5 de julio de 2024, 4:00 AM
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No fue del agrado de nadie. La condena fue criticada por autoridades del Gobierno y opositores. Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), fue condenado a ocho años de prisión por ataques a entidades públicas, agresiones a ciudadanos y portación ilícita de armas durante la crisis política de 2019 y la transición política de 2020.
El Juzgado de Sentencia Penal 12 de Cochabamba también determinó que los hermanos Mario Antonio y Favio Alejandro Bascopé sean encarcelados por seis años y seis meses en el penal cochabambino de San Sebastián. En tanto, Milena Soto y Jaime Maldonado fueron condenados a dos años de prisión que, de acuerdo con la legislación vigente no se cumpliránde manera efectiva.
“Como Ministerio de Gobierno apelaremos esta decisión judicial porque consideramos que las penas no condicen con la gravedad de los hechos perpetrados por los acusados, ya que merecen mayor pena”, escribió el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, en su cuentas de redes sociales.
“Sin embargo, creemos que se ha dado un paso importante para demostrar al pueblo boliviano y a la comunidad internacional respecto a los delitos que ha cometido esta organización criminal”, apuntó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, quien estuvo en Cochabamba, en la audiencia donde se leyó el fallo.
La Fiscalía informó que Molina y los hermanos Bascopé fueron condenadas por “organización criminal con relación a los delitos de vejaciones y torturas, (además de) tenencia, porte y portación ilícita” de armamento. Las otras dos personas (Soto y Maldonado) también fueron condenadas por organización criminal, pero relacionado con vejaciones y torturas.
“Durante el juicio presentamos 105 pruebas documentales y 127 pruebas testificales, además de pericias que fueron colectados en la etapa preparatoria y que demuestran de manera irrefutable la participación de cada uno de los sindicados. Existe otro involucrado identificado como Luis A.T.C. que se encuentra rebelde y continúa siendo buscado para que responda por sus actos durante la crisis de 2019”, dijo el fiscal de Cochabamba, Osvaldo Tejerina.
El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, desde el penal de Chonchocoro, cuestionó el dictamen. “Esta condena que viene de un gobierno corrupto y una justicia vendida, lejos de ser una afrenta, es una condecoración por luchar junto a nuestro pueblo para impedir el monumental fraude del MAS. Convoco a la oposición democrática, a los organismos internacionales que defienden los derechos humanos y al pueblo boliviano a repudiar y condenar este atentado a la democracia y la libertad”, escribió.
“La injusticia del régimen contra la oposición ha perseguido y condenado a jóvenes que valientemente defendieron la democracia cuando las hordas masistas atacaban a la ciudadanía cochabambina tras el fraude electoral de 2019”, escribió por su lado la expresidenta Jeanine Áñez, encarcelada en el penal de Miraflores desde marzo de 2021.
En Cochabamba, tras oir la determinación judicial, Milena Soto consideró que el expresidente Evo Morales, el presidente Luis Arce y el Movimiento Al Socialismo (MAS) “presionaron” a la justicia.
Pero “quiero que sepan que yo voy a dar mi vida y hasta mi última sangre para sacar libre a esos chicos y a mí porque no hemos hecho absolutamente nada. Bolivia va a cambiar, porque estos masistas se van a ir, no pueden seguir en el gobierno, esta sentencia es una vulneración de derechos, no han probado ni un hecho, ni uno solo, ninguno de ellos se merecía esto, absolutamente nadie”, afirmó.
Según los antecedentes publicados por la Fiscalía, durante la crisis de octubre y noviembre de 2019, los integrantes de la RJC circulaban en motocicletas con bazucas artesanales, explosivos, palos envueltos con alambre de púas, entre otros objetos.
La Fiscalía señala que este grupo, con esos objetos contundentes, agredía “físicamente a cualquier persona de origen indígena o vinculada al MAS que circulaba por las calles de la ciudad de Cochabamba o que pretendía realizar protestas pacíficas”. Esta es la segunda sentencia obtenida en contra de los líderes de la RJC (Molina y los hermanos Bascopé), quienes en abril de 2023 también fueron condenados a seis años de prisión por delitos cometidos en octubre de 2020 durante el asedio la Fiscalía General del Estado.
También fueron acusados de hostigar a la gobernación en medio de la cuarentena por el Covid.
– Evaluación
El Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), dependiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), calificó de paraestatal a la RJC.
– Violencia
En julio de 2020, en plena cuarentena rígida, Cochabamba reportó el cierre del botadero de K’ara K’ara. Este hecho movilizó a los integrantes de la RJC, quienes, en demanda de una solución inmediata, tapiaron la Alcaldía de Cochabamba y amenazaron a la gobernadora que estaba en funciones.
