22 de octubre de 2024, 11:55 AM
22 de octubre de 2024, 11:55 AM
Los analistas lo anticiparon. Después de que el Estado decretara el diferimiento de créditos a raíz de la pandemia en 2020, especialistas del sector financiero advirtieron que esta medida impactaría de forma directa en la cadena de pagos de los préstamos. De acuerdo a datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) un 43% de la actual mora del sistema tiene su origen en esta medida.
En la actualidad, un grupo de prestatarios se declaró en emergencia y realizó movilizaciones en la ciudad de La Paz y otras capitales de departamento. Ellos se declararon víctimas del sistema financiero y sostienen que medidas como el diferimiento de créditos y las reprogramaciones, no hicieron más que perjudicarlos.
Richard Pérez, presidente de la Asociación de Prestatarios de Buena Fe del Sistema Financiero, como se denomina este sector, sostuvo que estas medidas, aplicadas inicialmente como un “alivio” durante la pandemia, generaron una acumulación desmesurada de intereses que está llevando a miles de familias a la quiebra.
“Estamos pagando intereses sobre intereses. Lo que en su momento se presentó como una ayuda, ha resultado ser una trampa que solo beneficia a los bancos”, dijo el dirigente.
Además, detalló que, en muchos casos, los préstamos que inicialmente tenían un plazo de seis años, ahora se han extendido a 20 años, con una proporción de pagos en el que el 90% se destina a intereses y solo el 10% a capital.
La situación ha llevado al extremo de que unos 500.000 prestatarios estén en riesgo de perder sus viviendas debido a la imposibilidad de cumplir con los pagos. Para este dirigente, los bancos, en lugar de colaborar con los deudores, se están convirtiendo en grandes inmobiliarias al rematar las propiedades de quienes no pueden cumplir con sus deudas.
Desde esa organización indicaron que se solicitó formalmente un decreto que paralice los cobros de capital e intereses durante un año y medio, además de la suspensión de todos los procesos judiciales y remates de inmuebles. La organización también se encuentra trabajando en un proyecto de ley para reformar el sistema financiero, con el apoyo de asesores legales.
“Nuestra propuesta es clara: necesitamos un respiro financiero para que las familias puedan recuperarse y reorganizar sus economías. Si no nos escuchan, no descartamos radicalizar las medidas”, advirtió Pérez.
Esta asociación presentó su demanda a varias instancias gubernamentales, incluido el Senado, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Economía. En la actualidad esta organización cuenta con miles de miembros en todo el país, especialmente en Santa Cruz, donde más de 10.000 prestatarios han mostrado su apoyo a la causa.
Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, sostuvo que, en medio de la crisis económica, muchos prestatarios han enfrentado situaciones de embargos judiciales y aumento de la mora, una situación que era previsible y obedece a la estructura misma del sistema financiero.
Enfatizó que los intereses acumulados durante los periodos de gracia otorgados durante la pandemia no fueron eliminados, sino postergados. “No pagas el interés en 2020 ni 2021, pero lo vas a pagar al final”, aclaró.
Esta falta de comprensión ha llevado a que muchos prestatarios ahora enfrenten montos elevados en sus cuotas finales, provocando quejas y confusión.
Según el experto, el banco “no va a perder”, y cuando los periodos de gracia terminan, los prestatarios deben negociar o enfrentar procedimientos de recuperación de cartera.
Al ser consultado sobre los cobros excesivos y la ejecución de viviendas, señaló que estos casos están vinculados con el aumento de la mora, que ha obligado a los bancos a tomar acciones legales para recuperar sus carteras.
“Es coherente todo lo que está pasando, obviamente que está afectando a la población, pero ellos deberían tener una figura clara cuando sacan un préstamo bancario”, expresó.
Akamine explicó que muchos de estos problemas están relacionados a los créditos de consumo, que tienen tasas de interés más altas debido al riesgo asociado. Explicó que muchos prestatarios en vez de tramitar un crédito productivo, que tienen tasas reguladas, optaron por esta vía que a nivel de papeleo es menor.
“Si te metes a uno de consumo va a ser fácil sacarlo, pero el costo financiero va a ser elevado”, dijo.
El economista hizo notar que la falta de cultura financiera lleva a la gente a tomar decisiones inadecuadas, como sacar créditos de consumo para compras que deberían estar respaldadas por productos específicos, como créditos vehiculares o hipotecarios.
Respecto a los reclamos por cobros indebidos, Akamine dijo que pueden existir casos aislados, pero no representan la mayoría. Explicó que los sistemas bancarios son automatizados y, aunque pueden cometer errores, son revisables.
Según datos de la ASFI, hasta agosto de 2024, el saldo de la cartera de créditos reprogramados alcanzó a Bs 36.289 millones, representando el 16,6% del total de la cartera de créditos. De este total, el 34% corresponde a préstamos de vivienda, un 29% a microcréditos, un 16% a créditos pyme, un 15% a empresariales y el 6% a créditos de consumo.
“Lo que muestra que el acceso a este mecanismo, cuando se lo requiere, beneficia tanto a las empresas como a los hogares que tienen un préstamo en el sistema financiero nacional”, dijo la entidad estatal.
El ente regulador, sostuvo que tanto el diferimiento y las reprogramaciones de créditos coadyuvaron a controlar el índice de mora, producto de los efectos negativos de la pandemia del Covid-19 y otras circunstancias como desastres naturales, bloqueos como el registrado entre octubre y noviembre de 2022, en el departamento de Santa Cruz u otros conflictos sociales en países vecinos, como el acaecido en Perú a inicios de la gestión 2023.
Sin embargo, en el caso particular del diferimiento, según la ASFI, se evidenció que algunos de los prestatarios que accedieron al mismo no pudieron retomar con normalidad sus actividades económicas, incidiendo en que el 43% de la cartera en mora corresponda a créditos cuyas cuotas fueron diferidas, representando menos del 1,5% de la cartera total.
Con relación al nivel de la mora en el sistema financiero, la ASFI sostuvo que el índice se mantiene en torno al 3,5%, ubicándose por debajo del promedio regional de 3,6%, siendo que el criterio aplicado a nivel nacional es mucho más estricto, pues se toma en cuenta 30 días de atraso para poder realizar un préstamo en mora, mientras que a nivel internacional se toman 90 días o más.
Además, sostuvo que, hasta agosto de 2024, el 1% de los prestatarios del sistema financiero nacional que alcanza a 1,9 millones, tiene créditos que están en cobro judicial.
En este ámbito, la ASFI dijo que modificó normativa, ampliando el plazo para el inicio de acciones judiciales de 91 a 121 días, existiendo la posibilidad de una postergación adicional de 120 días, previéndose que esta medida permitirá que los clientes financieros que temporalmente enfrenten problemas para el pago de sus créditos, puedan retomar el mismo, sin llegar a la etapa del cobro judicial.
La ASFI hizo notar que se identificaron dos reclamos en segunda instancia, relacionados a cobros excesivos en la reprogramación de operaciones crediticias, los cuales fueron atendidos de manera favorable.
