22 de diciembre de 2024, 4:00 AM
22 de diciembre de 2024, 4:00 AM
Los legisladores se fueron de receso, hasta el 1 de enero de 2025, sin aprobar el Presupuesto General del Estado (PGE), por lo que es inminente que el Ejecutivo lo ponga en vigencia a partir del primer día del año. El Presupuesto Consolidado es de Bs 296.566 millones (1,14% más que en 2024), de los cuales 39.194 millones están distribuidos entre las entidades territoriales autónomas (ETAs), es decir, gobiernos departamentales, municipales, autónomos originario campesino, universidades y un gobierno autónomo regional.
Los gobiernos subnacionales, alcaldías y gobernaciones, han observado que los ingresos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) disminuyeron y los recursos de coparticipación aumentaron, pero consideran que es un “maquillaje” ante el incremento de la crisis económica.
Ingresos
Desde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) indicaron a EL DEBER que uno de los principales ingresos para los gobiernos subnacionales, el IDH, ha disminuido en los últimos años y para el próximo sufrirá una reducción de 15,4%, “debido a la falta de inversiones en exploración de hidrocarburos para la reposición de las reservas de hidrocarburos”.
La segunda fuente más importante de ingresos, la coparticipación tributaria (impuestos) se han incrementado en 17,8% respecto al presupuesto del 2024, “lo cual demuestra el esfuerzo del Gobierno Nacional en cuanto a recaudaciones y de esta manera aplacar la disminución de recursos en otros sectores”, destacó el MEFP.
La entidad resaltó que la recaudación a través de los Impuestos Nacionales posee una mayor participación con una variación positiva en 7,6% respecto la gestión 2024, le sigue la recaudación de Impuestos Municipales con un incremento en 12% y finalmente los impuestos departamentales con 4,7%.
Miguel Antonio Sorich, secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, manifestó que “nos preocupa el optimismo de los supuestos sobre los que se asienta el PGE 2025, pues considera una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3,51%, cuando hay serios indicios de que no se alcanzarán estos niveles (…). También supone una tasa de inflación del 7,5%; mientras que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), a octubre de 2024 se establece una variación acumulada alcanzó los 8,82% (…)”.
Según Sorich, también es preocupante el déficit fiscal de 11 años consecutivos y que para 2025 está previsto de -9,2%. También el volumen del gasto corriente (58,8%) es alarmante, pero uno de los mayores riesgos es que los ingresos tributarios y aduaneros crecen un 7,6%, %; “lo que supone una mayor presión tributaria sobre las empresas y los ciudadanos, en tiempos de crisis; lo que podría agudizar la informalidad y el descontento social”.
El secretario sostuvo que se obtuvo Bs 840 millones de recursos que han sido administrados por el ejecutivo durante la gestión 2024, sin embargo, el PGE 2025 este importe conlleva una reducción de Bs 63 millones. “Esta reducción afecta principalmente la capacidad de la gobernación para ejecutar los programas, proyectos de inversión y fuentes de empleo dentro de la institución que dinamizan la demanda y producción regional, clave en un departamento que es el motor económico del país”, señaló.
Por su parte, Sandra Flores, directora de Finanzas de la Gobernación de Cochabamba, resaltó que la participación de las gobernaciones se reduce al 2,5%, en el PGE 2025, para atender 36 competencias exclusivas, 7 compartidas, 16 concurrentes y muchas otras responsabilidades que se asignan con la Ley Financial y normas específicas, atentando con la sostenibilidad económica de la Gobernación.
“Los techos que nos proporciona el nivel central no son reales, ya que las transferencias no se efectivizan ocasionando serios problemas de liquidez al momento de cumplir las metas programadas en el POA y su consecuente efecto en la sociedad. Este año, con datos a noviembre, existe un déficit de Bs 82 millones respecto al techo programado en las fuentes de regalías petroleras, IDH, IEHD y el Fondo de Compensación Departamental, generando una crisis financiera”, apuntó Flores.
La ejecutiva acotó que existen muchas responsabilidades del nivel central que son asumidas como gasto obligatorio por el GADC, siendo los mayores los relacionados al sector salud. “Pese a que la Ley Marco de Autonomías señala de forma expresa que es responsabilidad del nivel central definir la política salarial, gestionar los recursos y financiar los salarios y beneficios del personal dependiente del Sistema Único de Salud, se nos obliga a cubrir el costo de personal en salud (Bs 26,9 millones), el bono de vacunación (Bs 7,1 millones), pero el requerimiento por este concepto se aproxima a los Bs 15 millones y refrigerio del personal de salud (Bs3,4 millones)”, detalló.
Salud, grandes dificultades
Desde la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra, precisaron que para 2025 hay una reducción de Bs 37.159.561 de recursos del IDH y un incremento de recursos de Coparticipación Tributaria, de acuerdo a los datos del Censo 2024. Sin embargo, la sumatoria no alcanza y se tendrán dificultades financieras en el Servicio Universal de Salud (SUS) por los pocos recursos asignados en la fuente de financiamiento.
“Esto repercute en que no se garantizaría la atención en salud en los diferentes hospitales y redes de salud, ya que no se contará con suficiente medicamentos, insumos, reactivos y equipamientos médicos. Con los recursos asignados por Coparticipación Tributaria a través del Gobierno Central los mismo también son destinados a cubrir gastos en contratación de Personal Eventual y de Ítem salud de los diferentes establecimiento de salud de 1er. Y 2do. Nivel lo que permite garantizar el funcionamiento ininterrumpido durante la gestión”, informaron desde el Gamsc.
En tanto, Juan José Ayaviri, director de Prensa e Imagen Corporativa del Gobierno Municipal de Cochabamba, subrayó que el sector más afectado pr la contracción económica será el de Salud, en segundo lugar Educación, luego Medio Ambiente y Gestión de Residuos y Seguridad Ciudadana.
“El Gobierno central ha deslindado estas competencias con una asignación de recursos insuficiente o nula. Según datos de diversos informes, en promedio, el financiamiento para estas áreas representa menos del 40% del costo real de ejecución, dejando a las alcaldías cubrir el déficit con recursos propios”, manifestó.
Al mismo tiempo, lamentó que esta situación ha forzado a los gobiernos municipales a desviar recursos de áreas estratégicas como infraestructura urbana y desarrollo económico, para cubrir competencias que deberían estar respaldadas por el nivel central. “Esto no solo afecta la capacidad de respuesta de las alcaldías, sino que genera un desbalance fiscal que impacta en la calidad de vida de los ciudadanos.
El Gobierno gasta el 84% de los presupuestos
Para el economista Fernando Romero, la gran afectación para los gobiernos subnacionales es que el 84% del PGE 2025 será administrado y gastado por el gobierno central, dejando una limitada cintura financiera al resto de entidades públicas subnacionales, es decir gobiernos departamentales (3%), gobiernos municipales (5%) y universidades (2%), que paulatinamente se están convirtiendo en entidades de funcionamiento y poco de inversión pública.
“Las universidades, a pesar de su autonomía, igual tendrán un 2025 muy complicado en términos financieros, ya que todas las entidades subnacionales tendrán menos ingresos por renta petrolera (regalías e IDH), dijo Romero.
Por su parte, el analista de Presupuestos Públicos de la Fundación Jubileo, René Martínez, consideró que el incremento de ingresos por coparticipación tributaria (1,1%) es “nominal”, considerando que la inflación proyectada va a ser de 7,5%. “Cuando aumenta la inflación, las recaudaciones en valor nominal aumentan, porque el comercio aumenta sus precios”, explicó.
