29 de junio de 2024, 7:00 AM
29 de junio de 2024, 7:00 AM
Yhobana B.R. tenía el seno negro y con pus. Puede tener una infección en la mama, una obstrucción en los conductos mamarios, o cáncer, su mente vuela y solo imagina lo peor. Sus compañeras de reclusión en el pabellón de mujeres de Palmasola, mejor conocido como PC-2, creen que está podrido y eso solo la hace sentir mal.
Los responsables de la salud de las internas aseguran que ya está bien, que tuvo un absceso y que en su momento se le dio tratamiento. Acusan que ella fue descuidada porque no lo llevó a cabalidad y que incluso, cuando han tenido que ir a buscarla al interior del penal la han encontrado «en estado inconveniente».
«Ella es mi amiga, hace unos ocho meses me dijo que su seno está negro, le he contado a una doctora de afuera porque eso puede ser maligno, por eso estoy viendo cómo ayudarla, es más, hay veces que le paso Bs 20 por Tigo Money para que le hagan la extracción del pus. Ella siente que hay un estigma en su contra porque las demás mujeres ya le dicen que está podrida», revela con una mezcla de rabia e impotencia alguien que conoce a Yhobana.
En salud pública se dice que la medicina preventiva son todas las medidas destinadas a anticiparse a la aparición de una enfermedad, reducir factores de riesgo, detener su avance y atenuar sus consecuencias, según estipula la Organización Mundial de la Salud. Pero nada de eso ha tenido Yhobana.
Está privada de libertad en el Centro de Rehabilitación Palmasola por homicidio, tiene sentencia por haber matado a su esposo, de quien era víctima de violencia física. Ella dice que le falta poco para cumplir su condena (le dieron 13 años y va por 11), pero mientras los enrevesados caminos de la justicia se allanan en su proceso, lo que a Yhobana le urge es que el microhospital del PC-2 le entregue su historial médico para conseguir salir del penal en busca de salud.
El historial médico es uno de varios pasos que se tienen que seguir para consolidar una salida fuera de los muros para la atención médica. Ese primer escollo hace tiempo no logra superar. Intentando empujar su caso, Yhobana presentó hace cuatro meses un pedido de entrega del historial vía el juez tercero de ejecución penal. Pero su situación sigue estancada.
«Señor juez, mi persona se encuentra delicada de salud, toda vez que tengo un absceso en uno de mis senos, presumo se trata de cáncer de mama, y debido a esta situación he conseguido que Udime (es un centro privado que como acción social solidaria no cobrará) estudie mi cuadro médico. Es por este motivo que se requiere que mi persona sea sometida a una mamografía. Por todo lo expuesto solicito a su digna autoridad pueda ordenar al microhospital del PC-2 del penal de mujeres de Palmasola me entregue mi historial médico, con el fin de que los especialistas puedan estudiar mi caso y obtener un tratamiento pronto y oportuno«, dice el memorial que presentó cargada de esperanza.
La mujer acude a la Constitución Política del Estado, cita el Artículo 37. Le hace recuerdo al juez que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. «Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades».
También se a poya en el Artículo 121, que dice que toda persona tiene derecho a ser oída por una autoridad jurisdiccional competente, independiente e imparcial, y no podrá ser juzgada por comisiones especiales ni sometida a otras autoridades jurisdiccionales que las establecidas con anterioridad al hecho de la causa.
Por último, cita a la Ley de Ejecución de Sentencia, que en su Artículo 92 dice que «cuando se constate que el estado de salud del interno requiere de tratamiento especializado y no exista la infraestructura equipo y personal necesario, el médico recomendará en el día al juez de ejecución penal, la necesidad de su tratamiento sin perjuicio de que se solicite al interno su representante o a un familiar.
El jueves 20 de junio EL DEBER hizo conocer a la Defensoría del Pueblo la situación de Yhobana. El lunes 24 del mismo mes se abrió el caso, se hizo una visita al penal y se está a la espera de que el pedido de Yhobana progrese. Esta oficina que debe velar por los derechos humanos de los bolivianos ha mediado en otras oportunidades por casos en los que el derecho a la salud se ha visto maltratado. Yhobana aguarda por muchas cosas, pero ahora la más apremiante es su salud.
Hasta el cierre de esta nota la Defensoría está trabajando «para que sus memoriales sean atendidos con urgencia». Y como ella tiene sentencia, se está viendo qué hacer para que Yhobana tenga el debido proceso, por lo que ya se realizó el verificativo en el tribunal de justicia.
¿Por qué pasaron tantos meses sin que Yhobana tenga acceso a su historia médica? Lo que se cuestiona es la falta de atención oportuna. Había una orden del juez que se tenía que atender y se ejecutó finalmente con retraso, porque se lo pidió en marzo y Régimen lo ha hecho este mes, según expresó la delegada de la Defensoría del Pueblo, Sheila Gómez.
«Los privados de libertad están bajo la tuición del Estado y hay una responsabilidad de este, a través de sus instituciones, de atender oportunamente«, remarca Gómez, que detecta varias falencias y enumera: falta de personal policial, falta de celeridad en la atención de los jueces, y falta de sentido común. «Hay casos que, evidentemente, son de urgencia y eso es decisión de las autoridades del penal, tienen que actuar con más agilidad».
Las visitas llegan con alimento y medicamentos que adentro cuestan el doble o más
Nueve médicos para casi nueve mil internos
A 18 kilómetros del centro de la ciudad, el Centro de Rehabilitación Santa Cruz Palmasola es la cárcel más grande del país, sus murallas de seis metros de alto están erigidas sobre 24 hectáreas que guardan en su interior varios establecimientos, en total consta de siete pabellones. El pabellón PC-2 es el de las mujeres, donde diferentes instalaciones de cuartos y ambientes son parte del barrio, o mejor dicho, lo que parece un barrio, que tiene kioskos, plazuela, coliseo, capillas y un huerto hecho por manos voluntarias.
Un informe de 2022 de la Defensoría del Pueblo dice que la cárcel de mujeres tiene capacidad para 238 internas, y que hasta esa fecha había 343. Pero al interior de sus pequeñas calles se dice que ahora son unas 600, lo cual coincide con el registro de la gobernación del penal, que a principios de este año informó a EL DEBER que Palmasola tiene 8.850 internos, de los cuales 7.950 son varones y el resto son mujeres.
El mencionado informe de la Defensoría hace un punteo de deficiencias detectadas en su visita a diferentes centros penitenciarios del país, incluyendo Palmasola. Considera que hay ineficiente personal de salud, falta de medicamentos, improvisación de ambientes para la atención y servicios de emergencia.
Incluso acusa falta de una ambulancia en funcionamiento para el traslado en emergencias médicas, teniendo que recurrir al apoyo de familiares o de los bomberos.
¿Quién está a cargo de la salud de los privados de libertad en Palmasola?
Aaron Arcani es el jefe operativo del Centro de Salud Palmasola, es médico general salubrista. Explica que el microhospital, como le dicen, depende del municipio cruceño y del Ministerio de Salud. La infraestructura es del Ministerio de Gobierno y hay médicos que responden a diferentes instancias como: Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Sedes (Gobernación) y la Alcaldía.
Arcani informó a EL DEBER que adentro trabajan nueve médicos en distintos horarios. Los médicos de la red sur (que corresponde a la zona donde está Palmasola) están bajo tuición del municipio y son seis. Trabajan de 8:00 a 14:00, de lunes a viernes. Todos son médicos generales.
A ellos se suman tres médicos más que responden al Ministerio de Gobierno, que trabajan fines de semana y cubren horarios nocturnos. Pero las internas contradicen esta versión oficial.
Esos nueve doctores se hacen cargo de la salud de los casi 9 mil privados de libertad y el propio Arcani reconoce que no se dan abasto.
Arcani afirma que en total son 21 profesionales de la salud porque suma odontólogos, bioquímicos y farmaceúticos.
Lo que se ve en la realidad extramuros, con gente peregrinando por una ficha en los centros de salud pública se vive peor con los privados de libertad. Ellos solo pueden acudir a un hospital, el San Juan de Dios, por un convenio que hay entre el penal y el nosocomio, pues los reos acceden allí por el seguro de salud del Sistema Único de Salud (SUS).
Si el San Juan no tiene espacio, el privado de libertad deberá volver a la cárcel sin ser atendido y tendrá que iniciar de cero el trámite para volver a salir.
Hay un doctor para cada PC, la encargada del PC-2 es Roxana Araúz, quien es médica general. Pero las atenciones más recurrentes tienen que ver con la especialidad de ginecología, dado que hay muchas infecciones sexuales, solo este año se atendieron 178.
El doctor Arcani explica que designa un mismo médico para un PC y que en el caso del de mujeres, solo va la doctora Araúz porque si envía a otro, no es bien recibido, «por la seguridad de ellos y ellas mismas no dejo que vaya otro médico, a no ser que se trate de un caso de emergencia».
Fachada de la oficina de Régimen Penitenciario
Atención para temas de salud femenina
Las privadas de libertad tienen derecho a visitas conyugales. No hay un espacio físico destinado para ello, pero se las ingenian utilizando los ambientes de otras que tienen la suerte de contar un espacio privado (se dice que se puede tener uno por Bs 20.000 el tiempo que dure su condena en la cárcel). La dueña del ambiente lo alquila para esos encuentros.
En el informe sobre cárceles de 2018 de la Defensoría del Pueblo se describe que también hay una zona que denominan Villa Cariño, donde usan cuartos sin puertas que tienen telas en su lugar para los encuentros conyugales.
Producto de esos encuentros surge una serie de necesidades, como la de planificación familiar, métodos anticonceptivos, ginecología y otros. La doctora Arauz maneja el programa de la red Sur que brinda la capacitación en temas de anticonceptivos y el doctor Arcani asegura que la médica general está capacitada para realizar papanicolaou y control prenatal. Además de ello, una doctora de afuera visita el penal dos veces a la semana para realizar papanicolaou.
Pero la versión de las internas es otra. Es más, aducen que hay entre ellas mujeres que tienen algún conocimiento de medicina y que son las que las ayudan cuando les toca traer a un nuevo ser a este mundo. Otras tienen una versión peor, como que han tenido que dar a luz enmanilladas a la cama del quirófano (las que lograron el permiso de emergencia a tiempo para salir hasta el hospital Francés).
Dicen que al trámite de salir por atención médica hay que sumarle el tener la fortuna de conseguir custodia policial y que hay que pagarles para ello.
«No todo es como ellas lo dicen», advierten los médicos. Señalan que muchas veces son las internas las que no tienen interés en su salud y llegan cuando ya se sienten muy mal. Otras no siguen el tratamiento, pero también reconocen que el acceso a los medicamentos al interior del penal es muy difícil.
Se les da una receta con los remedios que brinda el SUS, pero cuando van a pedirlos solo hay unos cuántos y las privadas de libertad se sienten burladas.
Entre ellas cuentan que no les queda más que conseguirlos pidiendo a familiares, o lo que es peor, comprando de quienes los trafican, pues desde un paracetamol se puede encontrar con su precio duplicado y hasta triplicado.
Sobre el caso de que se enmanille a las privadas de libertad, el informe defensorial de 2022 observa que la Policía encadene a las personas mientras están en el hospital, «aspecto que contradice las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los reclusos».
Registra que se incurre en el delito de vejaciones y torturas, y parte de un caso (sin mencionar el departamento) en el que un policía empleó de manera directa el uso de cadenas en una privada de libertad internada en un centro de salud con un cuadro médico de Accidente Cerebro Vascular, pese a que la misma contaba con custodia policial las 24 horas del día. Y se plantea que «con base en el análisis de este caso, se delinearán nuevos protocolos para la Policía Boliviana».
EL DEBER recogió el testimonio de una privada de libertad que contó cómo el día anterior había nacido un bebé en el espacio que comparte con otras internas.
En este momento, según la estadística del centro médico, tienen 15 mujeres en estado de gestación y este año siete han dado a luz. Para ello, desde Régimen Penitenciario aseguran que las madres son enviadas al Hospital Francés.
Pese a ello, el año pasado el bebé de una interna falleció en el camino a recibir atención. La doctora Angy Ortega, médica departamental de Régimen Penitenciario que elabora los informes, reconoció el hecho, pero explicó que la madre no acudió a controles prenatales.
«En la semana hay un día específico para consultas prenatales, son los jueves. En el caso que usted comenta, se ha hecho el informe, ahí se explica que no había controles de parte de la madre, no podemos obligarlas a que vayan a consulta. Ella estaba con sangrado efusivo que no se pudo parar, aparentemente alzó algo pesado».
Con todo, la doctora Araúz atiende entre 15 a 20 fichas diarias, según el reporte del jefe médico. Hace también las veces de enfermera porque toma la talla y peso, ejecuta el trabajo de vacunatorio y atiende la salud de las privadas de libertad, que acuden principalmente por infecciones sexuales, sarcoptosis (sarna) y faringitis, en ese orden.
No es difícil concluir que solo una médica general para 600 mujeres no abastece. Los profesionales lo reconocen y en un mundo ideal, quisieran ser más, poder atender la salud de todas, dar todos los medicamentos que precisan y que ellas también colaboren en su disciplina como pacientes.
Mientras que ellas se sienten abandonadas por un sistema penal que les debe eficiencia para que no haya retardación de justicia, y colocadas a merced de una burocracia que retarda el acceso a una debida atención médica.
¿Cómo vamos en la dispensación de remedios?, preguntamos. «Ahí sí que andamos mal, no es que no les queramos dar, el Municipio no tiene la suficiente capacidad de comprar y eso repercute más aquí (en el penal). Cuando el médico hace su receta está en la obligación de dar lo que entrega el SUS, pero no hay todo, y le explicamos que por afuera la familia puede comprar. También hay donaciones. Como el SUS es solo para registrados (hay que presentar documentos), para las que no están en el SUS y las extranjeras, que debe ser un 10%, destinamos las donaciones», declara el doctor Arcani.
Palmasola con sobrepoblación, escasos policías y solo 9 médicos
El perverso circuito para salir en busca de salud
Cuando una afección de salud sobrepasa la capacidad de un médico general del penal, toca acudir a la medicina de afuera de los muros de Palmasola. ¿Cómo es el circuito que toda privada de libertad debe seguir para lograr una atención de un especialista o de la emergencia?
El director de Régimen Penitenciario, Mauricio Romero, explica que hay dos posibilidades de salida: la de emergencia y la salida judicial.
La salida de emergencia tiene que adecuarse a los requisitos que están catalogados en los protocolos médicos. Califican casos como: un apuñalamiento, peritonitis, un ACV, un paro cardiaco, un alumbramiento, etc. Dice que basta con que el médico de Emergencia del penal lo valore y el paciente sale al hospital de tercer nivel San Juan de Dios. Pero reconoce que la salida sí o sí viene asociada al escolta policial. Si no hay uno, no puede salir.
Y aquí el director de Régimen hace una aclaración. En el pasado se han dado casos en los que un privado de libertad ha usado esta figura (de tener una emergencia médica) y ha fugado, «lo que termina siendo un problema para el policía y hasta para el médico que ha autorizado la salida».
La otra opción es la salida judicial, para la que califican los casos que no son de emergencia, pero que requieren la atención de un especialista, como neumólogo, nefrólogo, cardiólogo, etc. Romero reconoce que es morosa y que tiene un tratamiento diferente.
El médico del penal es el que tiene que valorar el caso y hacer un informe que deja en la secretaría de Régimen, de allí es entregado al abogado de la privada de libertad. Es este último quien tiene que tramitar ante el juez una salida con escolta. Cuando el juez da la luz verde, el abogado lleva el permiso aprobado a la Gobernación del penal, a partir de ahí Trabajo Social programa la ficha médica con el hospital y por último, se busca la escolta policial.
«Este es el proceso que demora porque son varios los eslabones, nosotros (Régimen Penitenciario) tardamos entre dos y tres días, lo que retrasa más es la notificación y la autorización judicial», explica Romero.
Este largo circuito puede permitir varias fallas, como se ha visto que ha pasado con el caso de Yhobana. Ella no tiene abogado, y si lo tiene de Defensa Pública, no lo conoce. Entonces, ella gastó su tiempo solicitando el informe médico para que una amiga suya le haga el favor de llevarlo al Palacio de Justicia, esperó seis meses por ello, sin éxito, mientras su seno fue cambiando de color.
Su desconocimiento del proceso solo la perjudicó. El informe que pedía, la médica de Régimen asegura que lo elaboró y dejó en la secretaría para que de ahí lo recoja un familiar o un abogado. En este punto, el informe se perdió, así como se perdió el tiempo valioso de una paciente que teme padecer de cáncer de mama.
Una privada de libertad, que no cuenta con el patrocinio de un abogado particular, se tendrá que atener a un defensor público, que tiene varios casos y ahí solo se demora todo.
Pero el abogado no es el único que puede tardar. Puede tardar el médico del penal. En este caso, la doctora Ortega asegura que hizo el informe de Yhobana, pero a la vez reconoce que ella es la médica departamental de Régimen Penitenciario, por lo tanto, debe ver los casos de los 13.000 reos que hay de las diferentes cárceles cruceñas.
Además de ello, en el Palacio de Justicia también se puede consumir el tiempo. ¿Cuánto tardará un juez sobrecargado de casos en ver la solicitud de una rea que pide salida médica?
Como remate, conseguir escolta policial puede ser otro factor de dificultad, pues la capacidad de los policías está disminuida y eso retrasa la salida. Sin mencionar que hay testimonios de privadas de libertad que aseguran que se debe pagar Bs 100 para conseguir la escolta.
Un solo hospital de tercer nivel para atender a los privados de libertad
«El convenio macro es con el San Juan de Dios, porque es un hospital de tercer nivel en el que podemos encontrar las especialidades y la atención adecuada de emergencia. Eso es producto de un convenio entre el nivel central y la Gobernación. Con médicos privados y centros privados no contempla la ley que trabajemos, y no se puede hacer por los costos elevados que podría significar. Lo que hay es que se tiene que trabajar con el SUS», justifica el director de Régimen Penitenciario, Mauricio Romero.
Pese a que el Hospital Japonés también es público y de tercer nivel, no está contemplado ampliar a ese nosocomio la posibilidad de atenciones (solo en casos en que el San Juan derive directamente el caso al Japonés).
Todos los pacientes que requieren especialidad se envían al San Juan, con excepción de los alumbramientos, que se derivan al Hospital Francés o la Maternidad Percy Boland.
El doctor Arcani agrega que quien tiene posibilidades económicas para hacerse atender de forma privada, luego de cumplir el circuito de permiso judicial, puede hacerlo.
El conseguir la ficha en el único hospital al que se puede derivar a los privados de libertad se coordina entre la familia y Trabajo Social, pero Yhobana no tiene a nadie. Aún así, Régimen asegura que en esos casos, la trabajadora social se hace cargo y coordina directamente con su homóloga del San Juan de Dios.
Este nosocomio de tercer nivel todos los días es escenario de filas de madrugadores que aspiran a una ficha médica. La pregunta es… ¿un privado de libertad, que solo tiene un día para salir luego de un largo circuito procedimental, coincidirá con un espacio libre en la consulta que requiere?
Régimen asegura que las trabajadoras sociales de ambas instancias dan su mejor esfuerzo para coincidir. Pero también se reconoce: «Somos dejados (los de la cárcel) de último, piensan que se trata de delincuentes que pueden atentar contra la vida de los médicos o la gente que está allá, muchas veces los pacientes privados de libertad son tratados de forma denigrante, pero igual se hace lo posible, pero no falta el médico o la enfermera que estigmatiza».
Con todo esto, el derecho a la libertad de estas mujeres está restringido por una deuda con la sociedad, pero además está coartado un derecho fundamental de todos los seres humanos: el de acceso a la salud.
¿Qué se podría hacer para cambiar todo esto? Se tendría que modificar la normativa específica de la salida judicial y hacer una ruta con la policía, el San Juan de Dios y Régimen para cortar tiempos.
El pedido de mejorar las condiciones de salud en el penal
En el informe de la Defensoría de 2022 se exhortaba a Régimen Penitenciario que para la gestión 2023 se realice acciones en beneficio de población vulnerable privada de libertad, en especial madres en estado de gestación, madres con niñas y niños menores de 6 años, mujeres y hombres con enfermedades terminales, mujeres y hombres adultos mayores, mujeres y hombres con discapacidad física y/o mental, en conformidad con el Numeral 2 de la Regla 2 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos (Reglas Nelson Mandela).
Y entre las recomendaciones para el Ministerio de Salud se pedía que para la gestión 2023 se elaborare una propuesta para mejorar los servicios de salud en centros penitenciarios y se amplíe la cobertura ambulatoria a celdas policiales, en coordinación con la Dirección General de Régimen Penitenciario, Gobiernos Autónomos Departamentales, Gobierno Autónomos Municipales y Policía Boliviana para garantizar el acceso a la salud de las personas arrestadas, aprehendidas, detenidas preventivamente, y personas con sentencia condenatoria.
EL DEBER tuvo acceso a ella solo dos minutos luego de que su caso fuera abierto en la Defensoría del Pueblo. Cuando se le pregunta por su seno aclara que ahora ya no está negro ni supurando pus. «Porque yo me lo limpio, pero sí tengo mi cicatriz. Ya van a ser dos años».
El tiempo escaso no permite profundizar, ¿cómo es que ella misma se lo limpia? ¿lo hace en un lugar estéril, libre de gérmenes?
Está algo alterada, dice que desde que su caso fue visibilizado en la Defensoría, le han reclamado por qué se quejó afuera. Se aferra a su versión de que en ningún momento le dieron tratamiento. Reconoce que en dos ocasiones pasadas recibió tratamiento, pero fue para los pulmones. «Nada que ver el tratamiento de la tuberculosis con lo de mi pecho. La vez que me salió el absceso, en el microhospital nunca me dijeron mirá, vas a hacer esto, por eso pedí la orden para salir, porque la doctora penitenciaria me dijo que podía ser mastitis, posiblemente cáncer de mama».
La versión desde Régimen Penitenciario sobre el caso Yhobana
Angy Ortega, la médica general de Régimen Penitenciario, tuvo conocimiento de que Yhobana estaba mal, pero asegura que fue por terceras personas, «porque no ha ido a consulta, en su historia clínica hay una sola consulta y es del 10 de mayo de este año».
«Aquí hay veces que tenemos que ir a buscar al paciente, atendemos hasta las 13:00 y luego volvemos a hacer informes, entregar medicamentos, no valoran la atención que se les da», lamentan Ortega y el jefe médico Aarón Arcani.
La médica de Régimen, que es la única para ver los casos del departamento, son 13.000 reos en total, asegura que Yhobana fue tratada por el absceso mamario, se le hizo un drenaje y hubo curación con antibióticos.
«Se le indicó siete curaciones, no las completó. Ella es la que tiene que ir al centro, no el médico a su cuarto, porque se debe hacer en un ambiente estéril», expone en su defensa.
Asegura que Yhobana no quería recibir tratamiento y que es drogodependiente.
«Le hice seguimiento el 14 de abril para emitir un informe al juzgado (este lo pidió luego de la solicitud de Yhobana al juez), fui a buscarla y la encontré en situación no apta. Es mucha la población que tengo que atender a diario».
La curación la inició el 10 de mayo y acusa que no hubo seguimiento. «La señora (Yhobana) no cuenta con abogado, ni familiares. No hay defensa pública que la ayude. Nadie ha venido a sentarse conmigo a decirme, tramitaremos esta ficha (para que salga extramuros a hacerse atender)». Y reconoce que el de Yhobana fue un caso que en su momento era para referencia, pero que finalmente se trató allí.
Dijo además que este martes la volvió a revisar y que el seno ya no está supurando.
El informe que la médica Ortega elaboró se perdió en el cajón de la burocracia. Es por ese informe que Yhobana aguardó por meses. Porque ese informe es el inicio del circuito que pone a prueba la paciencia de las privadas de libertad enfermas, que requieren atención especializada.
«Yo remití el informe de lo que le pasaba a ella a secretaría de Régimen Penitenciario, tengo mi recibido en fecha 14 de abril, cuando estaba supurando. Y el 10 de mayo ella fue a su primera y última consulta para tratar lo que estaba supurando. No sabemos quién recogió el informe, no hay. La Defensoría del Pueblo dice que el informe nunca llegó al juzgado, tal como lo había solicitado el juez», se descarga Ortega.
En este punto se trabó la solicitud de Yhobana, porque solo el juez puede dar permiso para la salida extramuros. No hay otra opción para ella, porque no califica para una salida de emergencia, por más que ella tema que lo suyo es cáncer y que, para esta enfermedad, el tiempo es clave. En vano es aquello que pregona el sistema de salud boliviano: detectar temprano el cáncer para poder librar la batalla con mayores chances de éxito.
¿Habrá más Yhobanas al interior de Palmasola? «El sistema penitenciario es deficiente en nuestro país, partiendo de la capacidad (era para 2.000 reos y ahora hay casi 9.000) ya hablamos de una vulneración de derechos de los privados de libertad. Hay que hablar de un descongestionamiento real y de la deficiente atención en salud», señala como las asignaturas pendientes urgentes la Defensoría del Pueblo.
