27 de noviembre de 2024, 18:29 PM
27 de noviembre de 2024, 18:29 PM
Cerca de 250 mil beneficiarios que perciben una renta de vejez o beneficio con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) dejarán de recibir la Renta Universal de Vejez (Renta Dignidad), lo que generaría un “ahorro” para el Estado de más de Bs 960 millones anuales.
El cálculo corresponde al economista Rubén Arias y al especialista en Seguridad Social de Largo Plazo, Federico Zelada, quienes -por separado- indicaron que, a pesar que el ahorro no es significativo para el Estado, es sumamente importante para los beneficiarios, porque amortigua las bajas rentas mensuales que perciben.
En base al último Boletín Informativo Semestral de la Gestora Pública, Arias computó que, de 1.195.606 beneficiarios totales, se quitará la Renta Dignidad a 246.659 ciudadanos que reciben el beneficio. “Esto va a significar que estos ciudadanos, que reciben 3.900 bolivianos al año, dejarán de recibir ese monto. Y el dinero que se dejará de entregar, en total sería 962 millones de bolivianos que pretende ahorrarse el TGN”, explicó.
Por su parte, Zelada, investigador de la ONG Flora Tristán, indicó que de acuerdo a los datos de la Gestora Pública, se tendría un monto de Bs 862,26 millones de bolivianos que el Estado se «ahorraría» y existirían 221.092 beneficiarios rentistas que dejarían de percibir este beneficio.
“Desde el punto de vista económico, la medida propuesta podría tener consecuencias negativas para la equidad y la inclusión social. El cambio representa un recorte para un sector ya vulnerable: aquellos jubilados cuyos pagos provienen del TGN (…). Muchas personas que ya reciben una pensión, aunque modesta, dependen de esta ayuda para cubrir sus necesidades básicas, por lo que sentirse excluidos puede tener un impacto emocional y económico significativo”, señaló Arias.
“Se estaría aislando a los sectores que no tienen renta, que son independientes, sectores campesinos que, claro es un grupo grande, pero estarían discriminando y quitando derechos a los otros, porque es un beneficio universal y no contributivo, tiene ese doble carácter y que está planteado en la Constitución (Política del Estado) y de eso se van a agarrar los trabajadores perjudicados”, indicó Zelada.
Al mismo tiempo, advirtió que los sectores perjudicados se verán enfrentados con el Gobierno, “porque el déficit fiscal tiene otros componentes y no se le puede cargar la crisis a un sector vulnerable que ya cumplió su ciclo laboral”.
En el Proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que el Ejecutivo envió al Legislativo -y que debe promulgarse hasta el 31 de diciembre-, en una de sus disposiciones adicionales dispone que la Renta Dignidad se dejará de pagar a todas aquellas personas que hoy tienen una renta de vejez o beneficio con recursos del TGN o que sean accionistas de alguna empresa. Esto incluye a quienes, por ejemplo, se benefician de los gastos funerales de su esposo o esposa fallecidos.
Por su parte, David Villarreal, especialista en Seguridad Social explicó que, con el cambio sobre el alcance de este beneficio, se puede apreciar dos motivos muy preocupantes. “Primero, que las fuentes de financiamiento de la Renta Dignidad son insuficientes para garantizar la sostenibilidad del pago a todas las personas mayores de 60 años, bajo las condiciones actuales, lo cual demuestra que en un futuro próximo la situación ya no sea sostenible, dada la situación económica que estamos viviendo en el país”.
En segundo lugar, Villarreal subrayó que, “para nadie es desconocido que la mayoría de las pensiones de jubilación son muy bajas, por lo que actualmente representa una ayuda el recibir la Renta Dignidad. Sin embargo, de aprobarse la modificación sugerida por el Gobierno, la situación de los jubilados se complica mucho más, sin tomar en cuenta la pérdida del poder adquisitivo producto de la crisis económica que cada día se agrava más”, agregó.
Gobierno: es “racionalización”
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, explicó, en conferencia de prensa, que el PGE 2025 contempla una “racionalización” de la Renta Dignidad, para que se excluya de este pago de Bs 300 mensuales a los adultos mayores que aún cuentan con un trabajo activo, o estén en una situación que les dé ventajas económicas.
“Las exclusiones son para aquellos jubilados que están trabajando, entonces queda claro que hay necesidades y prioridades para algunos beneficiarios que realmente lo necesitan”, indicó el titular de la cartera de Economía.
En referencia a los jubilados que están en una situación que les da ventajas económicas, Montenegro dijo que estas personas se jubilaron con rentas cercanas al 100%, “entonces (es un ingreso) aparte de su último sueldo y además reciben la Renta Dignidad”, manifestó.
Sin tratamiento en la ALP
La diputada Luisa Nayar (CC) manifestó que la eliminación de la universalidad de la renta dignidad es un grave atentado contra los jubilados y es una de las afrentas del Proyecto del PGE 2025, por lo que no se aceptará una redistribución presupuestaria que involucre los resultados de “un censo fraudulento y manipulado”.
Indicó que probablemente el proyecto de ley sea tratado en la Asamblea, el transcurso de los próximos días. “El Movimiento al Socialismo (MAS) ha priorizado su pugna política, recién han logrado conformarse las comisiones la semana pasada y están habilitados 114 diputados suplentes, motivo por el cual no han habido las sesiones de comisión respectivas”, detalló Nayar.
Para saber
La Ley de la Renta Universal de Vejez – Renta Dignidad (Ley N.° 3791), fue promulgada el 28 de noviembre de 2007, por el entonces presidente, Evo Morales.
De acuerdo con el último Boletín Informativo Semestral de la Gestora Pública, al 30 de junio de 2024 el (SIP) tenía un total de 2.701.740 asegurados. Esta cifra representa un aumento del 1,67 % en comparación con los que el SIP cerró el año 2023, lo que significa que durante el primer semestre de 2024 se incorporaron 44.283 personas.
Durante el primer semestre de la gestión 2024, un total de 1.195.606 personas en el país se beneficiaron con el pago de la Renta Dignidad. De estas, 948.947 (79,37 %) son No Rentistas y No Pensionados y 246.659 (20,63 %) son Rentistas y Pensionados.
• No Rentistas y No Pensionados: son personas de 60 años o más que no perciben renta o pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo ni ninguna remuneración contemplada en el Presupuesto General del Estado (PGE). Este grupo tiene derecho a recibir Bs 350 mensuales y un pago adicional por aguinaldo, sumando 13 pagos al año.
• Rentistas y Pensionados: Son personas de 60 años o más que reciben renta o pensión de la Seguridad Social de Largo Plazo o rentas de viudas de beneméritos y de personajes notables, y no tienen remuneración del PGE. Este grupo tiene derecho a recibir Bs 300 mensuales y un pago adicional por aguinaldo, sumando 13 pagos al año.
• Las personas que tienen remuneración del PGE (Grupo 10000 de Servicios Personales del Clasificador) no son elegibles para este beneficio mientras mantengan su relación laboral.
