21 de octubre de 2024, 4:00 AM
21 de octubre de 2024, 4:00 AM
Poco a poco, San Rafael se recupera de los más parecido a un fin del mundo. Por cuatro meses, esta comuna ubicada en la Gran Chiquitania cruceña, ardió en llamas. Como si se tratará de un relato apocalíptico el fuego consumió parte de sus bosques; frondosos árboles fueron reducidos a carbón y cenizas. El reporte oficial es devastador: más de 600.000 hectáreas de montes fueron consumidos por los incendios forestales.
Las recientes lluvias caídas como una bendición ante tanta tragedia, sumado al trabajo de bomberos voluntarios, ganaron una batalla contra este enemigo. Sin embargo, la guerra contra el fuego no termina. La presencia de más de 500 hornos, que son usados para la producción de carbón vegetal, amenaza el restante 40% de bosques que no fue consumido por las llamas.
La mayoría de estas fábricas se encuentran en las más de 150 comunidades de nueva creación que se han asentado incluso cerca de territorios indígenas. Y el número puede ser aún mayor, advierten desde la alcaldía de San Rafael.
“Abusan de la naturaleza”
Alejandro Vaca Diez, cacique de la comunidad Santa Teresita del Surutú, narra que cada semana salen hasta tres trailers de las comunidades campesinas con toneladas y toneladas de carbón.
El líder indígena, sostiene que esta práctica está directamente relacionada a los incendios forestales. “La explotación que hacen las comunidades campesinas es principalmente de carbón, y una parte de esa producción es ilegal. Abusan mucho de la naturaleza, contaminan el medio ambiente y eso ha provocado incendios en la zona”, señaló.
Para él, existe una falta de control estatal y la permisividad de las autoridades agravan la situación. “El problema es que hay una parte que es legal y otra que no. Y eso es culpa del Estado, de las autoridades y del ABT (Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra). Mientras a las comunidades campesinas no les ponen restricciones, a las comunidades indígenas nos exigen una cantidad de requisitos imposibles de cumplir”, se quejó.
Acostumbrados a vivir de lo que da la tierra la comunicad Santa Teresita enfrenta varios desafíos para su supervivencia. El líder indígena asegura que la sequía y los incendios forestales están destruyendo un ecosistema que siembre alimentó a su pueblo, que hoy sufre de hambre por las malas cosechas que se van repitiendo año a año.
“El bosque ha sido devastado en los últimos diez años. Antes era íntegro, ahora lo han sacado casi todo para hacer carbón”, comentó. También indicó que árboles valiosos como el curupaú y el quebracho son talados indiscriminadamente, sin importar si son especies preciosas o no.
En la actualidad, está comunidad está compuesta por 20 familias, de las cuales 13 son activas. Sobreviven de la agricultura, cultivando frijol, maíz y plátano. Sin embargo, la situación se ha vuelto insostenible debido a la sequía.
“Este año ha sido malo, no ha llovido casi nada y la tierra está seca. No sabemos cómo vamos a continuar”, concluyó.
El alcalde de San Rafael, Jorge Vargas, sostuvo que este tipo de fábricas están proliferando en la Chiquitania. Para la autoridad esta práctica económica está devastando los bosques locales y afecta gravemente al ecosistema.
Lo peor, según la autoridad, es que no se tiene información clara sobre los permisos de estos hornos, especialmente de los que están dentro de áreas protegidas.
“No sabemos quién otorga los permisos ni si estos hornos son legales. Lo que sí puedo asegurar es que la proliferación de hornos en el monte es alarmante”, declaró. Además, enfatizó que la administración municipal tiene las manos atadas, ya que la dotación de tierras y la administración de los recursos forestales son competencias del INRA y de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), y no del gobierno municipal.
Vargas expresó su preocupación por el impacto ambiental y económico que está generando esta actividad ilegal. Afirmó que la producción de carbón y otros recursos forestales no deja ningún beneficio económico para el municipio ni para el país.
“El saqueo de nuestros recursos forestales no genera divisas y perjudica a los gobiernos subnacionales”, señaló.
En cuanto a la magnitud de la situación, el alcalde calculó que más de 500 hornos de carbón están operando solo en el municipio de San Rafael.
Sin embargo, no pudo proporcionar una cifra exacta de cuántas hectáreas de bosque se están talando, aunque estima que cada horno consume una hectárea de árboles, dependiendo de su tamaño. Agrega que la proliferación de estos hornos, según Vargas, no es una práctica local, sino que se ha venido imponiendo desde hace aproximadamente 10 años.
“Cada comunidad tiene al menos uno o varios hornos, lo que se ha convertido en una forma de producción económica para ellas”, explicó.
Vargas aseguró que el gobierno municipal está realizando inspecciones en conjunto con la ABT para verificar la legalidad de los hornos, especialmente en las áreas protegidas donde está prohibida esta actividad.
Sin embargo, explicó que los requisitos para abrir un horno son mínimos, lo que facilita que estas instalaciones se multipliquen.
“Los requisitos para abrir un horno son básicos: una resolución de asentamiento y un plan de desmonte de 20 hectáreas, entre otros documentos menores”, detalló.
Uno de los aspectos más preocupantes es el tipo de madera que se está utilizando para producir carbón.
Vargas, quien es oriundo de la región, mencionó que maderas preciosas como el morado, el tajibo, el roble y el cuchi están siendo taladas para este fin.
“El bosque seco chiquitano tiene la particularidad de que la mayor parte de su madera es dura y de alto valor comercial”, agregó.
El alcalde sostuvo que la tala de árboles para la producción de carbón no solo es una actividad ilegal, sino que constituye un ecocidio, un delito grave contra el medio ambiente que está tipificado en las leyes del país.
Lamentó que el municipio no tiene información precisa sobre la cantidad de hornos que operan en su territorio, ni sobre el número de aserraderos o certificaciones de aprovechamiento forestal (P-20) otorgadas en la zona.
“Deberíamos saberlo, ya que somos los administradores de nuestro territorio, pero no tenemos acceso a esos datos”, dijo.
El gran cacique de la Asociación de Comunidades Indígenas de San Rafael de Velasco, Julio Egüez, enfatizó que la proliferación de hornos está causando un grave daño al medioambiente, afectando tanto a especies de árboles valiosas como la fauna local.
“En esta comunidad encontramos alrededor de 20 o 30 hornos, y en la comunidad de La Avispa ya hay ocho dentro del área protegida, pero hay muchos más”, afirmó.
El dirigente indígena sostiene que esta situación ha empeorado tras los recientes incendios que arrasaron parte del territorio.
“Aunque el incendio ya ha pasado, el peligro sigue presente, ya que continúa la quema de maderas preciosas y semi-preciosas para la producción de carbón”, explicó.
Entre las especies en peligro de extinción mencionó al morado, una madera que tiene un alto valor económico. Lamentablemente, esta madera se está utilizando para la producción de carbón, cuando podría ser aprovechada de manera más sostenible por los artesanos locales, generando beneficios económicos para las comunidades.
No es la primera vez que se realizan este tipo de denuncias. El año pasado, autoridades y plataformas ambientales de la Región Autónoma del Chaco denunciaron la presencia de fábricas de este tipo en sus bosques.
Inicialmente, se informó que la ABT había autorizado a 10 empresas para la producción de carbón en esta región. Sin embargo, más adelante, la entidad estatal negó dicha afirmación. La ABT aclaró que las autorizaciones otorgadas solo estaban destinadas a la ampliación de la frontera agrícola.
Para este reportaje se buscó la versión del director ejecutivo de la ABT, Luis Roberto Flores Orellana, pero no contestó nuestro llamado.
El fuego pasó, pero la emergencia continua en San Rafael, allí todos rezan para que ese apocalipsis de llamas no vuelva a ocurrir ni a dañar lo que les queda de bosque.
