7 de noviembre de 2024, 20:32 PM
7 de noviembre de 2024, 20:32 PM
El directorio del Banco Central de Bolivia (BCB) ha emitido una resolución que permite la venta de oro de las reservas del país, lo que podría reflejar un agravamiento de la crisis financiera. Esta medida permite que las reservas de oro caigan por debajo del mínimo legal de 22 toneladas, un hecho que ha llevado a la renuncia de dos directores de la entidad.
La resolución 148/2024 establece que el BCB deberá mantener un mínimo de 22 toneladas de reservas de oro, que se evaluarán semestralmente el 5 de mayo y el 5 de noviembre de cada año. Esto implica que la entidad puede vender oro por debajo de este umbral, siempre que lo reponga al final del semestre, es decir, entre mayo y noviembre. En teoría, el BCB tendría que comprar nuevamente el metal precioso tras su venta para cumplir con la normativa.
Para el exdirector del BCB, Róger Banegas, es una medida desesperada del directorio del BCB, que ha llevado a que parte de sus miembros «renuncien» o sean «renunciados», ya sea por no apoyar las medidas tomadas o por el posible miedo a futuras sanciones legales, cometiéndose el propósito central de La ley del Oro: la monetización del metal, inclusive superando transitoriamente el umbral permitido.
«Al final del día, el país quedará sin oro y sin divisas como lo ha venido haciendo en el último tiempo, sin tomar medidas estructurales y a través de iniciativas meramente cosméticas», sostuvo.
A su vez, el analista financiero, José Gabriel Espinoza ha señalado a Brújula Digital que esta situación podría indicar que el BCB ha reducido sus reservas de oro a niveles preocupantes, que no cumplirían con la ley. Según Espinoza, exdirector del BCB, las 22 toneladas son una «barrera psicológica» para la población, que espera que la institución mantenga esta cantidad en todo momento. La Ley 1503, en su artículo 9, establece claramente esta obligatoriedad.
Espinoza también ha indicado que las recientes renuncias de altos funcionarios del Banco Central, como Gabriel Herbas y el exdirector Fernando Ferrufino, están vinculadas a la presión sobre las reservas de oro. Estas renuncias podrían ser una estrategia para evitar enfrentar sanciones legales y administrativas en caso de incumplimiento de la ley. «Es posible que los directores hayan considerado prudente renunciar para evitar asumir este riesgo», comentó.
El economista advierte que reducir las reservas de oro por debajo de las 22 toneladas podría acarrear «un riesgo regulatorio» y potenciales juicios. La ley es clara al establecer que el Banco Central debe mantener estas reservas «de manera permanente», no solo semestralmente. Si se incumple, tanto el directorio como la gerencia de transacciones internacionales podrían enfrentarse a responsabilidades administrativas y procesos por daños económicos.
Espinoza también sugiere que es «muy probable» que Bolivia no cuente actualmente con las 22 toneladas de oro en sus reservas internacionales, lo que limita la disponibilidad de dólares en el país. La Ley 1503 fue aprobada de manera controvertida en mayo de 2023, cuando el Banco Central tenía aproximadamente 42,5 toneladas de oro en reservas, permitiendo la venta de 20,5 toneladas y manteniendo la barrera de 22 toneladas.
Al ser consultado sobre si esta resolución indica un empeoramiento de la situación financiera del país, Espinoza respondió afirmativamente, señalando que la escasez de combustibles se debe a la falta de liquidez y no a bloqueos organizados por Evo Morales en Cochabamba y otros departamentos. Explicó que las rutas principales de ingreso de combustible no han sido bloqueadas, por lo que la falta de suministro se debe a problemas de pago.
En este contexto, Espinoza afirmó que la venta de oro se está utilizando como una medida para solucionar problemas de liquidez, con la intención de alcanzar nuevamente las 22 toneladas para el próximo 5 de mayo de 2025. Sin embargo, considera que es «muy poco probable» que el BCB logre reponer estas reservas en el corto plazo, ya que actualmente vende más oro del que puede comprar.
No puede estar por encima de la ley
El economista Bismark Arevilca también ha destacado que un reglamento no puede estar por encima de una ley, y ha señalado la desesperación del gobierno por obtener dinero, especialmente para el pago de combustible.
Sobre el tema, desde el BCB emitieron un comunicado indicando que rechaza las versiones erróneas y descontextualizadas sobre su reciente Resolución de Directorio N° 148/2024. Estas versiones, que han sido difundidas por algunos opinadores y replicadas por ciertos medios de comunicación, sugieren que la resolución autorizó la venta del oro de las reservas nacionales y que permite que dichas reservas caigan por debajo del mínimo establecido de 22 toneladas.
El BCB subraya que estas afirmaciones son inexactas y que la interpretación correcta del marco legal vigente se encuentra en la Ley N° 1503, promulgada el 5 de mayo de 2023. Esta ley, conocida como «Ley de Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales», en su artículo 9, parágrafo II, estipula que «el Banco Central de Bolivia deberá mantener un mínimo de 22 toneladas de reservas de oro de las Reservas Internacionales, computables semestralmente a partir de la aprobación de la presente Ley».
La Resolución de Directorio N° 148/2024, según el BCB, tiene como objetivo principal clarificar las fechas de cómputo de las reservas de oro. Estas fechas son el 5 de mayo y el 5 de noviembre de cada gestión, momentos en los cuales el ente emisor debe reportar el estado de sus reservas en cumplimiento con la Ley N° 1503. La resolución no implica, en ningún caso, una autorización para reducir las reservas de oro por debajo del mínimo legal establecido.
El BCB destaca la importancia de una interpretación adecuada y responsable del marco legal, así como la necesidad de evitar la difusión de información que pueda generar confusiones en la población. La institución reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normativas vigentes, garantizando que las reservas de oro se mantendrán en los niveles requeridos por ley.
