18 de julio de 2024, 18:43 PM
18 de julio de 2024, 18:43 PM
El anuncio de que el Ministerio Público citará a los periodistas en calidad de “testigos” del asalto militar del 26 de junio, y la convocatoria del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, que citó expresamente a los trabajadores de la prensa que cubrieron los hechos de esa jornada a un “desayuno trabajo”, son dos acciones que ponen en alerta a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y a la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), entidades que rechazaron el accionar del Gobierno de Luis Arce y de la Fiscalía.
Para las entidades del gremio periodístico de La Paz y de Bolivia, la intención de funcionarios del Órgano Ejecutivo y del Ministerio Público, se traduce en una franca vulneración a la Constitución Política del Estado (CPE), a la Ley de Imprenta de Bolivia, al Código de Ética Periodística y a normas internacionales que protegen el ejercicio periodístico y el derecho a la ciudadanía de acceder a la información equilibrada e independiente.
La presidenta de la ANPB, Zulema Alanez, expresó su rechazo a la intención del Gobierno de utilizar a los periodistas para construir su narrativa, sin tomar en cuenta que el ejercicio periodístico se rige bajo normas y principios basados en la Constitución Política boliviana y normas internacionales.
“Esa acción vulnera la normativa nacional, la normativa internacional y todas las garantías para la protección de la libertad de prensa y el ejercicio de la actividad periodística”, afirmó Alanez a EL DEBER.
Convocatoria con segundas intenciones
La mañana de este jueves, desde el grupo de prensa del Ministerio de Gobierno, se convocó a un “desayuno trabajo” en el que Del Castillo daría una conferencia de prensa “y al mismo tiempo una reunión sobre los últimos hechos acaecidos el 26J”.
“Les pido por favor asistir a los periodistas que estuvieron el día 26 de junio en plaza Murillo. Quienes se encontraban en el interior de la plaza Murillo cuando el general Zúñiga se encontraba irrumpiendo en Palacio Quemado. Su participación es importante”, se lee en el punto dos de la convocatoria.
Al respecto, la ANP “reitera que la independencia editorial de los medios de información consiste, precisamente, en la decisión libre de realizar una cobertura informativa sin presiones, directas o indirectas, ni condicionamientos para elegir a los enviados de prensa”.
Horas después, sobre el mismo tema Del Castillo, adelantó que así como él, otros ministros y viceministros declararon como testigos del hecho, la prensa también puede ser citada.
“Y si nos permiten también a algunos de ustedes (periodistas) los podemos citar para que nos cuenten su versión. Ustedes han vivido lo que ha pasado el 26 de junio”, afirmó Del Castillo.
Trabajo de la prensa, un trabajo público
Tanto la ANPB y la APLP, le recuerdan al Gobierno que el trabajo de la prensa es público y consiste en informar a la ciudadanía todo lo que acontece en el país, y este hecho queda grabado en audios, videos, transmisiones en vivo y documentado en la prensa escrita y en portales digitales.
“Por ello, el Ministro de Gobierno no tiene más que recurrir a los sistemas de monitoreo y de seguimiento que tiene activados, para ver qué informaron los periodistas ese 26 de junio o cualquier otro día. Los periodistas no ocultan información, más bien la dan a conocer”, se lee el comunicado de ambas entidades.
“El Código de Ética dice que el periodismo no se puede poner al servicio de ningún poder, ni del Gobierno, ni de los sectores privados, sino que se tiene que regir en busca de la verdad”, subrayó Alanez.
Para las entidades que representan a los trabajadores de la prensa, “convocar a los periodistas que estuvieron en la plaza Murillo la fecha señalada podría convertirlos en testigos obligados para respaldar, directa o indirectamente, la narrativa del Gobierno respecto a la acción militar de ese día. Posteriormente, implicaría la solicitud de revelar información confidencial obtenida en la cobertura periodística respecto al caso”.
Según el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, la actividad periodística se rige por los mecanismos de autorregulación vigentes mediante el Tribunal Nacional de Ética Periodística, y por la Ley de Imprenta.
“Además la valoración del trabajo periodístico está sujeto a un código de ética que señala cómo un periodista debe desempeñar su trabajo y bajo qué parámetros, como por ejemplo, la contrastación de fuentes, la verificación de fuentes, la independencia y la neutralidad para informar, principios que son universales, además, del cumplimiento de la normativa vigente como la no discriminación, la protección a las víctimas en caso de violencia”, explicó la Presidenta de la ANPB.
