25 de agosto de 2024, 4:00 AM
25 de agosto de 2024, 4:00 AM
“Hay que entender que el fuego descontrolado afecta principalmente a tierras fiscales y bosques secos de Chiquitania. También se reiteran los incendios a causa de quema de pastizales en zonas de ganadería extensiva, como San Matías”, explicó Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra.
“No tengo un mínimo de duda y el modus operandi está absolutamente claro”, respondió Jorge Ávila, gerente de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB), sobre en qué medida los incendios son parte de una estrategia para un cambio forzoso del Plan de Uso del Suelo (PLUS) de Santa Cruz.
Para Ávila, los interculturales son la “punta de lanza de este esquema. Y que atrás de los interculturales (colonos) hay toda una estructura político-económica que es la que genera este tipo de acciones.
Según Ávila, ellos identifican las tierras forestales disponibles y no disponibles para dotación, “porque la diferencia no existe en la actitud contra estas tierras, no tienen reparos porque se salen con su gusto, y cuentan con la información técnica de todos los planos y los mapas de Santa Cruz”, apuntó.
Puso como ejemplo de esta tendencia la disminución, en Bolivia, de seis millones de hectáreas de concesiones forestales a dos, que además hoy se llaman Autorizaciones Transitorias Especiales (ATE), después de 28 años de la promulgación de la Ley Forestal, o de la puesta en vigencia del régimen de la ley 1700.
“Y si uno sobrevuela o revisa una imagen satelital, de esas cuatro millones de hectáreas que ya no tenemos, están en un 80% ocupadas por los excolonos, hoy llamados interculturales, ya sean de las organizaciones Bartolinas, Interculturales y Custcb”, indicó.
Para agravar la situación, dijo Ávila, hay una ventaja política y jurídica al amparo de la Ley INRA, que dice que todo derecho forestal entrará a saneamiento y que tiene prioridad el derecho agrario sobre el forestal.
“El argumento es que el derecho agrario es un derecho real de propiedad privada, en cambio el forestal es un derecho administrativo, que es de concesión. Con ese argumento nos han despojado de cuatro millones de hectáreas en el país. La gran mayoría por parte de interculturales y un gran porcentaje también por grandes empresas agropecuarias”, agregó.
San Matías está ardiendo durante toda la época de incendios
Frontera agrícola y tráfico
Consultado en El Deber Radio, sobre las intenciones de modificar el PLUS cruceño a punta de incendios, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, respondió que una de las causas principales es que en la propiedad privada, campesina, intercultural o en la comunidad indígena, pero fundamentalmente en la privada, campesina e intercultural, hay un fin de ampliar la frontera agrícola.
“Es la forma más fácil de tener despejado el terreno para sembrar, procediendo a la quema que no sigue los procedimientos, son quemas ilegales están al margen de la ley y, consiguientemente, hay responsables”, admitió.
Sobre la posibilidad de nuevos asentamientos ilegales, Novillo dijo que es un tema que lo está manejando el INRA.
“Precisamente veremos dónde se han generado estos incendios, si son asentamientos legales, propiedad privada consolidada o en trámite en el INRA”, explicó sobre el centro nacional de operaciones y monitoreo de incendios en Santa Cruz, presentado de manera conjunta por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), el INRA, la ABT, el COED de la Gobernación, y otras instancias.
Para Ávila, el destino final de esas tierras dotadas termina en un actor económico distinto al inicial, “ya sea empresario boliviano, brasileño, argentino, menonita, lo que sea”.
La labor de bomberos no es proporcional al avance de las llamas en los distintos puntos
Los incendios empezaron con fuerza en San Matías a finales de junio, sin embargo, fue recién el 1 de agosto cuando se prohibieron por completo las quemas en el departamento cruceño, según confirmó a El Deber Radio Robin Justiniano, director jurídico nacional de la ABT.
Los reportes diarios de quemas de la ABT evidencian que, desde junio hasta hoy, aumentaron los incendios en tierras fiscales (de propiedad del Estado boliviano), incluidas las que se suponen no disponibles para dotación.
El informe del 16 y 17 de julio ya mostraba 3.000 hectáreas quemadas en San Rafael, donde antes estaba el Plan de Manejo Forestal Natal, hoy comunidad campesina Anzaldo. En ese momento, los focos activos no pasaban de la decena, pero desde el 21 de julio se duplicaron, y las llamas llegaron a nuevas tierras fiscales, las de Savinal, en Roboré, donde se supone que nadie debería habitar, pero actualmente viven menonitas. Asimismo, el fuego también se instaló en San José de Chiquitos, en caminos, tierras fiscales; y en San Rafael en la zona donde operan los cortadores de madera.
Asimismo, desde el 24 de julio empezó a arder El Choré, la reserva de producción forestal donde el año pasado se quemaron 60 mil ha, lo que generó la peor calidad de aire en la capital cruceña, y que este 14 de agosto de 2024, por decreto supremo 5202 del presidente Luis Arce, pasó a convertirse en área protegida.
La medida fue criticada por Fundación Tierra, el Comité Pro Santa Cruz y la diputada María René Álvarez, entre otros, ya que “bajo el disfraz de área protegida entrega más de 200 mil ha a los asentamientos, y consolida las resoluciones ilegales del INRA en la zona Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), una de las zonificaciones del área protegida”, denunció en ese momento la Fundación Tierra.
Los primeros días de agosto, el reporte de ABT ya mostraba 30 focos de incendios. El 5 de agosto aparecieron en el radar incendios en tierras fiscales en nuevos puntos de San José, aledañas a la Comunidad Campesina Agroganadera Jerusalén, y a la Comunidad Campesina Agroecológica Nueva Esperanza B.
El 9 de agosto, el monitoreo mostraba ausencia de focos de calor, en coincidencia con las lluvias. Desde el 10 de agosto apareció más en la lista de negra de las llamas Concepción, y también, por primera vez Urubichá, donde la empresa Cimal tiene sus trabajos de producción forestal, lugar donde hasta el 24 seguían las quemas. También iniciaron las llamas en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado (PNNKM) y se masificaron en otros puntos de incendios en San Ignacio de Velasco.
El 17 de agosto el fuego afectó a tierra fiscal en San Miguel de Velasco, colindante con el predio El Puquio I.
El 19 de agosto, también se evidenciaron quemas en el Centro Poblado San Juan de Corralito, tierra fiscal, en San Matías.
El 23 de agosto también se reportaron focos de quema en tierra fiscal colindante con la Comunidad Campesina Siglo XXI, en San José de Chiquitos.
Desde el principio de los incendios, una de las zonas más azotadas es el área protegida nacional San Matías, una de las más grandes del país, con una extensión de caso tres millones de hectáreas, que tiene afectado el 40% de su superficie.
Otuquis también sufrió daños, y desde ayer empezaron las llamas en otra área protegida nacional, la Reserva de Vida Silvestre Manuripi, en Pando, departamento donde actualmente están trabajando para modificar el Plan de Uso de Suelo, como se hizo con Beni en 2021.
Hasta ayer, en la comunidad La Victoria, en El Choré, declarada área protegida, en plena prohibición, ya ardieron 10 mil hectáreas.
En 2021, en plena transición de la Gobernación cruceña, de Rubén Costas a Luis Fernando Camacho, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) propuso un proyecto de ley de uso de suelos para el departamento, que fue cuestionado por diversos actores.
En esa oportunidad, Alcides Vadillo, de Fundación Tierra, apuntó a que permitiría legalizar lo que ha venido haciendo mal, como la distribución de tierras sin pasar por la Comisión Agraria Departamental (CAD).
“La dotación de tierra forestal para uso agrícola, que violenta el PLUS, de parte del INRA y la otorgación de permisos de desmonte desde la ABT”, que arrasaban con las competencias departamentales.
La diputada chiquitana María René Álvarez denunció el recién aprobado préstamo de 40 millones de dólares para el “Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable”, destinado, supuestamente, para concluir el trabajo de saneamiento de tierras.
Jorge Ávila manifestó que el término concesión forestal no existe en una sola página de la CPE de 2009.
La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz promulgó este año dos leyes, una de ordenamiento territorial y otra del PLUS departamental. Sin embargo, los incendios están en agenda, mas no las posibilidades que conceden estas nuevas normas.
Desde la ABT, Robin Justiniano dijo que si la Gobernación de Santa Cruz convoca a una Comisión Agraria Departamental (CAD), irían como entidad, aunque hasta la fecha eso no ha ocurrido.
