5 de julio de 2024, 14:12 PM
5 de julio de 2024, 14:12 PM
En solo una semana, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra estuvo envuelto en dos denuncias de supuesta corrupción que involucra a funcionarios de la comuna, acusados de cobros irregulares en la tramitación de una licencia de funcionamiento y la entrega de contratos de salud.
Estos son solo algunos de los muchos casos de presunta corrupción dentro de la comuna, lo que ha generado el pronunciamiento, incluso, del Ministerio Público, que llama a la conciencia a los funcionarios, por la cantidad de procesos que llegan hasta la Fiscalía, muchos seguido por concejales municipales.
Solo los concejales opositores Manuel Saavedra y Juan Carlos Medrano, conocidos por seguir personalmente los casos, han presentado al menos 50 denuncias relacionadas con cobros irregulares en trámites de licencias, venta de ítems y contratos, extorsión a negocios, entre otros. Pero, también se han denunciado supuestas irregularidades con las licitaciones.
“El Ministerio Público llama a la conciencia a todos los funcionarios públicos, en especial en la Alcaldía Municipal porque no podemos seguir día a día cautelando por esta clase de hechos de corrupción o de concusión, en la cual las autoridades municipales remiten, a través de la Policía a la Unidad Anticorrupción, a personas aprehendidas, que (son encontradas) ofreciendo ítems y trámites a cambio de dinero”, señaló el fiscal departamental Róger Mariaca, al informar sobre los últimos dos procesos iniciados esta semana.
La mayoría de las denuncias, que se hicieron virales en redes sociales, terminaron con procesos penales y destituciones de funcionarios, sin embargo, son pocos los procesos que llegan a una sentencia.
El concejal Saavedra asegura que ya son más de 20 personas las que han sido denunciadas por cobros indebidos, extorsiones u otras irregularidades, la mayoría funcionarios y algunos tramitadores. De esos casos, solo tres llegaron a sentencia.
“Nosotros cumplimos al denunciar, la Policía cumple al aprehender y el Ministerio Público, al imputar», dice Saavedra al observar fallas en el sistema judicial.
Por su lado, el concejal Medrano asegura que recibe, a través de redes sociales y mensajes de WhatsApp, entre 20 y 30 denuncias por día de supuestas irregularidades en la comuna, pero la mayoría no están acompañadas de pruebas porque la corrupción no deja facturas. Sin embargo, unas 30 personas han sido denunciadas ante la Fiscalía con comprobantes de depósitos, chat y pruebas. De estas, 14 han sido enviadas al penal de Palmasola, con detención preventiva. De todos los procesos que ha hecho seguimiento, solo uno ha terminado con sentencia, que es el caso de la venta de ítems en la Gobernación por parte de una persona externa.
“Lo extraño es que en los casos del municipio ninguno tiene sentencia, a pesar que de las denuncias están adjuntadas con extractos bancarios, audios, videos y chat. Los llevan a Palmasola con detención preventiva y luego salen con arresto domiciliario”, dice.
Piden ajustar los controles internos
Para el concejal Medrano, hace falta ajustar los controles internos en el Gobierno Municipal y cree que hay encubrimiento porque no se explica cómo concejales que están fuera de las dependencias municipales llegan y encuentran a “funcionarios con plata en los bolsillos o haciendo negociado”.
Para él, todo apunta a que aparentemente hay una mafia organizada.
Por su lado, la concejala Lola Terrazas también observa que la justicia no sanciona drásticamente los hechos de corrupción. “La justicia no sanciona los delitos, no es drástica y es muy permisiva. ¿Cuántos procesos han concluido con sentencia y sanciones? ¿Cuántos de los denunciados han quedado libre?, pasa el tiempo y el proceso se deja sin efecto. No es nomás detención preventiva”, cuestiona.
Con respecto a los controles internos, cree que la Dirección de Transparencia se ha convertido en un depósito de denuncias y son los concejales los que hacen conocer públicamente estos hechos. Terrazas hace seguimiento a casos de avasallamientos y hasta el momento dice que lleva diez procesos, donde también observa pasividad municipal.
El Municipio
El vocero de Asuntos Jurídicos del Gobierno Municipal, Bernardo Montenegro, señaló que, dentro de los 12.000 funcionarios municipales, se dan casos de malos trabajadores y lamentablemente caen en actos de corrupción. “El municipio no los va a tolerar, esperamos que cada vez sean menos y ojalá no tuviéramos ninguna denuncia. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando en los controles, la digitalización ha sido un paso importantísimo en cuanto a la transparencia”, manifestó.
Montenegro dijo que es el Ministerio Público y el Poder Judicial los que determinan las sanciones. “Propone el Ministerio Público y es el juez quien determina la sanción que se le da, ya sea arresto domiciliario, detención preventiva, pero eso es un tema que escapa de las manos del municipio. Hemos sido absolutamente claros en eso, pedimos a las autoridades, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial, actuar con la mayor drasticidad”, manifestó.
Indicó que el Gobierno Municipal realiza los apersonamientos a todas las denuncias y hace el seguimiento correspondiente. “El municipio va a tener las puertas abiertas, le pedimos a la población coadyuvar en esta labor y que entre todos podamos erradicar la corrupción”, dijo el vocero.
