17 de noviembre de 2024, 15:44 PM
17 de noviembre de 2024, 15:44 PM
El reciente Decreto Supremo que permite a empresas privadas importar y comercializar combustibles ha generado preocupación en algunos sectores. Pedro Quispe, secretario ejecutivo de los choferes asalariados del transporte pesado, expresó su descontentos señalando los efectos adversos que esta medida podría traer para los transportistas y la población en general.
Quispe cuestionó la implementación de esta normativa, argumentando que está orientada a beneficiar exclusivamente a grandes empresas privadas, como las mineras, dejando de lado a los transportistas y ciudadanos comunes.
“El decreto está mal. Solamente va a ser para las empresas privadas, para los ricos, para las mineras especialmente, pero no para el transportista ni para el ciudadano común, que necesitamos la gasolina especial o el diésel”, afirmó.
Además, advirtió sobre la incertidumbre en torno a los costos de importación de combustibles por parte del sector privado.
“Sabemos que a nivel mundial el litro de diésel está cerca de un dólar. En Chile está a 9.40 bolivianos, en Perú a 9, y en Argentina está cerca de 8.80. ¿Con cuánto van a importar los privados? Esto, al final, es un gasolinazo disfrazado: el pobre será más pobre, y el rico, más rico”.
Costos operativos elevados
El líder gremial denunció que el desabastecimiento de diésel persiste, particularmente en Santa Cruz, donde los transportistas han enfrentado hasta 15 días sin acceso regular a este combustible. En este contexto, destacó las dificultades que enfrentan al buscar alternativas en países vecinos.
«Hoy en día, si yo estoy trayendo diésel desde Argentina a 9 bolivianos por litro, con mis gastos de operación me sale a 10 bolivianos. Entonces, ¿a cuánto lo venderán aquí? ¿A 11? Esto no beneficia a nadie,» explicó.
Quispe también planteó dudas sobre el futuro de la subvención estatal a los combustibles, una medida clave para estabilizar los precios en el país.
«Habrá que preguntar si la subvención va a seguir nomás para el transporte público, el sindicalizado, el federado, las cooperativas y el transporte internacional. ¿Qué pasará con nosotros?» cuestionó.
El dirigente finalizó señalando que este tipo de políticas podrían generar tensiones sociales y afectar la economía de los sectores más vulnerables.
«Estos decretos nos van a traer problemas serios. Están mal diseñados y no toman en cuenta la realidad de los transportistas ni de la mayoría de los bolivianos,» concluyó.
El sector exige al Gobierno medidas inclusivas y sostenibles para enfrentar la crisis de abastecimiento y los costos de los combustibles.
