Las Fuerzas Armadas (FFAA) ultiman los detalles para la Parada Militar que se realizará hoy en la ciudad de Trinidad, Beni, pero se aprestan a asistir a los actos de su 199 aniversario con la “moral baja” por el golpe de Estado fallido ocurrido el 26 de junio.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo aseguró que todo está listo para el acto de celebración de la Parada Militar, a un año del bicentenario de creación de las FFAA. Se realizará en la avenida del Cambódromo, en la ciudad de Trinidad, Beni, desde las 8:30.
Militares del servicio activo y pasivo coincidieron que este año las compañías militares marcharán con la “moral muy baja, debido a los hechos ocurridos el 26 de junio en la Plaza Murillo”.
En esa fecha, a la cabeza del excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga, se produjo un supuesto intento de golpe de Estado, que fue contenido tras el relevo del jefe militar.
El militar en servicio pasivo Jorge Santistevan, señaló que el intento de golpe “fue la injerencia política que permitió la creación del fenómeno Zúñiga, y no sólo de él, sino del fenómeno Kaliman. Los políticos levantan el perfil a militares a quienes ni siquiera les correspondía el ascenso ni la administración de las FFAA. Ha prostituido la institucionalidad, ha puesto a militares al servicio de un partido y la entidad castrense se ha desviado de la misión constitucional que es la seguridad, defensa y desarrollo del Estado. Así recibimos este aniversario”, dijo.
Un coronel en servicio activo que prefirió guardar su identidad señaló que los actos del 7 de agosto no serán como siempre. “Estamos con la moral por los suelos. Y creo que mis palabras reflejan el sentir de la gran mayoría de mis camaradas. Iremos a desfilar con el ánimo muy bajo porque nuestra institución ha sido mellada”.
Dentro de las FFAA, complementó otro de los militares, “hay un tremendo malestar en contra del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y su viceministro, el excomandante de la Policía, Johnny Aguilera. Se dieron el lujo de golpear un carro de asalto militar. Cuando se afirma que en realidad fue un autogolpe y que luego traicionaron a Zúñiga”.
Un tercer oficial de alto rango señaló que “los policías se dieron el gusto de encarcelar no solamente a Zúñiga, sino al comandante de los Colorados, al de la Policía Militar, al del Comando Estratégico Operacional de Lucha contra el Contrabando; a la mayoría de ellos por una llamada telefónica que recibieron”.
Además, los entrevistados denunciaron que la Policía “ha secuestrado armamento de la Fuerza de Acción Inmediata del Ejército, que tiene tecnología de punta y de alto calibre. Todo eso está confiscado. Hay una indignación muy profunda por todo esto. A ver que un empleado de la alcaldía le secuestre su armamento al general Aguilera, no es admisible. El Ejército merece respeto”, aseveró.
El 1 de agosto, tras un sumario militar, el excomandante del Ejército, el general Juan José Zúñiga, junto a otros cuatro exjefes militares que tenían el mismo grado fueron dados de baja por la asonada golpista que tuvo lugar el 26 de junio en la Plaza Murillo de La Paz, informó el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
“Esta resolución, en la parte disciplinaria, de acuerdo con las normas militares, ha determinado la baja de estos cinco militares. Esta baja consiste en la separación definitiva del servicio activo, sin goce de haberes, grado, honores y uniforme”, explicó.
Junto con Zúñiga, recibieron ese mismo castigo el vicealmirante Juan Arnés Salvador y los generales Marcelo Javier Zegarra Gutiérrez, Juan Mario Ponce y Franz Ordoñez Menacho.
Estos militares, que participaron de la asonada del 26 de junio, comandaban las tres fuerzas militares del Estado, además de tener mandos de orden estratégico.
Novillo anunció, además, que estos efectivos fueron remitidos a la Justicia Ordinaria tras esta determinación “para que exista una sola instancia investigativa” sobre este caso. “El caso de la baja es una medida estrictamente militar”, precisó el ministro.
Los generales -junto con el vicealmirante- ya están detenidos de manera preventiva en diversos centros penitenciarios del país, acusados de alzamiento armado y otros delitos penales. “¿Usted sabe lo que eso significa?, que nunca más recibirán sueldo. Todos ellos tienen familia, y es injusto para más de uno”, agregó el militar.
