5 de julio de 2024, 15:27 PM
5 de julio de 2024, 15:27 PM
Después de que se registraran varias denuncias sobre explotación ilegal de minerales en Samaipata, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), logró desbaratar las operaciones extractivas en este municipio ubicado en la zona de los valles en el departamento de Santa Cruz.
“Tras un trabajo de inteligencia, en coordinación y con apoyo efectivo de la Policía Boliviana,se realizó este viernes una acción operativa para desbaratar actividades mineras ilegales en el municipio de Samaipata, provincia Florida del departamento de Santa Cruz”, señala un reporte institucional de la AJAM.
En mayo, Alfonzo Banegas Rodríguez, miembro del Comité de Defensa y Protección de los Recursos Naturales y Turísticos de Samaipata, denunció que desde el año 2000, diversas empresas mineras han estado operando al margen de la ley, causando un impacto negativo significativo en la zona.
La falta de licencias ambientales y el incumplimiento de las normativas vigentes han sido documentados por la Dirección del Medio Ambiente de la Gobernación de Santa Cruz, la cual confirmó que varias empresas operan sin las autorizaciones necesarias.
Operativo
Como resultado de este operativo se encontró en flagrancia a 12 personas realizando explotación ilegal de minerales en un área minera libre. Mediante el uso de la fuerza pública se procedió a su aprehensión para que se realicen las investigaciones y definan su situación jurídica.
Asimismo, se evidenció la existencia de 11 volquetas, una excavadora y otra maquinaria que se empleaba para la explotación de arcilla, equipos que fueron secuestrados por el personal policial. El movimiento de material, al margen de ser una explotación no autorizada, estaba generando contaminación medioambiental.
En su comunicado la AJAM sostiene que, en el marco de sus atribuciones, realiza inspecciones para verificar actividad minera ilegal, en resguardo de los recursos naturales.
«Razón por la cual se exhorta a estas personas a no incurrir en este delito que está tipificado en el art. 232 del Código Penal Boliviano y la sanción es de cuatro a ocho años de privación de libertad«, señala el documento.
Además de los daños ecológicos, la actividad minera en Samaipata ha deteriorado infraestructuras clave como carreteras y caminos vecinales, y ha afectado recursos hídricos esenciales para la agricultura local.
