31 de octubre de 2024, 18:43 PM
31 de octubre de 2024, 18:43 PM
«La función de las Fuerzas Armadas consiste en apoyar a la Policía Boliviana en el cumplimiento de su misión en la defensa de la sociedad, ante un escenario de bloqueos que impiden el libre tránsito de manera permanente». Las palabras de Jorge Santistevan, coronel en el servicio pasivo, tratan de apaciguar un nerviosismo social, que ha crecido con los reiterados pedidos de estado de excepción que han surgido.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, ha sido la última autoridad en sumarse al pedido. «El Gobierno Nacional debe actuar inmediatamente, con todo el rigor de la ley. Las fuerzas de la Policía deben salir y si no puede la Policía que salga el Ejército», instó el cívico. Similar pedido lo realizó el gobernador en suplencia de Santa Cruz, Mario Aguilera, y diversas organizaciones productivas y gremiales.
Incluso, el propio Luis Arce, en el mensaje presidencial emitido el miércoles, advirtió con «hacer uso de las atribuciones constitucionales» para poner fin a los bloqueos.
¿Qué es un estado de excepción?
Santistevan, que además de militar es abogado constitucionalista, describe el estado de excepción como una «figura constitucional, que se aplica en un momento de tensión o conmoción interna». La medida se puede establecer para todo un país o para alguna región en específico del mismo, según disponga el presidente del Estado.
De acuerdo con la ley N° 1341, sobre el estado de excepción, se trata de «la respuesta a una situación de grave amenaza, que pone en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, que no pueden ser superados con las facultades ordinarias».
Para el coronel en servicio pasivo, Bolivia vive hoy una situación social y política tensa. Los bloqueos, asegura, «vulneran los derechos fundamentales de los bolivianos y las leyes internacionales como las descritas en el tratado de Roma».
En su opinión, el Gobierno debería agilizar la promulgación de un estado de sitio ante «las amenazas a la integridad física y a la propia vida», que se han evidenciado en las últimas declaraciones realizadas por el denominado Estado Mayor del Pueblo.
Sectores afines a Evo Morales cumplen 18 días de bloqueo de carreteras. Las protestas se concentran, sobre todo, en el departamento de Cochabamba. Sin embargo, al interrumpir el normal tránsito por el eje troncal del país, afectan al abastecimiento de las diferentes regiones y repercute, por tanto, en todos los bolivianos.
Desde el Chapare, el corazón de la movilización de respaldo a Morales, aseguran estar preparados ante una posible intervención militar. “Hay subversión armada en el país”, declaró este jueves el exdirigente de las Seis Federaciones del trópico de Cochabamba, Gregorio Mamani.
Vigencia del Estado de Derecho
La ley 1341 puntualiza que una «declaración de estado de excepción, no interrumpe el funcionamiento de los Órganos del Estado e instituciones constitucionales».
De manera generalizada se ha vinculado la medida de estado de excepción, antes conocida como estado de sitio, con la intervención armada de las Fuerzas Armadas.
Santistevan da detalles sobre el papel que los militares desempeñan ante un escenario de excepción. «La autoridad máxima temporal recae en una autoridad militar, quien está llamado a poner orden y garantizar la paz», explica.
La participación de las Fuerzas Armadas «en operaciones de orden público y control de disturbios civiles» se valida en las situaciones en las que «la Policía Boliviana hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden», recoge la ley de estado de excepción.
Respecto a las atribuciones que tienen los militares, la misma ley detalla que serán «operaciones complementarias a las labores de la Policía Boliviana». Y agrega que «el uso de armas de fuego y el control de la violencia pública debe ajustarse a la normativa contenida en Tratados y Convenios suscritos por el Estado Plurinacional de Bolivia».
Santistevan reconoce que una participación activa de los militares implica también el uso de armas. «Si solo salen para hacer lo mismo que hacen los policías, se trataría solo de un cambio de color de uniforme».
Actualmente, el coronel en servicio pasivo considera que existe una «motivación suficiente» para la salida de los militares. «El ex ministro Carlos Romero ha hablado de rebelión popular y ya se sabe que los bloqueadores tienen armas. Se trata de una conspiración para tumbar al Gobierno», afirma Santistevan.
Es más, en su análisis, asegura tener información con respecto a que: «cuentan con milicias armadas, perfectamente atrincheradas para esperar a las fuerzas legales», por lo que «el enfrentamiento es previsible».
Ante un escenario como el descrito observa que las leyes restringen el uso de armas a los uniformados. «Están neutralizados» y «a merced de los violentos» advierte. Aunque señala un camino abierto que permitiría a Luis Arce la utilización de las Fuerzas Armadas al margen de un decreto de estado de excepción. Si así lo deciden, «los militares pueden actuar sin ninguna restricción».
