1 de julio de 2024, 11:59 AM
1 de julio de 2024, 11:59 AM
El Gobierno nacional pretende sustituir el 100% de las importaciones de diésel fósil, insumos y aditivos de gasolina para el año 2050, en coordinación con el sector privado, pero se necesitan tres aspectos fundamentales y el principal es la actualización del marco normativo para dar mayor impulso al programa de desarrollo de biocombustibles en el país.
De acuerdo con una publicación del Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), la recomendación surgió del Foro de Transición Energética Bolivia 2050, donde se identificó los elementos claves para desarrollar biocombustibles en Bolivia: el apoyo del sector privado, la identificación de materias primas alternativas para la producción de biodiésel y HVO, y la actualización del marco normativo.
Los expertos que participaron de la mesa de biocombustibles reunidos en el foro, analizaron y diagnosticaron el programa de desarrollo del programa que inició en 2018, con el objetivo de alcanzar nuevas metas y resultados hacia 2050. “El objetivo es sustituir el 100% de las importaciones de diésel fósil, insumos y aditivos de gasolina para el año 2050”, destacó el MHE en su portal digital.
En segundo lugar -agregó el ministerio- se subrayó la importancia de identificar materias primas alternativas para la producción de biodiésel y HVO (aceite vegetal hidrotratado). “Estas materias primas deben ser amigables con el medio ambiente y no interferir con la seguridad alimentaria. Este enfoque se alinea con la Ley 300, conocida como la Ley de la Madre Tierra”, apuntó.
El tercer y más crucial punto es la necesidad de actualizar el marco normativo existente. Se requiere la actualización de la Ley 1098 para asegurar que el desarrollo de biocombustibles se pueda alcanzar de manera gradual hacia 2050, con el objetivo final de establecer una bioeconomía robusta para ese año.
“Estos tres aspectos son considerados esenciales para avanzar en el programa de biocombustibles en Bolivia, garantizando un desarrollo sostenible y alineado con los objetivos medioambientales y económicos establecidos en el país, según el reporte institucional.