25 de noviembre de 2024, 4:00 AM
25 de noviembre de 2024, 4:00 AM
Desde el inicio de la gestión 2024-2025 a principios de noviembre, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) con la venia del Gobierno, mediante fallos y sentencias aprieta las clavijas y controla las tareas de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y de los senadores y diputados de la Asamblea Legislativa en al menos cuatro hechos, bajo la amenaza de que si no cumplen sus órdenes, serán sujetos a procesos penales.
Entre esos hechos están la sentencia constitucional 0770/2024 que ordena al TSE realizar elecciones judiciales parciales; el auto constitucional 0254/2024 que anula la sesión legislativa del 6 de junio de 2024 convocada por Andrónico Rodríguez y el auto 041/2024 que declara “nulos de pleno derecho todos los actos legislativos efectuados” por Rodríguez en dicha sesión.
A este hecho se suma el pedido que hizo el Gobierno del presidente Luis Arce a los magistrados del TCP de revisar los actuados de Rodríguez, que en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa, promulgó las leyes 075 de cese de los magistrados prorrogados y 079 que aprueba el crédito para construir una carretera. El Gobierno habla de la presunta comisión de al menos tres delitos.
Además, está la tutela concedida en parte por la Sala Constitucional primera de La Paz, al Amparo Constitucional que presentó la directiva camaral de Diputados contra nueve asambleístas evistas para que los dejen sesionar sin agresiones; y la más reciente acción que se conoció es la orden de la Sala Constitucional primera de La Paz a los vocales del TSE, a quienes les da un plazo de tres días hábiles para que informen sobre el cumplimiento de la Sentencia 0776/2024 que reconoce como legal el congreso arcista de El Alto donde se eligió a Grover García como presidente del MAS.
Las sentencias y fallos de los magistrados del Tribunal Constitucional reciben el respaldo incondicional del Gobierno del presidente Luis Arce y del bloque arcista en la Asamblea, es decir, del oficialismo, que sale a defender cada sentencia o autoconstitucional citando el artículo 203 de la Constitución Política del Estado para decir que las decisiones y sentencias del TCP son vinculantes y de cumplimiento obligatorio, y advirtiendo, en cada situación que su incumplimiento tiene sanciones penales.
Judiciales mutiladas
Ante la sentencia 0770/2024 que ordena al TSE realizar elecciones judiciales el 15 de diciembre, destacan cuatro hitos que se dieron tras la orden de los magistrados. De no cumplirse, los vocales fueron advertidos con procesos penales por la vía ordinaria, ya que ellos no cuentan con caso de corte como las otras altas autoridades de los demás órganos.
El TSE pidió el respaldo del Legislativo, Ejecutivo y partidos políticos para que no se mutile este proceso. El 11 de noviembre autoridades de los tres poderes y líderes políticos firmaron un documento que rechazaba la orden del TCP. Horas después, el Gobierno de Arce y el presidente de Diputados, Omar Yujra, borraron con el codo lo que firmaron con la mano y quitaron su respaldo al TSE y se alinearon a las disposiciones del TCP.
Asimismo, el TSE mandó un proyecto de ley al Legislativo para blindar las judiciales, la norma fue aprobada en el Senado y en Diputados fue desahuciada por el arcismo, diciendo que ninguna ley está por encima de una sentencia constitucional.
Por último, el TCP rechazó el recurso del TSE de “avocación unificación de doctrina”, mediante el cual los vocales pedían a los magistrados que se reconsidere la sentencia 0770 que dispone unas judiciales parciales porque dicho fallo lesiona los derechos políticos y transgrede las normas bolivianas. Los magistrados ratificaron que las judiciales serán de forma parcial el 15 de diciembre.
No obstante, la norma 1549, “Ley transitoria para las elecciones judiciales 2024”, no refiere en ninguno de sus 42 artículos, cinco disposiciones adicionales y su disposición final, la realización de elecciones judiciales parciales.
El vicepresidente del TSE, Francisco Vargas, lamentó la postura del Gobierno y del Legislativo. “No podemos seguir esperando que Diputados apruebe la ley (que blinde las judiciales). Tampoco ha existido un pronunciamiento de la Asamblea Legislativa, y más bien han salido autoridades del Órgano Ejecutivo que entre líneas han hablado de procesos penales y responsabilidad para los vocales electorales”.
Vargas acotó que es la primera vez que en pleno cumplimiento de las actividades del calendario electoral, se emitan sentencias que suspendan parcialmente una elección nacional.
“Nunca antes había visto que en pleno calendario electoral haya decisiones que interfieran en las actividades propias que lleva adelante el Órgano Electoral y puedan poner en riesgo cada una de las actividades”, afirmó Vargas a EL DEBER.
La sentencia del TCP también atenta el derecho constitucional de la ciudadanía de elegir y ser elegidos (artículo 26 de la CPE).
Mientras, el arcismo está satisfecho con unas judiciales parciales, Comunidad Ciudadana protesta contra los vocales y les acusa de que “se arrodillaron ante los magistrados autoprorrogados”, y dice que el TSE busca echarles toda la responsabilidad en este tema.
A pesar de que la sentencia 0770 declara desierta la convocatoria para el TCP en cinco departamentos y dos departamentos para el TSJ, el Legislativo que es la instancia responsable de esta tarea, mira hacia otro lado y no da luces de cómo y cuándo tratará el tema.
Procesos contra Andrónico
El segundo hecho que levanta las alarmas, sobre todo de los evistas, son los anuncios del Gobierno de Luis Arce, de procesar penalmente al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, quien el 22 de noviembre en su calidad de presidente en ejercicio de la Asamblea Legislativa promulgó la Ley 075 que cesa de sus cargos a los magistrados del Órgano Judicial y del TCP que se prorrogaron por casi un año.
El ministro de Justicia, César Siles que calificó como “ilegal e inconstitucional” la promulgación de Rodríguez, habló de la presunta comisión de al menos tres delitos por los cuales el legislador puede ser procesado penalmente.
En ese marco, Siles anunció que mediante el Ministerio de la Presidencia ya se pidió formalmente al TCP que se pronuncie sobre el “incumplimiento flagrante” de dos autos constitucionales que anulaban la sesión legislativa del 6 de junio pasado, que convocó Rodríguez y todas las decisiones que se asumieron en dicha sesión.
Varias voces del Ejecutivo salieron a rechazar la promulgación de las normas e hicieron énfasis en que Rodríguez habría cometido delitos por los cuales debe ser procesado. Desde el Parlamento, evistas y la oposición apoyan a Rodríguez y alertan de un plan contra el legislador.
“El Órgano Ejecutivo está buscando apresar a cualquiera. El presidente Andrónico es el tercer hombre del país y se le tiene que respetar. No pueden alegremente manifestar improperios jurídicos”, decía el senador Félix Ajpi.
En cambio, Yujra desde Diputados decía que Rodríguez se equivocó. “Hermano Andrónico, yo te pido de que no te equivoques al querer promulgar una ley que es inconstitucional”.
Sesiones entre amparos
En las primeras semanas de la legislatura, la nueva directiva de la Cámara de Diputados, presidida por Omar Yujra, demostró que no tiene capacidad de concertar acuerdos políticos para lograr su legitimidad, y se abocó a dirigir esta instancia con el respaldo de amparos constitucionales.
No obstante, su estrategia no dio resultados porque en su primera sesión, los legisladores evistas que desconocen la directiva, protagonizaron un espectáculo similar a una pelea entre pandillas callejeras, comportamientos que ya no sorprenden y que se extienden a los pasillos del Legislativo donde evistas y arcistas del MAS, apoyados por sus funcionarios, se escupen odio mutuo, verbal y físicamente.
Mientras Yujra y su directiva aseguran que la Sala Constitucional primera de La Paz, les concedió la tutela al Amparo contra nueve asambleístas evistas catalogados como los agresores, éstos aseguran lo contrario y anuncian otras acciones penales contra sus contrarios, en especial Yujra a quien no bajan de “autonombrado y trucho”.
El diputado Delfor Burgos, que es el primer secretario de la directiva camaral anunció que el amparo constitucional contra nueve evistas: Santos Mamani, Héctor Arce, Gualberto Arispe, Renán Cabezas, Gladys Chumacero, Gladys Quispe, María Alanoca, Alesandra Zenteno y Cristina Choque, se ampliará al menos a 13 diputados agresores del MAS identificados y a quienes “hay que sentar la mano”.
“Si tenemos que llegar a instancias judiciales, lo vamos a hacer, eso hemos definido, porque tenemos que frenar sí o sí los actos vandálicos que cometen”, decía Burgos.
Otra conminatoria al TSE
A pedido de los arcistas del MAS, la Sala Constitucional primera de La Paz conminó a TSE para que en un plazo de tres días hábiles informe sobre el cumplimiento de la sentencia constitucional 0776/2024, que otorga la sigla del MAS a los renovadores.
“Traslado a las autoridades accionadas Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, a fin de que informen sobre el cumplimiento de la SCP 776/2024-S4 de 14 de noviembre, sea en el plazo de tres días a partir de su notificación”, se lee en la parte final del documento que firma el vocal Alexis Angles.
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, observó la sentencia del TCP que se atribuye una facultad exclusiva de los vocales.
“El Tribunal Constitucional, por primera vez en la historia de Bolivia estaría reconociendo una directiva cuando esa competencia es exclusiva por mandato legal del Órgano Electoral”, observó Tahuichi.
Punto de vista
José Luis Bedregal| Analista
Hemos pasado a un escenario al margen de la legalidad y al margen de la constitucionalidad y los principales operadores de esta ruptura del orden constitucional son los magistrados que ilegalmente están usurpando los cargos en el Tribunal Constitucional con el respaldo político del Movimiento Al Socialismo, sobre todo del Ejecutivo.
El TCP se ha convertido en una instancia que está por encima de los asambleístas, está por encima de la Cámara de Diputados, los han desconocido a pesar de que han aprobado una ley con el voto de la mayoría de los parlamentarios, pero el TCP se sobrepone de manera ilegal y desde su prórroga ilegal, ha comenzado a legislar y a asumir el rol de legislador que la Constitución no le da.
Lo mismo ocurre ahora con el Tribunal Supremo Electoral. El TCP define cuándo y dónde se hacen las elecciones, dónde no se hacen las elecciones, quiénes son los candidatos.
Lo mismo pasa al interior de los partidos políticos. Ahora resulta que el TCP define quién es la directiva, qué congreso vale, sin tener esas atribuciones, porque su única atribución según la Constitución Política es interpretar la Constitución cuando existen vacíos y hacer cumplir la Constitución. En estos casos no hay vacíos.
De manera forzada el Tribunal Constitucional se entromete en las tareas y las atribuciones legislativas. No es su función aprobar leyes o pronunciarse sobre las directivas o decir cuál es la directiva de una determinada cámara. Así como no es atribución del TCP determinar si son o no zona válidos un congreso partidario o su directiva.
En conclusión, este ilegal Tribunal Constitucional ha asumido una autoridad por encima de los órganos del Estado. Ha roto el orden constitucional, destruye la institucionalidad y está generando un escenario muy peligroso.
