12 de septiembre de 2024, 19:21 PM
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Desde 2013, Bolivia ha implementado una serie de leyes y decretos que, según expertos ambientalistas, han facilitado la expansión descontrolada de la frontera agrícola, alimentando una crisis ambiental sin precedentes en el país. Estas normativas, calificadas como “incendiarias” por organizaciones de defensa del medioambiente, han permitido el desmonte masivo de bosques, incentivando la deforestación y agravando la actual crisis de incendios que afecta vastas regiones de Bolivia.
Una de las primeras leyes señaladas es la Ley 337, conocida como la «Ley de Apoyo a la Producción de Alimentos y Restitución de Bosques», aprobada en 2013. Esta norma, en lugar de frenar el desmonte ilegal, otorgó perdón a aquellos desmontes no autorizados realizados hasta 2011, permitiendo así regularizar tierras deforestadas.
Posteriormente, la Ley 502 amplió aún más los alcances de esta legislación, exacerbando la deforestación en regiones clave. A pesar de que estas normas fueron justificadas con el argumento de asegurar la seguridad alimentaria, los datos son alarmantes: entre 2015 y 2022 se desmontaron 460.000 hectáreas de bosque, pero solo 40.800 hectáreas se destinaron realmente al cultivo de alimentos. La pregunta que persiste es, ¿qué ocurrió con el resto del desmonte?
La Ley 741, aprobada en 2015, permitió a los pequeños y medianos propietarios desmontar hasta 20 hectáreas para actividades agrícolas y pecuarias. Si bien la intención era promover la producción alimentaria, la superficie deforestada bajo esta ley ha generado incendios masivos y descontrolados, particularmente en las áreas más vulnerables de Santa Cruz y Beni. Los expertos advierten que esta normativa ha sido explotada por intereses privados y traficantes de tierras, en detrimento de los bosques y territorios indígenas.
El impacto de estas leyes se ha visto agravado por la Ley 1171, que otorga perdón en el pago de multas por quema sin autorización, y el Decreto Supremo 24.253, que establece la multa más baja de América Latina por deforestar: tan solo 20 centavos de dólar (equivalente a un boliviano con 39 centavos) por hectárea afectada ilegalmente. Este marco normativo ha convertido a Bolivia en un paraíso para la deforestación ilegal.
A esto se suma el Decreto Supremo 3973, que en 2019 autorizó el desmonte de bosques para actividades agropecuarias en Santa Cruz y Beni, dos de las áreas más biodiversas del país. El decreto fue posteriormente ampliado con la Ley 26075, que favorece a la producción del sector ganadero agroindustrial sobre áreas de bosque.
A pesar de la tragedia ambiental que se vive hoy, cuando casi cuatro millones de hectáreas fueron consumidas por incendios, las normas siguen vigentes. El Plan de Usos de Suelos (PLUS) aprobado por la Asamblea Legislativa Departamental de Beni también ha sido señalado como otro factor clave en la crisis ambiental actual. El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) ha denunciado que esa norma pone en peligro la Amazonía, los territorios indígenas y áreas arqueológicas, y promueve la expansión desmedida de actividades agropecuarias.
Otra normativa polémica es el Decreto Supremo 3874, que otorga procedimientos abreviados para la evaluación de variedades genéticamente modificadas de soya destinadas a la producción de biodiésel. Este decreto ha sido fuertemente criticado por vulnerar la Ley de la Madre Tierra y el Protocolo de Cartagena, además de favorecer el avance de monocultivos que desplazan la biodiversidad.
Finalmente, el Decreto Supremo 4334, que regula el desmonte para actividades agropecuarias en Santa Cruz y Beni bajo criterios discrecionales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), ha facilitado lo que los ambientalistas denominan como “incendios autorizados”. Estos incendios, lejos de ser controlados, han incrementado la contaminación y la pérdida de biodiversidad en el país.
Las organizaciones ambientales y civiles hacen un llamado urgente para revisar y derogar estas leyes, que no solo contravienen la Constitución Política del Estado (CPE), sino también la Ley del Medio Ambiente y la Ley de la Madre Tierra. Para los expertos, estas normativas han favorecido los intereses económicos privados a costa de la destrucción de los bosques y la exacerbación de la crisis climática que enfrenta Bolivia.
‘Evistas’ y Gobierno defienden las ‘leyes incendiarias’
Hoy, parlamentarios evistas del Movimiento Al Socialismo (MAS) defendieron las ‘leyes incendiarias’ argumentando que se elaboraron para impulsar el aparato productivo, pero consideran que no hay los mecanismos de sanciones y control para evitar los chaqueos que provocan el fuego.
«Hay productores irresponsables que al momento de realizar una quema no lo hacen de forma responsable», dijo en declaraciones a la agencia de noticias ANF.
Mientras el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, precisó que ninguna de las leyes incendiarias autoriza las quemas libres, al contrario, sostuvo que permiten y regulan el fuego.
Senado aprueba abrogación de dos normativas polémicas
El Senado boliviano logró instalar una sesión extraordinaria en la ciudad turística de Uyuni, Potosí, donde avanzó en la abrogación de dos leyes relacionadas con la quema de bosques, que datan del gobierno de Evo Morales.
Uno de los proyectos aprobados es la abrogación de la Ley 1171, promulgada en 2019, sobre el uso y manejo racional de quemas. «Se abroga la Ley 1171 del 25 de abril de 2019 (…) Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias a la presente ley», señala el texto aprobado. Ambos proyectos de ley han sido remitidos a la Cámara de Diputados para su respectivo tratamiento.
Las leyes en cuestión forman parte de un grupo más amplio que ha sido señalado por organizaciones sociales, activistas medioambientales y políticos opositores como “incendiarias”, por alentar la deforestación y la quema de bosques en el país. Entre estas normativas también se encuentra la Ley 337, que fue abrogada en esta misma sesión del Senado.
El expresidente Evo Morales, bajo cuyo gobierno se promulgaron estas leyes, justificó su creación en su momento, argumentando que estaban dirigidas a apoyar a los pequeños productores. Sin embargo, reconoció que su aplicación se fue distorsionando, resultando en incendios masivos. «Los tiempos son otros, se pueden revisar las normas», comentó Morales al ser consultado sobre el tema por los medios.
De acuerdo con el proceso legislativo, la Cámara de Diputados debe ahora revisar los dos proyectos de abrogación. Si no se presentan observaciones, las leyes serán sancionadas y enviadas al Ejecutivo para su promulgación. En caso de que haya observaciones, los proyectos volverán al Senado para su consideración. Si las observaciones son rechazadas, la Asamblea Legislativa Plurinacional tendrá la última palabra.
Sin embargo, los enfrentamientos políticos entre las facciones del oficialismo complican el avance de las leyes. El bloque arcista en Diputados suele frenar los proyectos provenientes del Senado, mientras que el sector evismo hace lo propio con las iniciativas enviadas desde la Cámara Baja, prolongando los debates.
En paralelo, crece la movilización social en demanda de la abrogación de otras normativas relacionadas con la deforestación. El dirigente gremial Toño Siñani anunció que su sector se unirá desde el lunes a las protestas de campesinos de La Paz, quienes también exigen la derogación de estas leyes. «No somos vendidos como la COB», afirmó Siñani, en referencia a la Central Obrera Boliviana, a la que acusó de pasividad frente al gobierno.
Agro: el 78% del fuego se da en tierras fiscales e indígenas
Ante los señalamientos de que el sector productivo es el principal responsable de los incendios forestales que se registran en Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) informó que el sector productivo en su conjunto (grandes, medianos y pequeños productores) solo posee el 29% de tierras en la región. Además, el reporte añade que el 78,4% del fuego se encuentra en tierras fiscales y comunidades indígenas.
El dato corresponde al último informe presentado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que detalla que el 49% de las tierras en Santa Cruz son fiscales, es decir, propiedad del Estado. En tanto, las empresas medianas, cuentan con el 19% del área y el 10% está en manos de las pequeñas propiedades productivas.
Mientras que los Territorios Comunitarios de Origen representan el 16% del total y un 5% de los terrenos son uso colectivos o tradicionales.
Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la CAO explicó, en base a los datos, no se puede culpar al sector productivo por las quemas tomando en cuenta que su partición en la tenencia de la tierra es menor con relación a otros sectores.
“Como sector agropecuario es necesario que la población en general conozca en manos de quién está la tierra en diversas oportunidades, con intereses particulares, estigmatizan a nuestro sector con información distorsionada”, dijo.
La pregunta clave sigue siendo: ¿cuánto más puede soportar Bolivia antes de que se tomen acciones contundentes para frenar la destrucción ambiental? Mientras las normativas «incendiarias» sigan vigentes, la lucha por preservar los bosques del país parece estar en una desventaja considerable.
