28 de junio de 2024, 12:30 PM
28 de junio de 2024, 12:30 PM
La asambleísta departamental de Creemos, Shirley Hurtado, deberá presentarse el próximo 4 de julio ante la Fiscalía Anticorrupción para su declaración informativa policial sobre las denuncias de concusión en su contra. La audiencia está programada para las 15:00, según informó Carlos Eduardo Correa, secretario de Justicia de la Gobernación.
Correa explicó que esta es la segunda vez que se cita a Hurtado, después de que no se presentara a la primera convocatoria, situación atribuida a una confusión entre ella y su abogado. La Fiscalía valoró esta explicación y decidió reprogramar la audiencia, en lugar de emitir una orden de aprehensión.
«Es crucial escuchar la versión que tiene para poder sustentar una imputación con todos los indicios necesarios recolectados por la policía», afirmó Correa.
Shirley Hurtado fue denunciada por supuestos cobros indebidos a exfuncionarios de la Gobernación, quienes supuestamente depositaban -cada mes- dinero en su cuenta personal.
La denuncia inicial fue presentada por una exfuncionaria, que alegó haber sido despedida por negarse a continuar con estos pagos. El concejal Juan Carlos Medrano reveló esta información, que posteriormente llevó a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
«Muy al margen de lo económico, de los daños que tienen que ser posteriormente evaluados. Es el daño a la imagen, a la institución, el engaño que se hace a la gente. Sonó mucho cuando nosotros iniciamos esta gestión administrativa este tipo de delitos. Entonces nosotros, por eso es que se inician las denuncias, para poder hacer notar a la sociedad de que no se deje engañar», dijo Correa.
Proceso paralelo por malversación de fondos
Además del caso de Shirley Hurtado, Correa mencionó el proceso que se sigue contra Óscar Porras, exfuncionario responsable de la compra de una perforadora de pozos para agua, acusado de malversación de fondos. Porras no se presentó a una audiencia cautelar y ha sido declarado rebelde, con una orden de aprehensión y el congelamiento de sus cuentas.
Correa enfatizó que la Gobernación continuará siendo parte activa en estos procesos y rechazó que se trate de una estrategia para desprestigiar a la gestión de Luis Fernando Camacho. «No se trata de perjudicar a nadie, sino de llegar a una verdad histórica de los hechos», agregó.
