29 de agosto de 2024, 4:00 AM
29 de agosto de 2024, 4:00 AM
Gonzalo Colque, investigador de la Fundación Tierra, manifestó que si bien el tribunal agroambiental tiene la tuición de juzgar hechos de avasallamientos en propiedades tituladas esto no lo exime de responsabilidades al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), porque cuando el mencionado juzgado ordene que haya desalojo, la estatal tiene que acudir al lugar con la fuerza pública para proceder con esta tarea.
“Esto es engañoso porque la mayoría de los avasallamientos que se están dando, alrededor del 90%, están ocurriendo en tierras fiscales y en proceso de saneamiento, es decir son tierras que están bajo la intervención técnica y jurídica del INRA. (Por lo tanto) los avasallamientos no se están dando en propiedades tituladas sino en estas zonas de recorte de tierras fiscales sujetas a saneamientos”, aseguró Colque.
También dijo que el INRA es la autoridad “que tiene que velar” de que no existan avasallamientos y ocupaciones a la fuerza en estos terrenos.
“El INRA no puede lavarse las manos y desentenderse de esta responsabilidad porque sabemos que la mayoría de los territorios avasallados son tierras en proceso de saneamiento y bajo la tuición, aún, del INRA hasta que no cierre el proceso de titulación”.
En una entrevista con EL DEBER Radio, el director nacional del INRA, Eulogio Núñez, declaró que una vez que los terrenos están saneados, cualquier disputa relacionada con los mismos pasará al tribunal agroambiental, que son los encargados de dictar sentencia.
Esta regularización, añadió Núñez, también implica la titulación de los predios y su inscripción en Derechos Reales. “Desde ese momento, su predio tiene seguridad jurídica y se puede defender ante cualquier hecho de avasallamiento, tráfico de tierras u otra situación adversa”, afirmó.
Por esto, continuó, la meta es llegar al 100% del saneamiento para el 2025. También dijo que, durante el gobierno de Luis Arce, esta regularización de tierras avanzó del 86% al 93% y esto representa 7,3 millones de hectáreas con seguridad jurídica en los nueve departamentos del país.
Productores se pronuncian
En lo que va del mes de agosto, en el departamento de Santa Cruz se han registrado, al menos, cuatro avasallamientos de tierras, de los cuales dos tuvieron su cuota de violencia e incluso en uno de ellos se registró un robo. Ante esta situación, los productores cruceños han señalado que estos asentamientos ilegales van a continuar hasta que no se dicte una sentencia penal contra quienes realizan estas acciones.
Nue Morón, representante de la Asociación de Fruticultores y Horticultores (Asofruth) de Santa Cruz indicó que, si bien su sector no es afectado por la toma de tierras, preocupa lo que está ocurriendo con otros productores, cuyos predios están siendo avasallados.
“La inseguridad jurídica es lo que está preocupando a todos los productores, ya sean grandes, medianos y pequeños. Se debe sentar un precedente y todo avasallador debe ir preso porque ya no hay las garantías de producir los alimentos básicos. Nos preocupa que no haya mano dura contra estos avasalladores”, complementó.
Desde la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) aseguraron que no se tienen casos de avasallamientos vinculadas a su sector.
