez y la adolescencia coinciden en que es precisamente en las comunidades indígenas de tierras bajas de Bolivia donde existe una importante naturalización de estas prácticas, las cuales pretenden ser naturalizadas y legitimadas amparándose en sus usos y costumbres.
“Cabe indicar que, los matrimonios y uniones infantiles, tempranas y forzadas tienen un origen multicausal, que van desde aspectos estructurales, como la pobreza y falta de educación, hasta aquellas vinculadas con hechos de violencia sexual, pues en muchos casos, la niña o adolescente termina siendo forzada a convivir con su agresor, así entre otras causas es el resultado de un embarazo no deseado o no planificado”, puntualiza Sánchez.
Conforme a los datos del Ministerio de Salud, desde la gestión 2015 hasta septiembre del 2023 se registró 458.246 embarazos en niñas y adolescentes mujeres, evidenciándose una disminución a escala nacional, la cual llega al 57% en relación a los datos registrados entre 2015 y 2022.
El informe señala que se realizó un cruce de datos, tomando en cuenta el registro de embarazos y los casos de violación de niñas y adolescentes registrados por el Ministerio Público, con el objetivo de identificar municipios en los cuales los embarazos sean producto de una violación sexual. Los resultados apuntan a nueve municipios que superan el 20% de probabilidad en cuanto a los embarazos de niñas o adolescentes como producto de una violación: Guanay (46,81%), Portachuelo (40,98%), Cuatro Cañadas (37,04%), Monteagudo (29,03%), Chimoré (27,78%), Caranavi (22,88%), Viacha (22,68%), Punata (22,33%) y Yapacaní (21,46%).
La institución defensorial exhorta a los gobiernos autónomos municipales, con un índice superior al 16,5% de embarazos en niñas y adolescentes, que asignen presupuestos para luchar contra esta problemática, en cumplimiento al Código Niña, Niño y Adolescente.
