6 de noviembre de 2024, 4:00 AM
6 de noviembre de 2024, 4:00 AM
Es la segunda vez que Evo Morales pide un cuarto intermedio a sus bases para que levanten sus bloqueos y así iniciar el diálogo con el Gobierno. El líder cocalero negó que los cortes de vías que impulsa sean motivo para el desabastecimiento de combustibles. Mientras, 54 de sus seguidores que bloqueaban carreteras en Parotani, Cochabamba, y Mairana, Santa Cruz, fueron remitidos a diferentes cárceles de La Paz. Un decreto firmado en 2009 por el mismo Morales se utilizó para enjuiciar a sus simpatizantes.
“Hago un llamado a mis hermanos del Estado Mayor del Pueblo, Pacto de Unidad y los distintos piquetes que se encuentran en bloqueo de caminos, declarar un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos, a la espera del diálogo nacional propuesto por el Gobierno”, dijo ayer Morales mientras leía con dificultad un comunicado desde Lauca Ñ.
El líder cocalero, que entró a su quinto día de huelga de hambre, insistió a sus bases en dejar a un lado las medidas de presión para ingresar a un diálogo con el Gobierno. El pasado viernes en la noche, luego del desbloqueo en Parotani y la toma de cuarteles en el trópico de Cochabamba, Evo Morales se declaró en huelga de hambre y pidió suspender el bloqueo a sus organizaciones, aunque estas decidieron rechazar el pedido del exmandatario.
Sin dirigirse en específico a nadie y criticando al Gobierno por su falta de gestión para atender las demandas como combustible, divisas y precios de la canasta familiar, Morales dijo que esperarán la convocatoria al diálogo luego de enviar varias cartas a distintos sectores nacionales y del exterior.
Hace 24 días que el bloqueo evista perjudica la conexión del departamento de Cochabamba con parte del país. En este tiempo, según datos del Gobierno, las pérdidas para el país superaron los $us 2.100 millones. “Todos saben que siempre hemos puesto la vida y la dignidad humana por delante, y hoy no es la excepción”, argumentó el líder del MAS.
Además, Morales descartó que este bloqueo de carreteras sea el causal del desabastecimiento de carburantes, como gasolina y diésel en varias ciudades del país. El exmandatario dijo que sus bases no están bloqueando las vías por donde ingresan las cisternas con combustibles. El cocalero añadió que este problema es porque el Gobierno no tiene dólares para pagar por los carburantes.
Pide liberación
“Proponemos la liberación inmediata de los detenidos injusta e ilegalmente, mismos que son presentados como trofeo de guerra, despojados de sus derechos para aparentar fortaleza estatal, denunciamos que a través de la persecución judicial policial militar buscan escarmentar al pueblo, exhibiendo a luchadores sociales como si fueran delincuentes”, es otra parte del texto que ayer leyó el exmandatario.
Ayer se conoció que fueron 63 campesinos apresados en las revueltas de Parotani, los mismos que fueron trasladados a La Paz. Son 49 varones y 14 mujeres los cautelados y de ese grupo solo seis accedieron a la detención domiciliaria, mientras que otras 57 fueron derivadas a cinco penales del departamento de La Paz.
“La mayoría ha sido enviada a (las cárceles de) Patacamaya, San Pedro y Obrajes; pero hoy (ayer) dos personas han sido trasladadas a los penales de Miraflores y Chonchocoro”, informó el delegado defensorial de La Paz, Francisco Rodríguez.
Según los datos oficiales, 25 de los detenidos fueron enviados por cuatro meses al penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz; otros 20 fueron enviados, por el mismo lapso, al penal de Patacamaya, en el altiplano paceño. En el caso de las mujeres, 10 de ellas fueron enviadas al penal de Obrajes por el lapso de cuatro meses; mientras que Alberta Y. es la única persona trasladada al penal de Miraflores, considerado de alta seguridad.
Uno de los varones, Ángel Z.A., fue enviado al recinto penitenciario de Chonchocoro. Él está acusado de ser el autor de financiar la movilización de Parotani.
Mientras que seis aprehendidos el pasado viernes -dos varones y cuatro mujeres- accedieron a la detención domiciliaria.
Ayer, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, exhibió públicamente a los detenidos por el operativo policial de desbloqueo en el municipio de Mairana y que fueron remitidos a la ciudad de La Paz, para ser procesados por el delito de terrorismo.
Según la autoridad, se detectó a 18 personas, una de ellas menor de edad, quienes estaban con armamento casero, como bombas molotov, para “quitar la vida a policías” y afectar la integridad de periodistas. El menor, según Del Castillo, se quedó en Santa Cruz.
“Estas personas estaban con armamento, con la única finalidad de quitarle la vida a los efectivos de la Policía. Estamos hablando de bombas molotov. Se logró secuestrar evidencias y aprehender a los miembros de esta organización criminal”, acusó Del Castillo.
Todos los aprehendidos y procesados en la ciudad de La Paz están sometidos a un juicio en la sede de Gobierno, porque así lo establece un decreto que firmó Evo Morales en 2009 y que determina que todas las personas acusadas de terrorismo o alzamiento armado sean enjuiciadas en la capital política del país.
Evo Morales había preparado ese decreto luego de los sucesos del 16 de abril de 2009, cuando un grupo de extranjeros fue abatido en el hotel Las Américas. El Gobierno no querían que los acusados sean juzgados en Santa Cruz.
