11 de noviembre de 2024, 4:00 AM
11 de noviembre de 2024, 4:00 AM
Lo que se decía en voz baja llegó finalmente a la Fiscalía. Las primeras denuncias planteadas contra el expresidente Evo Morales por un supuesto abuso a niñas y trata de personas se formalizaron tras su renuncia en 2019, pero no prosperaron. Al menos 20 se acumularon desde ese tiempo y hoy solo una está activa en manos de los investigadores del Ministerio Público de Tarija, según fuentes documentales abiertas y testimoniales a las que apeló EL DEBER
El recuento incluye una citación fallida contra Morales y el anuncio de la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, de solicitar su aprehensión. Ha pasado un mes y el caso no ha dado nuevas señales de avance ni se han tomado declaraciones a la víctima, cuyo paradero se desconoce. Eso sí, Gutiérrez dijo que Morales obstaculizó la pesquisa con decenas de incidentes legales.
La Fiscalía investiga a Morales desde el 26 de septiembre, sobre la base de un informe de inteligencia en el que se afirma que habría cometido los delitos de trata de personas y estupro con una menor de edad con la que supuestamente tuvo una hija en 2015. La víctima presuntamente pertenecía a un grupo juvenil creado para apoyar a Morales cuando éste era Jefe de Estado.
A esta pesquisa se sumarán otras denuncias por abuso a menores. La secretaria de Género de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, anticipó hace algunos días que iba a formalizar esta querella son varias evidencias.
Según la denuncia, siendo presidente, Morales “solicitaba” niñas a las familias del trópico de Cochabamba para que lo “acompañen”. En esos años, ellas eran menores de edad y fueron llevadas del trópico de Cochabamba hasta La Paz a través de “intermediarios que son los que manejan los sindicatos en el Chapare”.
“(Representantes de) cinco familias en el Chapare que tenían que llegar a la ciudad de Cochabamba para ampliar sus denuncias por hechos de violación y trata de personas, y avasallamientos, no han podido llegar por los bloqueos”, aseguró Herrera la pasada semana cuando la protesta del evismo había cerrado varias rutas.
Tras conocer la reciente denuncia en Tarija, Morales anunció que iba a asumir defensa “con 200 abogados”, mientras que varios de sus allegados aseguraron que el exmandatario es más bien víctima de una “persecución política”.
Nelson Cox, uno de los juristas que apoya la defensa de Morales dijo que los casos de estupro solamente tienen validez cuando existe una denuncia concreta presentada por la supuesta víctima.
De hecho, estas causas cobraron notoriedad durante el último año de la gestión de Luis Arce, quien fue ministro de Evo por más de 10 años. La pesquisa se dio, además, en el contexto de una pugna por el control del MAS.
El exdefensor del Pueblo Waldo Albarracín dijo que Evo Morales puede seguir cometiendo delitos porque mantiene “una coraza poderosa de naturaleza política” que le garantizará su impunidad.
“No tiene sentido ver qué fiscal está asignado al caso o sobre qué juez recaerá, el problema de fondo es que Evo Morales es un delincuente privilegiado y, en la doctrina penal, se tipifica a estos personajes por su poder económico, político y social y resultan ser impunes”, opinó el jurista boliviano desde Perú, donde se encuentra asilado. En 2019, seguidores del MAS quemaron la casa conde él vivía con su familia.
Albarracín sostuvo que en esta coyuntura no pasará nada penalmente contra el líder del MAS, pese a las pruebas que hay en su contra. Esto por la acumulación de poder que logró Evo a lo largo de su prolongada gestión que duró 13 años, nueve días y 18 días.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, dijo varias veces que el caso estupro, que involucra a Evo está en etapa preliminar y que, al tratarse de menores de edad, existe una protección a las posibles víctimas y el entorno familiar, según la Ley 348. Señaló que dentro de esta investigación la defensa jurídica del exmandatario presentó incidentes y excepciones, mismas que están a la espera de que se resuelvan.
“La investigación no ha sido cerrada, continúa vigente y está en etapa preliminar. La comisión de fiscales está realizando toda la actuación necesaria para poder esclarecer ese hecho”, puntualizó Mariaca, pero se negó a entregar mayores precisiones de su avance.
Un antecedente. En 2014, grupos feministas criticaron el comportamiento de Evo Morales y el de su gobierno por normalizar los chistes machistas que lanzaba en actos de entrega de obras o conferencias de prensa. “Yo dije alguna vez que acabo mis años de gestión con mi cato de coca, mi quinceañera y mi charango”, pregonaba usualmente en medio de un ambiente festivo e informal.
Ahora bien, la primera querella formal contra Evo Morales data del 21 de agosto de 2020 cuando estaba al mando el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. Guido Melgar, siendo entonces viceministro de lucha contra la Corrupción, formalizó la demanda ante la Fiscalía que comandaba Juan Lanchipa Ponce por delitos de estupro y trata y tráfico de personas.
Detalló, en aquella ocasión, que en un operativo policial ejecutado el 7 de julio de 2020 en Tiraque, Cochabamba, las fuerzas de inteligencia detuvieron un vehículo en el que se encontraba una joven y sus familiares. En la requisa del celular de la muchacha de 19 años, que corresponde al nombre de Noemí M., hallaron mensajes de WhatsApp y fotos que compartió con Morales y que confirmaban un vínculo desde cuando ella tenía 14 años de edad.
La información causó un remezón para Morales, sus exministros y el MAS. El expresidente ya tenía sobre sus espaldas una avalancha de críticas cuando en 2016 también se le atribuyó una relación con Gabriela Zapata. Ella conoció a Morales siendo menor de edad y cuando militaba en grupos vinculadas a las “juventudes socialistas” creadas para apoyar a Evo.
Cuatro meses después de conocerse la denuncia de Melgar, el 14 de diciembre de 2020, se presentó otra, alegando que había abusado sexualmente de otras menores de edad durante su tiempo en la Presidencia. Esta denuncia no solo se centró en el expresidente, sino que también implicó a otras figuras cercanas a su administración, generando un escándalo que rápidamente captó la atención de los medios de comunicación y del público. Las denuncias fueron realizadas por organizaciones de derechos humanos, que vieron en este caso una oportunidad para visibilizar la problemática del abuso sexual.
Para el 2021, el número de denuncias continuó en aumento. Uno de los casos más emblemáticos fue el de una joven, cuya identidad se ha mantenido en el anonimato. Alegó haber sido víctima de abuso por parte de un allegado a Evo cuando tenía solo 16 años. Su testimonio resonó en la sociedad boliviana, motivando a otras mujeres a hablar sobre sus experiencias de abuso y a presentar sus propias denuncias. “Durante años guardé silencio, pero ahora siento que es mi deber hablar por las que no pueden”, declaró la joven en una entrevista que, sin embargo, se hizo viral en redes.
“Ya no estoy como ministro y voy a poder llevar adelante procesos contra gente que le ha hecho daño al pueblo boliviano, que ha sido parte, no solamente de destruir la inocencia de niñas, la inocencia de familias, sino que le ha robado al pueblo boliviano y también al pueblo venezolano. Lo van a entender y lo van a asumir en los próximos días”, anunció Iván Lima, en su despedida como ministro de Justicia que tuvo lugar el 27 de septiembre en La Paz.
De hecho, el 2 de octubre de 2024 se supo que estaba en curso una orden de aprehensión contra Morales por el delito de estupro agravado, trata y tráfico de personas porque cuando ejercía la presidencia embarazó a una menor de 15 años (de iniciales CSV P).
Los abogados de Morales presentaron incidentes por el que no se llegó a ejecutar la aprehensión. Gutiérrez salió al paso para informar que no se detuvo a Evo porque sus abogados buscan obstaculizar las pesquisas por las acciones de libertad para evitar el esclarecimiento en esta causa.
Pese a estas acciones, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, reveló que a partir de este caso se recibió más denuncias de manera formal e informal relacionados y no descartó que existan otros presuntos hechos de “violación” cometidos por Evo. “Recibimos tres denuncias en el Ministerio de Gobierno, si existen elementos de convicción van tener que existir las sanciones correspondientes”, sentenció.
La abogada penalista, Jéssica Echeverría, observó que la fiscal de Tarija haya dado excusas, porque considera que las actuaciones no estuvieron adecuadas por el conducto regular del proceso por los delitos que se indagan. Lamentó que este tema este siendo marcado por la política.
“Percibo que este caso se contaminó políticamente y que existen injerencias hacia la fiscal de Tarija porque, si realmente, le interesara que Evo respondiera, hace mucho hubieran emitido la orden de aprehensión. Le aseguro que este gobierno lo último que lo frena es una acción de libertad cuando quieren conseguir algo”, opinó la jurista.
La diputada por Comunidad Ciudadana (CC) Luciana Campero, quien estuvo haciendo seguimiento a este caso, consideró que el Gobierno paralizó las investigaciones contra Evo Morales, porque “negociaron la impunidad a oscuras con el levantamiento de bloqueos” que protagonizaron los seguidores del expresidente. De hecho, varios de ellos demandaron que anulen las denuncias.
Por otra parte, sostuvo que la desaparición del periodista Christian Mariscal en Tarija, hace 10 años se produjo porque iniciaba una investigación contra Evo por supuestas relaciones con niñas.
