8 de julio de 2024, 4:00 AM
8 de julio de 2024, 4:00 AM
La Procuraduría General del Estado confirmó que hasta el momento 24 personas fueron cauteladas por el fallido golpe de Estado del 26 de junio y advierte que los acusados podrían tener una pena de 25 años de privación de libertad.
Este domingo, también se denunció la detención y trasladado a la sede de Gobierno de Fernando Hamdan, activista y presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (Cidhpda), a quien, según el abogado Jorge Valda, se lo intenta involucrar con este caso.
“Ha sido trasladado a la ciudad de La Paz y se encuentra en celdas judiciales de la Fuerza de Lucha contra el Crimen bajo sindicaciones de ser partícipe del supuesto autogolpe. Esta situación es verdaderamente alarmante para los defensores de los derechos humanos, tomando en cuenta que Fernando Hamdan ha venido trabajando no solo en la defensa de los presos políticos, sino también en las denuncias internacionales respecto a la vulneración de derechos producto de los actos autoritarios de este Gobierno”, indicó Valda.
Instó a los organismos e instituciones de defensa de los derechos humanos a prestar atención sobre lo que está ocurriendo en Bolivia porque el fallido golpe militar ha abierto la puerta a la persecución política bajo la sospecha de colaborar en este caso.
Hamdan se abstuvo de declarar y se espera que en el transcurso de esta jornada se presente la imputación formal y que la audiencia cautelar se fije para este martes.
De acuerdo con su abogado, se lo acusa de alzamiento armado y terrorismo. “Supuestamente lo han mencionado otros militares en sus declaraciones, pero no tienen ninguna prueba en concreto”, subrayó Valda.
Tras conocerse este hecho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, se pronunció a través de su cuenta X. “Repudiamos la persecución política y las detenciones ilegales en Bolivia. Demandamos a Lucho (Arce) respeto a las garantías constitucionales y la liberación inmediata de los detenidos ¡Basta de injusticia!, escribió el líder cívico.
Róger Castellón, vocero del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), también manifestó que la “asonada militar ha desatado una ola detenciones y ha activado la persecución política”, como ocurre con la detención del activista Handam.
De igual manera, Global Human Rights League emitió un pronunciamiento indicando que en esa institución Human realizó un trabajo excepcional, con mucha ética y responsabilidad.
“Por ninguna razón cae en el perfil de una persona que atente contra la seguridad de nadie. Al contrario, es un acérrimo defensor de la libertad y la democracia”.
Indica que Human es un destacado defensor de los derechos humanos y activista. “Estuvo en primera línea durante el fraude de 2019 denunciando internacionalmente las irregularidades como ingeniero”.
La Global Human Rights League exige la liberación inmediata de este ciudadano.
De igual forma, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas exige la liberación del activista.
Por su lado, el procurador general del Estado, César Siles, informó que en la investigación del caso Golpe de Estado III se identificó suficientes indicios de responsabilidad penal contra 24 personas que fueron cauteladas.
“En las audiencias de medidas cautelares, en estas seis imputaciones formales, es decir, seis audiencias, se han obtenido importantes elementos de convicción, no solamente lo que la Fiscalía dijo y sostuvo, hay probabilidad de autoría de los delitos imputados, hay suficientes indicios de que se han cometido los delitos y de que hubo un golpe de Estado en Bolivia”, dijo Siles en Bolivia TV.
El sábado, la Procuraduría General del Estado, informó, a través de un comunicado, que el Ministerio Público amplió la investigación de dos a cinco delitos para los procesados en el dominado caso Golpe de Estado III.
Se los acusa de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, atentados contra la seguridad del presidente y otros dignatarios de Estado, destrucción o deterioro de bienes del Estado y la riqueza nacional, y uso indebido de bienes y servicios públicos tipificados en los artículos 121, 128, 133 y 233 del Código Penal y el artículo 26 de la Ley 004.
Durante la entrevista en Bolivia TV, Siles señaló que la investigación gira en torno a estos delitos que “son graves” y los acusados pueden recibir penas de hasta de 25 años de cárcel, considerando que solo el delito de terrorismo es sancionado con una pena de 20 años de prisión. “La investigación ha avanzado rápidamente, en estos once días se ha determinado seis imputaciones formales, donde la Fiscalía ha demostrado indicios suficientes de responsabilidad penal en contra de estas 24 personas que han sido cauteladas”, informó Siles.
De los 24 procesados, la mayoría tiene detención preventiva y tres, detención domiciliaria, dijo la autoridad.
Admitió que la investigación es compleja, pero poco a poco se está aclarando que hubo golpe de Estado en sus tres fases: planificación, ejecución y consolidación.
En el comunicado divulgado el sábado, la Procuraduría General del Estado informó que los procesados son: Juan José Zúñiga, Alejandro Irahola, Juan Arnez, Juan Paulsen, Aníbal Aguilar, Julio Buitrago, Miguel Iriarte, Luis Balanza, Waldir Mamani, Leonel Sanjinez, Marco Caviedes, Roberto Arandoña, Raúl Barbery, Marcelo Gutiérrez, Franz Ordoñez, Juan Carlos Delgadillo, Román Caway, Miguel Ángel Burgos, Alan Quenta, Demetrio Mamani, Marcel Zegarra, Vladimir Lupa, Vladimir Céspedes y Jaime Cruz Vera.
Este sábado la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz también revocó la detención domiciliaria concedida por el Juzgado Penal Anticorrupción Quinto del Tribunal a Aníbal Aguilar, exasesor del Ministerio de Defensa.
Aguilar fue acusado por el Ministerio de Gobierno de ser el ‘ideólogo’ del fallido golpe.
El presidente argentino, Javier Milei, durante el foro de políticos conservadores en Santa Catarina (Brasil), sin citar a Luis Arce expresó: “Miren lo que está pasando en Bolivia ahora mismo. Están dispuestos a montar un falso golpe de Estado con tal de sumar algún puntito que otro más en una elección”.
También citó a Evo Morales, cuando criticó a los gobiernos socialistas que “están dispuestos a torcer las reglas e inclusive interrumpir el orden constitucional para atrincherarse en el palacio”.
“Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional”, señaló.
El 26 de junio militares, con una tanqueta, irrumpieron en la plaza Murillo. El hecho provocó un clima de nerviosismo y temor en la población boliviana
